Avala Cámara, sin cambios, Ley de Víctimas

Sin cambios ni votos en contra y con sólo tres abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer la Ley General de Víctimas.

La legislación, impulsada por organizaciones sociales, tiene como punto central las obligaciones que tendrá el Estado para atender y reparar el daño a las víctimas de violencia.

Con 445 votos del PRI, PAN, PRD, PVEM, PT, Movimiento Ciudadano (MC) y Nueva Alianza, el pleno de San Lázaro aprobó la ley que había recibido del Senado de la República.

Las tres abstenciones corrieron a cargo de Ricardo Monreal, el coordinador de MC, y de los petistas Manuel Huerta Ladrón de Guevara y Jaime Bonilla.

El nuevo ordenamiento define los conceptos de víctimas en potencia, directa e indirecta, amén de que establece que sólo con sentencia firme se podrá acceder al Sistema Nacional de Víctimas.

La ley obliga a los estados y municipios a ofrecer asesoría jurídica a las víctimas.

El presidente de la Comisión de Justicia, el diputado Fidel Pacheco Rodríguez, resaltó los avances de la ley y explicó que se considera como víctima a quien haya sufrido un daño físico-moral, físico o mental, de forma directa o de manera indirecta, junto con lesiones corporales, la pérdida de la vida o de ingresos y los costos que represente para la víctima.

Se incorpora también la figura de "hecho victimizante", para englobar los actos y omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima.

Estos pueden estar tipificados como delito o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales.

Por el PRI, la diputada María del Rocío Corona se congratuló de que la ley brinde asesoría y representación jurídica a víctimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos, amén de que "busca dar protección y medidas cautelares de seguridad en caso de que se atente contra la vida".

La perredista Margarita Tapia resaltó el hecho de que la ley haya prosperado gracias al diálogo que hubo entre la sociedad y los poderes públicos a favor de un marco legal que respete los derechos humanos.

"Se hace posible la restitución de derechos y se logra la intervención del Estado a fin de evitar que las personas sean vulneradas", apuntó.

Por el PAN, Karina Labastida celebró la existencia ahora de un marco jurídico integral orientado "a complementar la protección de las víctimas del delito", resumió.




Legislación reformada

Impulsada por organismos civiles, la nueva normatividad establece:

· Obligaciones del Estado para atender y reparar el daño a las víctimas de violencia.

· La creación de un Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

· La ley obliga a los estados y municipios a ofrecerles asesoría jurídica.

Mayolo López y Claudia Salazar, Reforma, 17 de abril.