Tras varios meses de negociaciones, ocho senadores estadounidenses — cuatro republicanos y cuatro demócratas— llevaron finalmente su proyecto de ley de inmigración para que sea votado por el pleno de la cámara alta.
De ser aprobada finalmente la nueva ley abrirá paso a la regularización y la ciudadanía de 11 millones de indocumentados, proceso que se alargaría no menos de diez años, pero no tendrán que regresar a sus respectivos países para iniciar los trámites y no tendrán que vivir bajo la amenaza de la deportación, a no ser que sobre ellos pesen antecedentes penales o hayan entrado después de diciembre de 2011.
El plan más ambicioso. El plan presentado ayer es el más ambicioso presentado en el Congreso de EU en tres décadas, si bien no llega tan lejos como prometió el presidente Barack Obama a sus votantes más interesados, los hispanos.
“Esta legislación supone claramente un compromiso y nadie va a conseguir todo lo que quería, ni siquiera yo”, afirmó Obama, quien aseguró que la propuesta es “consistente” con los principios que ha defendido hasta ahora, como la creación de una vía para que los indocumentados accedan a la ciudadanía estadounidense.
La nueva ley limitaría esta regulación, sin embargo, a aquellos que entraron en el país antes de diciembre de 2011, para evitar así la amenaza de veto de los republicanos, que denunciaban que si se otorgaba ciudadanía a todos los que entraron ilegalmente sería abiertamente una “amnistía”
El senador republicano Marco Rubio, involucrado en las negociaciones, defendió que la nueva ley no constituye tal amnistía, ya que los indocumentados deberán pagar una multa de 500 dólares y los impuestos atrasados —correspondientes al período en el que han vivido en EU—, además de demostrar que carecen de antecedentes penales, antes de comenzar su proceso de regularización.
Regreso de deportados. Una de las novedades del acuerdo bipartito es que los indocumentados que fueron deportados por razones no criminales antes del 31 de diciembre de 2011 podrán solicitar ingreso a EU si son cónyuges o padres de un ciudadano estadounidense o un residente permanente, o si son los llamados “soñadores” que entraron al país cuando eran menores de edad.
Trece años. En total, el trámite duraría un mínimo de trece años. Los aspirantes podrían registrarse como indocumentados y, en un plazo de una década, obtendrían un permiso de residencia y, después de otros tres, la nacionalidad. A lo largo de todo el proceso, los indocumentados recibirían un nuevo estatus, el de “inmigrantes temporales registrados” (RTI, por sus siglas en inglés) y que les permitiría trabajar y viajar fuera del país.
Más frontera. La nueva legislación propone la inversión de 5,500 millones de dólares durante la próxima década para aumentar el control de la inmigración en la frontera con México, que incluiría el uso de aviones no tripulados, más radares y sistemas de vigilancia portátiles de última generación. Además, se desplegarían 3,500 nuevos agentes y se destinaría una partida “inmediata” de 1,500 millones de dólares para expandir la valla que separa a los dos países.
De ser aprobada finalmente la nueva ley abrirá paso a la regularización y la ciudadanía de 11 millones de indocumentados, proceso que se alargaría no menos de diez años, pero no tendrán que regresar a sus respectivos países para iniciar los trámites y no tendrán que vivir bajo la amenaza de la deportación, a no ser que sobre ellos pesen antecedentes penales o hayan entrado después de diciembre de 2011.
El plan más ambicioso. El plan presentado ayer es el más ambicioso presentado en el Congreso de EU en tres décadas, si bien no llega tan lejos como prometió el presidente Barack Obama a sus votantes más interesados, los hispanos.
“Esta legislación supone claramente un compromiso y nadie va a conseguir todo lo que quería, ni siquiera yo”, afirmó Obama, quien aseguró que la propuesta es “consistente” con los principios que ha defendido hasta ahora, como la creación de una vía para que los indocumentados accedan a la ciudadanía estadounidense.
La nueva ley limitaría esta regulación, sin embargo, a aquellos que entraron en el país antes de diciembre de 2011, para evitar así la amenaza de veto de los republicanos, que denunciaban que si se otorgaba ciudadanía a todos los que entraron ilegalmente sería abiertamente una “amnistía”
El senador republicano Marco Rubio, involucrado en las negociaciones, defendió que la nueva ley no constituye tal amnistía, ya que los indocumentados deberán pagar una multa de 500 dólares y los impuestos atrasados —correspondientes al período en el que han vivido en EU—, además de demostrar que carecen de antecedentes penales, antes de comenzar su proceso de regularización.
Regreso de deportados. Una de las novedades del acuerdo bipartito es que los indocumentados que fueron deportados por razones no criminales antes del 31 de diciembre de 2011 podrán solicitar ingreso a EU si son cónyuges o padres de un ciudadano estadounidense o un residente permanente, o si son los llamados “soñadores” que entraron al país cuando eran menores de edad.
Trece años. En total, el trámite duraría un mínimo de trece años. Los aspirantes podrían registrarse como indocumentados y, en un plazo de una década, obtendrían un permiso de residencia y, después de otros tres, la nacionalidad. A lo largo de todo el proceso, los indocumentados recibirían un nuevo estatus, el de “inmigrantes temporales registrados” (RTI, por sus siglas en inglés) y que les permitiría trabajar y viajar fuera del país.
Más frontera. La nueva legislación propone la inversión de 5,500 millones de dólares durante la próxima década para aumentar el control de la inmigración en la frontera con México, que incluiría el uso de aviones no tripulados, más radares y sistemas de vigilancia portátiles de última generación. Además, se desplegarían 3,500 nuevos agentes y se destinaría una partida “inmediata” de 1,500 millones de dólares para expandir la valla que separa a los dos países.
México celebra
El Gobierno de Enrique Peña Nieto saludó ayer la presentación en el Senado de EU de un proyecto de reforma migratoria avalado por el presidente Barack Obama, que visitará México los días 2 y 3 de mayo.
“Es un paso positivo que se formalice una propuesta de reforma migratoria integral con apoyo bipartidista y aportaciones de diversos actores estadounidenses interesados”, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
En un comunicado, México da la bienvenida al “Proyecto de ley para la seguridad fronteriza, oportunidades económicas y modernización migratoria del 2013”, y considera “muy alentador el compromiso en este tema que han expresado Obama y miembros de ambos partidos en el Congreso”.
“Conforme avance el proceso legislativo estadounidense será fundamental que se valoren las aportaciones de los inmigrantes y se asegure el respeto de sus derechos, y que se busque aprovechar plenamente los lazos sociales y las complementariedades económicas en América del Norte”, apuntó.
El Gobierno mexicano señaló que “acompañará puntualmente el debate, dentro de su ámbito de acción, y reforzará los esquemas de comunicación y la difusión de elementos objetivos en la materia”.
“Es un paso positivo que se formalice una propuesta de reforma migratoria integral con apoyo bipartidista y aportaciones de diversos actores estadounidenses interesados”, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
En un comunicado, México da la bienvenida al “Proyecto de ley para la seguridad fronteriza, oportunidades económicas y modernización migratoria del 2013”, y considera “muy alentador el compromiso en este tema que han expresado Obama y miembros de ambos partidos en el Congreso”.
“Conforme avance el proceso legislativo estadounidense será fundamental que se valoren las aportaciones de los inmigrantes y se asegure el respeto de sus derechos, y que se busque aprovechar plenamente los lazos sociales y las complementariedades económicas en América del Norte”, apuntó.
El Gobierno mexicano señaló que “acompañará puntualmente el debate, dentro de su ámbito de acción, y reforzará los esquemas de comunicación y la difusión de elementos objetivos en la materia”.
La Crónica, 18 de abril.
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