Valoran negar petición de IP

Senadores del PRI y el PRD valoran la posibilidad de rechazar la petición del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), para que aplique la figura de la suspensión en telecomunicaciones.

El coordinador del tricolor, Emilio Gamboa, rechazó presiones de los empresarios para modificar el Artículo 28 Constitucional, incluido en la reforma en materia de telecomunicaciones, a fin de que puedan acceder al amparo directo ante las resoluciones de la Cofeco.

"No vamos a dejar que nos presione nadie. Vamos a actuar de acuerdo a lo que le conviene a este País, y a este País le convienen, sin duda alguna, cambios para mejorar la distribución de la riqueza en México", aseveró Gamboa en referencia a la intención de la IP.

"¿Aprobarla sería dar marcha atrás a la Ley de Amparo aprobada?", se le preguntó.

"Desde luego", respondió el priista.

Miguel Barbosa, coordinador del PRD, consideró que es un tema sin posibilidad de prosperar, por lo que su bancada no aceptará modificar la minuta en ese sentido.

Aseveró que la Cámara alta cumplió con escuchar las propuestas de los empresarios, pero subrayó que el amparo en asuntos de competencia económica no tiene respaldo.

"Estamos por reformas, por modificaciones para preservar el modelo de la misma y para nosotros esa propuesta, de ser admitida en el Senado, modificaría el modelo.

"Un modelo que tiene que ver con una competencia adecuada entre los interesados para establecer mecanismos de participación y donde la competencia no se sitúe en beneficios que excluyan a la sociedad mexicana en el acceso a tecnologías y a la sociedad de la información", señaló.

Por la tarde, el panista Jorge Luis Preciado sostuvo que la mayoría de los senadores de su bancada se pronunciaron en contra de la propuesta de los empresarios.

Sin embargo, en la noche la bancada del blanquiazul determinó apoyar la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial.

La semana pasada, el CCE publicó un desplegado en el que expresó su preocupación por la reforma al régimen de competencia económica a través de los cambios en la redacción del 28 constitucional.

Los empresarios demandan que se garantice el acceso a la justicia conservando la suspensión en las resoluciones de Cofeco, al señalar que de no hacerlo se genera incertidumbre jurídica y se inhiben las inversiones.

Claudia Guerrero y Mariel Ibarra, Reforma, 17 de abril.