Viola la reforma educativa tratados sobre derechos humanos, advierten abogados

La reforma educativa no sólo es regresiva en la protección de garantías básicas, también viola tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y laborales, que deja en condiciones de vulnerabilidad a los maestros, pues se les niega el derecho de audiencia y a objetar cualquier etapa de su evaluación, afirmaron integrantes del equipo jurídico de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).
Durante la entrega de cientos de solicitudes de amparo, encabezada por el magisterio disidente agrupado en el Comité Ejecutivo Nacional Democrático (CEND) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), señalaron que con las modificaciones a los artículos tercero y 73 constitucionales “se traiciona el principio histórico de protección de garantías básicas y se termina la bilateralidad en la relación laboral de los maestros con su empleador, es decir, el gobierno federal”.
En una carpa instalada frente al Palacio de Justicia de San Lázaro, Humberto Oceguera y Roberto Chávez, abogados de la ANAD, quienes participan en el proceso de denuncia interpuesto por el CEND, que encabeza Artemio Ortiz Hurtado, explicaron que en los hechos, los docentes quedarán en un estado de “excepción laboral. No se les otorgan mecanismos de defensa de sus derechos humanos frente al patrón, pues impera una visión empresarial donde vale más quien más produce”.
Por ello, aseguraron que asiste la razón legal a los quejosos. “No se trata de un capricho ni de oponerse porque no les gusta la reforma educativa. En términos jurídicos es claramente regresiva”.
Atrás, conquistas sobre empleoCon dichos cambios “el Estado legaliza una relación laboral que deja atrás el derecho conquistado de la seguridad en el empleo, lo que viola garantías consagradas en el artículo 123 constitucional. El principio básico de la Carta Magna es que cualquier modificación no puede orientarse más que hacia una progresividad de los derechos consagrados, es decir, no se pueden aprobar cambios regresivos a garantías ya conquistadas”, advirtieron.
A esto se suma –indicaron– que el Consejo de la Judicatura Federal determinó concentrar todas las denuncias contra la reforma en los juzgados tercero, sexto y séptimo de distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en Cholula, Puebla, lo que “es violatorio también del derecho a acceso a la justicia, pues de acuerdo con la reciente reforma a la Ley de Amparo, la autoridad tienen tres días para determinar si procede el recurso de protección, pero si los expedientes deben enviarse desde los estados del país, su simple traslado puede llevar más tiempo que el plazo legal”.
En cuanto a las acciones que realizará el magisterio disidente agrupado en el CEND-SNTE, Ortiz Hurtado destacó que hasta el 15 de abril vence el plazo legal para inconformarse contra la reforma educativa, cuando se entregarán las últimas demandas de los maestros “que estén rezagados”. A partir de esa semana –dijo– “tendremos el número total de profesores que buscaron la no aplicación de estas modificaciones”.
Agregó que desde el próximo lunes, los profesores del CEND se sumarán a las distintas movilizaciones convocadas en las entidades, a fin de fortalecer el llamado para participar en un paro nacional activo pedagógico, con el que se buscará la “no aplicación del modelo educativo neoliberal en las escuelas y la no participación de los docentes en cualquier examen estandarizado”.
SNTE, apoyo a reformaEn tanto, el presidente del SNTE, Juan Díaz de la Torre, continuó con su jornada de reuniones con líderes seccionales del magisterio institucional, ante quienes reiteró su apoyo a una reforma educativa que “concilie la mejora de la calidad de la enseñanza con el respeto a sus condiciones laborales y profesionales”.
En un encuentro realizado en la capital del país con los secretarios de las secciones 8 de Chihuahua, Alejandro Villareal, y 37 de Baja California, José Alberto Martínez, enfatizó que el objetivo de las modificaciones constitucionales es elevar la calidad educativa, tarea en la que deben participar docentes, padres de familia y la sociedad en general.

Laura Poy Solano, La Jornada, 13 de abril.