Objetan reforma los concesionarios

Concesionarios de radio y televisión cuestionaron ayer la reforma en materia de telecomunicaciones.

Afirmaron que algunos aspectos de la iniciativa pueden generar competencia desleal, saturación de concesiones, así como violaciones a la libertad de expresión y al debido proceso.

Al participar en el foro organizado por comisiones legislativas el Senado que dictaminarán la reforma en telecomunicaciones, Emilio Nassar, representante Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), advirtió que se podría generar una competencia desleal entre la radio comercial y pública, pues ésta última,, además de recibir financiamiento, podría comercializar espacios publicitarios.

Expuso que mientras las concesiones comerciales se obtienen mediante licitación, las públicas y sociales se dan por asignación directa.

Pidió a los legisladores evitar que el espacio radioeléctrico de sature de emisoras.

"Se nos dirá que tenemos miedo a una mayor competencia, pero cierto es que una mayor oferta de emisoras y de espacios publicitarios sólo beneficiará a los anunciantes. La paradoja es que en aras de combatir a los monopolios, se podría destruir a radiodifusión local", aseveró Nassar.

Luis Pardo, presidente de la Asociación de Internacional de Radiodifusión, dijo que algunos aspectos de la minuta van contra la libertad de expresión.

Al referirse al artículo 6 de la reforma -donde se alude a la pluralidad y la oportunidad de la información-, sostuvo que contraviene acuerdos internacionales como la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, suscrita por México.

"No se trata de que estemos en contra de que la radiodifusión sea plural, veraz y oportuna; se trata de que cuando esto se establece como un condicionamiento previo, crea condiciones que pueden producir exactamente el efecto contrario al que se pretende evitar", arguyó.

Fue enfático al advertir que las medidas de revocación de concesiones y otras sanciones aplicadas a los medios de comunicación no tienen apelación y efectos suspensivos, lo cual también contraviene tratados internacionales.

Pardo señaló la inconveniencia de que el mismo organismo que fiscaliza el espectro radioeléctrico en sus aspectos técnicos, pueda revocar concesiones, aplicar sanciones y tenga injerencia en los contenidos.

Control del Estado

Gabriel Székely, director de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), cuestionó que que el Estado mexicano busque hacer lo que se quiere dejar atrás con Pemex, pues el Estado controlará el insumo básico de la industria de radio y televisión.

"El espectro es un recurso estratégico para la banda ancha, porque en el mundo la demanda es por la movilidad, por el acceso a la red y a los servicios donde te encuentres y es un recurso sumamente escaso.

"La banda de 700 megahertz es la más importante para los servicios más avanzados de banca ancha. El control por el Estado del total de esta banda es innecesario, aun sí la decisión fuera la de construir la red mayorista del Estado. No hay estudio técnico alguno que sustente que se requiere usar la totalidad de esta banda", resaltó, al referirse a la intención de crear una paraestatal que regule y administre la red troncal.

Eduardo Ruiz Esparza, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), llamó a no demorar la aprobación de la reforma.

"La Canieti exhorta al Senado para que, acorde con la trascendencia del tema, apruebe con prontitud las reformas que propicien un entorno de competencia para el desarrollo del sector de las telecomunicaciones y se beneficie a un México moderno", expresó.

La aprobación de la reforma, agregó, es el primer paso para tener una legislación que impulse al sector, destacó que la ley debe regular el contacto ente el órgano regulador y los actores regulados fomentando un esquema colaborativo.

En su oportunidad, el senador perredista Alejandro Encinas reviró a la CIRT, al señalar que la concentración monopólica de los medios electrónicos que hay en el País es a cauda de la competencia desleal entre del sector privado a la radio pública.

Aseguró que la iniciativa privada concentra 90 por ciento de la audiencia, si se toma en cuenta la cobertura geográfica que alcanza.

El panista Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara alta, expresó su preocupación por la falta de contrapesos en el tema de la autonomía de los órganos reguladores, de una verdadera rendición de cuentas.

Mariel Ibarra y Leslie Gómez, Reforma, 12 de abril.