Aprueban diputados que PGR atraiga delitos contra periodistas

La Cámara de Diputados aprobó ayer con 451 votos a favor, cero en contra y una abstención, el dictamen de la minuta que del Senado para que la PGR pueda atraer delitos del fuero común cometidos contra periodistas y medios de comunicación con la intención de afectar, limitar o menoscabar el derecho a la información o las libertades de expresión y de imprenta.

Dicha reforma establece aumentar hasta en 50 por ciento las penalidades para un delito, cuando éste se cometa contra periodistas y comunicadores en ejercicio de su profesión.

De acuerdo al texto avalado, el Ministerio Público Federal podrá atraer las investigaciones de aquellos delitos y los jueces federales, señala, tendrán la responsabilidad de juzgarlos en los casos previstos en el documento.

Son nueve los considerandos que permitirán a la PGR atraer las investigaciones de los delitos cuando se presuma intención dolosa y cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias.

Entre estas, destacan; cuando haya indicios de que en el hecho constitutivo de delito hubiere participado algún servidor público de los órdenes estatal o municipal, y cuando en la denuncia o querella la víctima o el ofendido hubiere señalado como presunto responsable a algún servidor público de los órdenes estatal o municipal.

Además, cuando se trate de delitos graves así calificados por la ley; cuando la vida o integridad física de la víctima u ofendido se encuentre en riesgo real; en los casos que lo solicite la autoridad competente de la entidad federativa de que se trate, y cuando los hechos constitutivos de delito impacten de manera trascendente al ejercicio al derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta.

De igual forma, cuando en la entidad federativa en la que se hubiere realizado el hecho constitutivo de delito o se hubieren manifestado sus resultados, existan circunstancias objetivas y generalizadas de riesgo para el ejercicio del derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta; cuando el hecho constitutivo de delito trascienda el ámbito de una o más entidades federativas, o cuando por sentencia o resolución de un órgano previsto en cualquier tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte, se hubiere determinado la responsabilidad internacional del Estado Mexicano por defecto u omisión en la investigación, persecución o enjuiciamiento de delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

El dictamen implica reformas a los códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales, así como a las leyes orgánicas del Poder Judicial de la Federación y de la Procuraduría General de la República.

La Crónica, 26 de abril.

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