SAN FRANCISCO (AP).— El gobierno de Estados Unidos solicitó ayer a una corte federal que suspenda la parte de la ley de inmigración de Arizona (SB1070), promulgada en 2010, que prohíbe “albergar” a los inmigrantes carentes de permiso de residencia en el país.
Un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del 9no Distrito escuchó los argumentos de los abogados sobre esa sección de la ley que castiga a quien traslade, aloje o “albergue” a quienes estén ilegalmente en el país. La disposición del “albergue” comenzó a regir en julio de 2010, pero el año pasado un tribunal inferior prohibió su aplicación.
La gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, pidió al 9no Distrito que anule el fallo del tribunal inferior. Los abogados de la gobernadora Brewer dicen que la ley se aplica únicamente cuando las personas que violan otras leyes penales incurren también en asistir o transportar por el país a inmigrantes irregulares. El abogado Mark Stern, del Departamento de Justicia federal, alegó que es el gobierno nacional el que debe aplicar las leyes de inmigración.
En tanto, familiares de inmigrantes y activistas exigieron ayer al senador demócrata Charles Schumer, uno de los principales negociadores de la reforma migratoria que se elabora en el Congreso, más esfuerzos en favor de la reunificación familiar y menos en seguridad fronteriza.
“Schumer se alía con los republicanos y habla de un proceso difícil para lograr la ciudadanía. Nuestro trabajo es dar voz a los latinos que votaron el año pasado”, dijo el mexicano César Vargas, líder de la “Dream Action Coalition”, en una protesta de una treintena de personas frente a las oficinas del senador en Manhattan. Allí, Presente.org, la Dream Action Coalition y Families for Freedom acusaron al senador de haber votado en el pasado a favor de una legislación que destinaba enormes cantidades de dinero a reforzar la seguridad fronteriza y de recibir miles de dólares en donaciones por parte de grupos de cabildeo que representan a empresas que manejan prisiones privadas de inmigrantes.
Max Young, vocero del legislador, negó las acusaciones y dijo que Schumer trabaja con la comunidad hispana para “aprobar un proyecto de ley migratoria que acelera la reunificación familiar y que marca un camino a la ciudadanía” para los indocumentados.
En Illinois, en tanto, un informe de la Oficina de los Nuevos Estadounidenses reveló que más de 11 mil personas recurrieron a los servicios del organismo, incluyendo asistencia en traducción, adiestramiento laboral y asesoría jurídica.
El diario estadounidense The New York Times pidió en un editorial al gobierno que revise las políticas de confinamiento solitario para indocumentados y asegurarse de que las prácticas de detención a inmigrantes estén en línea con los valores estadounidenses.
El Universal, 3 de abril.
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