Colectivos armados, peligro latente


CARACAS.— A unos 15 minutos del palacio presidencial de Miraflores está el barrio 23 de Enero, en el oeste de Caracas. Una calle sube aún más en el cerro, pero pocos se animan a cruzar. Por encima, un arco anuncia: “Bienvenido Colectivo La Piedrita”.
Se trata de una especie de frontera que marca el ingreso a una zona gobernada por uno de los colectivos armados más famosos de Venezuela. “Debo haber pasado hacia allá dos veces en mi vida”, dice Felix, un taxista que hace 50 años que vive en 23 de Enero, pero no se anima a cruzar del otro lado.
“Los colectivos son grupos paramilitares de izquierda con el aval del gobierno, que no hace nada ante ellos”, dijo el director del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), Roberto Briceño León. “Durante años el gobierno se ha dedicado a dar armas a grupos proclives, ahí entran los colectivos. Los policías no pueden ingresar al 23 de Enero. Mientras, salen fotos con niños de 8 años con AK-47 al lado de un diputado”, señaló, en referencia a unas imágenes que generaron polémicas en los medios hace poco más de un año.
Briceño León define a los colectivos urbanos como “brigadas de choque que en momentos puede utilizar el gobierno” y se alarma por el riesgo que representan. “Cuando tienes un arma y una moto y te parece insuficiente lo que te dan de dinero decides que tienes que hacer un dinero extra y se pasa al delito común”.
En las calles del 23 de Enero hay pintadas en favor del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y otras de La Piedrita. Sobresale un enorme grafiti de Jesús sosteniendo en sus manos la Constitución y a su lado la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, con un rifle.
En el 23 de Enero hay 57 edificios con 150 departamentos que fueron construidos en la época del gobierno militar de Marcos Pérez Jiménez (1953-1958). Alrededor hay tres docenas de edificios más pequeños y el resto son casas que invadieron la zona en los últimos 50 años, trepando los cerros y eliminando lo que fueron espacios verdes.
Cuando cayó la dictadura, se decía que en esta zona se alojaban los comunistas y los sectores de izquierda. Ahora, allí no entra la policía nacional porque no tiene jurisdicción y todo es controlado por los colectivos. La ONG Poder Ciudadano realizó una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos en torno a cinco colectivos armados (La Piedrita, Montaraz, Simón Bolivar, Los Tupamaros, Alexis Vive) que han exhibido públicamente sus armas de guerra sin ser sancionados.
Rocío San Miguel, directora de la ONG, cuestiona de dónde sacan sus armas y señala que no hay registro de todas las armas que produce el Estado. “Hay faltantes y podrían estar alimentando el circuito de armas ilegales para grupos armados al margen de la ley”, señaló.
El sociólogo Luis Cedeño, director de la ONG Paz Activa, dijo que los colectivos armados “ejercen un control paramilitar ante la ausencia policial, ejercen una autoridad y se nutren de puntos de peaje cobrando dinero. Controlan a los grupos delincuenciales, probablemente controlan el microtráfico de drogas de la zona y evitan que hayan mayores conflictividades”.
Añadió que “una tarea que tiene el gobierno que asuma es eliminar estos grupos porque se trata de un tema de seguridad nacional. Estos colectivos tienen sus líderes que pueden o no responder a un liderazgo político. Se ha visto que hay vínculos de esos líderes y algunos líderes de la revolución”.
Para Cedeño, el riesgo de los colectivos pasa porque son personas que “atentan contra la seguridad nacionalidad teniendo armas de guerra. Pueden o no estar controlados por el gobierno pero están fuera de la ley, eso está claro”. El analista político John Magdaleno cree que en el chavismo “hay conciencia” de la peligrosidad de los colectivos armados. “Tienen su actuación a la libre sin ninguna capacidad de control por parte de las autoridades. No siempre está muy claro que hay capacidad de control absoluto sobre estos grupos”, dijo.
Ignacio Pereyra, El Universal, 12 de abril.

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