Presos políticos olvidados


CARACAS.— Hugo Chávez prometió antes de morir revisar la situación de los “presos políticos” en Venezuela y hasta llegó a hablar de reconciliación con quienes siempre llamó “políticos presos”, pero su fallecimiento borró el tema del debate público, para desespero de sus familiares.
Ni su heredero político, Nicolás Maduro, ni el candidato opositor Henrique Capriles han tratado el tema durante la campaña política para las elecciones del domingo, donde se elegirá al sucesor del líder socialista.
Luego de ganar en octubre un nuevo mandato que nunca asumió, Chávez se comprometió a dialogar sobre el asunto y nombró una comisión encabezada por Maduro —en ese entonces vicepresidente— para estudiar el caso de 87 exiliados y 22 detenidos, siempre bajo la premisa de que en el país no hay presos políticos. Pero con la reincidencia del cáncer y la muerte del mandatario el 5 de marzo, el plan quedó inconcluso.
“Chávez murió y el tema murió con él”, dijo en diálogo telefónico Nelson Afiuni, hermano de la jueza María Lourdes Afiuni, de 48 años, detenida en diciembre del 2009. Chávez había pedido la pena máxima de 30 años de cárcel para la jueza, luego de que ella otorgó la libertad condicional a un empresario acusado de presunta corrupción cambiaria.
Venezuela, presidida 14 años por Chávez, recibió advertencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por denuncias de incumplimiento de la libertad de prensa, el encarcelamiento y procesamiento de críticos del gobierno y trabas a investigaciones de algunas organizaciones no gubernamentales.
Todas las críticas han sido rechazadas por el Estado petrolero, que asegura que responden a la parcialidad del organismo internacional a favor de Estados Unidos.
Venezuela vive un clima de extrema polarización política entre los seguidores de Chávez y quienes creen que su gobierno arruinó al país.
La campaña electoral ha estado plagada de ácidos ataques personales y cada lado acusa al otro de generar odio entre los venezolanos, un caldo de cultivo para las denuncias de persecuciones políticas. El caso de Afiuni, que guarda prisión domiciliaria por razones humanitarias hace más de un año, es uno de los más emblemáticos. A finales del 2012 denunció que una vez detenida fue golpeada reiteradamente, violada y obligada a abortar.
“La lucha continúa abogando por los presos políticos, pero el gobierno persiste en mantener cerrada la puerta del diálogo, hasta el momento no quiere dialogar”, comentó en Lima a finales de marzo el opositor Antonio Ledezma, uno de los impulsores del perdón para los detenidos.
Las negociaciones incluían casos como el de Pedro Carmona, cabeza visible del breve golpe de Estado contra Chávez en abril del 2002, y el del ex gobernador del estado petrolero del Zulia y ex candidato presidencial opositor Manuel Rosales, exiliados en Colombia y Perú, respectivamente. Otro caso destacado es el del ex comisario Iván Simonovis, que lleva ocho años detenido junto a otros miembros de la policía acusado del asesinato de una veintena de personas durante las refriegas que se dieron durante el golpe contra Chávez.
En campaña, durante una concentración en el interior del país, Capriles, el joven gobernador opositor, hizo un amago al señalar que la justicia venezolana es un privilegio para unos pocos, pero no se refirió concretamente a los presos. A pesar de que el tema de los “presos políticos” salió del debate publico, los familiares de los detenidos se aferran a la posibilidad de que algo cambie en el futuro.
“Con Capriles hay una esperanza, con Maduro no”, sentenció Nelson Afiuni.
Mario Naranjo, El Universal, 13 de abril.

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