Introducen iniciativa migratoria al Senado

WASHINGTON.— En un ambiente de emergencia nacional, tras los atentados terroristas en la ciudad de Boston, el proyecto de reforma migratoria que busca la legalización de más de 11 millones de indocumentados fue introducido al Senado y hoy será presentado por el grupo bipartidista de ocho senadores.

La seguridad fronteriza es un componente esencial de los acuerdos pactados, que contemplan una espera para adquirir la ciudadanía de no menos de 13 años que, además, estarán supeditados a un largo rosario de candados. La fecha de corte para quienes quieran regularizar su situación en EU será el 31 de diciembre del 2011.

Es decir, nadie que haya llegado después podrá beneficiarse de un proceso de legalización que requerirá el pago de una multa de 500 dólares, la revisión de antecedentes criminales —que no aceptará más de tres faltas menores—, que no hayan votado de forma fraudulenta, el pago de impuestos y aprender inglés.

Nada más conocer los términos de la iniciativa, presentada por los senadores Charles Schumer y John McCain, demócrata y republicano, respectivamente el presidente Barack Obama aseguró que el proyecto de ley “representa un compromiso” en el que “no todos, incluyéndome a mí, hemos conseguido lo que nos proponíamos”.

Aún así, el presidente consideró que la iniciativa incluye algunos de los principios que permitirán impulsar una reforma exhaustiva. “Esta iniciativa ofrece una vía a la ciudadanía para los 11 millones de individuos que se encuentran de forma ilegal en el país y modernizará nuestro sistema migratorio”, confió el presidente al término de su encuentro con los senadores.

Según la iniciativa, quienes califiquen para iniciar su proceso de regularización podrán gozar de un estatus migratorio provisional durante 10 años, antes de adquirir la residencia. En ese tiempo, tendrán la posibilidad de trabajar e incluso de viajar al extranjero, pero no podrán ser beneficiarios de prestaciones.

De esta regla quedan excluidos los llamados dreamers, es decir, los hijos de indocumentados que estudien en una universidad o hayan prestado su servicio en las fuerzas armadas y que podrán acceder a la residencia a los 5 años.

La propuesta de ley incluye, además, un nuevo plan de seguridad fronteriza con México que, en una primera etapa, incluirá la inyección de 3 mil millones de dólares en la construcción de nuevos tramos de muro, la contratación de más agentes fronterizos, en la modernización y reforzamiento de la infraestructura y tecnología y en el aumento de vuelos no tripulados o drones para mantener una vigilancia constante.

Este plan, en su primera fase, entraría en vigor 180 días después de la promulgación de la ley y podría alcanzar una inversión de hasta 7 mil millones de dólares en sus fases subsecuentes y como parte de una estrategia de seguridad bautizada bajo el nombre de “Estrategia de Seguridad Exhaustiva para la Frontera Sur”.

Al conocer los términos de la propuesta, dirigentes de organizaciones inmigrantes como Angélica Salas manifestaron su convicción de que la iniciativa contiene elementos positivos como la posibilidad de una vía a la ciudadanía.

Señaló, sin embargo, que en el curso de los próximos días varias organizaciones lucharán para conseguir una reducción de esos 10 años y garantizar medidas de alivio para quienes hayan sido deportados o figuren en listas de remoción.

“Es bueno que tengamos una propuesta de ley sobre la cual podamos opinar. La propuesta tiene elementos que ayudan a nuestra comunidad, que le abren las puertas a la legalidad, que pueden trabajar y viajar. Pero es muy preocupante el tiempo de espera de 10 años”, dijo la representante de la Coalición pro Derechos Humanos del Inmigrante de Los Ángeles (CHIRLA).

Jaime Hernández corresponsal, El Universal, 17 de abril.