Los temas de amparo indirecto y las facultades que tendría un nuevo órgano regulador, son las principales preocupaciones que la cúpula empresarial tiene en la reforma de telecomunicaciones que se discute en el Senado, pues de aprobarse se tendría una reforma "regresiva".
"Hay dos aspectos que consideramos graves: primero, que no se permite más medio de defensa ante procedimientos y fallos de la autoridad reguladora que el amparo indirecto, sin derecho a suspensión y el segundo, que se otorga al órgano regulador antimonopolios facultades de alcance impreciso, así como atribuciones decisivas que relegan al Ejecutivo federal en la capacidad de generar políticas públicas", dijo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Explicó que con las reformas propuestas al artículo 28 constitucional, que elimina la justicia contenciosa administrativa, los amparos intraprocesales y la suspensión en el amparo indirecto, "no existe la posibilidad de justicia efectiva ante terceros independientes e imparciales. De esta manera, tendríamos una reforma regresiva, contraria al principio de progresividad de la Constitución y el Pacto de San José, al suprimir derechos fundamentales que hoy existen", advirtió.
Para el organismo empresarial, con esta reglamentación se vulneraría "gravemente" el ambiente de inversión, con posibles incrementos en costos y precios por los riesgos inherentes de un modelo jurídico alejado de las mejores prácticas internacionales, en lugar de propiciar mejores condiciones para los consumidores.
Por ello, el CCE exhortó a los senadores para que analicen en profundidad la reforma, y solicitaron que la nueva Comisión Federal de Competencia sea un órgano independiente que regule la competencia e impulse el crecimiento de la economía, así como aplique y haga valer la normatividad vigente, sin facultades ilimitadas.
También que y se garantice el acceso a la justicia, principalmente conservando la suspensión del acto reclamado en función de la ponderación del interés social y el derecho. Y que se logre un buen balance de pesos y contrapesos, de acuerdo a estándares internacionales, fortaleciendo al órgano regulador.
Punto débil. Por su parte, el presidente de la CFC, Eduardo Pérez Motta, consideró que la reforma en telecomunicaciones que se discute, tiene como punto débil la reasignación de todas las facultades en materia de competencia en telecomunicaciones y radiodifusión, que recaerían en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), en lugar de la nueva Comisión de Competencia.
Sostuvo que la investigación y sanción de prácticas anticompetitivas en los sectores deben quedarse en una renovada CFC y no en el Ifetel, como proponen.
"Es riesgoso porque hace más atractivo para los competidores intentar capturar al único regulador que tienen enfrente, sin bateador emergente en caso de que lo logren; segundo, obliga al Ifetel a desarrollar el expertise de competencia, que ha costado casi 20 años desarrollar en la CFC, y mientras no lo desarrolle, las empresas estarán exentas de la ley, en perjuicio de la eficiencia del sector, la competitividad de la economía y, sobre todo, los bolsillos de los consumidores", explicó Pérez Motta.
Por su parte, Gerardo Soria presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (Idet), la autonomía que propone la reforma para el Ifetel es contraria a las mejores prácticas internacionales.
"Al no existir precedentes judiciales nacionales o internacionales sobre el modelo de autonomía para regular al sector, el riesgo para los inversores incrementa y éstos podrían trasladar el costo correspondiente a los usuarios finales", expresó.
Enfatizó que el proyecto de reforma exenta al Ifetel y a la CFC de cumplir con las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas aplicables al resto de las autoridades.
Para Soria, también se debe evaluar que al considerar a las telecomunicaciones y a la radiodifusión como servicios públicos, se permite la reversión de bienes en favor del Estado, lo cual significa un gran desincentivo para la inversión.
"Hay dos aspectos que consideramos graves: primero, que no se permite más medio de defensa ante procedimientos y fallos de la autoridad reguladora que el amparo indirecto, sin derecho a suspensión y el segundo, que se otorga al órgano regulador antimonopolios facultades de alcance impreciso, así como atribuciones decisivas que relegan al Ejecutivo federal en la capacidad de generar políticas públicas", dijo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Explicó que con las reformas propuestas al artículo 28 constitucional, que elimina la justicia contenciosa administrativa, los amparos intraprocesales y la suspensión en el amparo indirecto, "no existe la posibilidad de justicia efectiva ante terceros independientes e imparciales. De esta manera, tendríamos una reforma regresiva, contraria al principio de progresividad de la Constitución y el Pacto de San José, al suprimir derechos fundamentales que hoy existen", advirtió.
Para el organismo empresarial, con esta reglamentación se vulneraría "gravemente" el ambiente de inversión, con posibles incrementos en costos y precios por los riesgos inherentes de un modelo jurídico alejado de las mejores prácticas internacionales, en lugar de propiciar mejores condiciones para los consumidores.
Por ello, el CCE exhortó a los senadores para que analicen en profundidad la reforma, y solicitaron que la nueva Comisión Federal de Competencia sea un órgano independiente que regule la competencia e impulse el crecimiento de la economía, así como aplique y haga valer la normatividad vigente, sin facultades ilimitadas.
También que y se garantice el acceso a la justicia, principalmente conservando la suspensión del acto reclamado en función de la ponderación del interés social y el derecho. Y que se logre un buen balance de pesos y contrapesos, de acuerdo a estándares internacionales, fortaleciendo al órgano regulador.
Punto débil. Por su parte, el presidente de la CFC, Eduardo Pérez Motta, consideró que la reforma en telecomunicaciones que se discute, tiene como punto débil la reasignación de todas las facultades en materia de competencia en telecomunicaciones y radiodifusión, que recaerían en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), en lugar de la nueva Comisión de Competencia.
Sostuvo que la investigación y sanción de prácticas anticompetitivas en los sectores deben quedarse en una renovada CFC y no en el Ifetel, como proponen.
"Es riesgoso porque hace más atractivo para los competidores intentar capturar al único regulador que tienen enfrente, sin bateador emergente en caso de que lo logren; segundo, obliga al Ifetel a desarrollar el expertise de competencia, que ha costado casi 20 años desarrollar en la CFC, y mientras no lo desarrolle, las empresas estarán exentas de la ley, en perjuicio de la eficiencia del sector, la competitividad de la economía y, sobre todo, los bolsillos de los consumidores", explicó Pérez Motta.
Por su parte, Gerardo Soria presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (Idet), la autonomía que propone la reforma para el Ifetel es contraria a las mejores prácticas internacionales.
"Al no existir precedentes judiciales nacionales o internacionales sobre el modelo de autonomía para regular al sector, el riesgo para los inversores incrementa y éstos podrían trasladar el costo correspondiente a los usuarios finales", expresó.
Enfatizó que el proyecto de reforma exenta al Ifetel y a la CFC de cumplir con las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas aplicables al resto de las autoridades.
Para Soria, también se debe evaluar que al considerar a las telecomunicaciones y a la radiodifusión como servicios públicos, se permite la reversión de bienes en favor del Estado, lo cual significa un gran desincentivo para la inversión.
Las voces de los protagonistas
Eliminando la justicia contenciosa administrativa, los amparos intraprocesales y la suspensión en el amparo indirecto, no existe la posibilidad de justicia efectiva ante terceros independientes e imparciales.
De esta manera, tendríamos una reforma regresiva, contraria al principio de progresividad de la Constitución y el Pacto de San José, al suprimir en la Constitución derechos fundamentales al debido proceso, que hoy existen
Gerardo Gutiérrez Candiani
Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE)
Poner todos los huevos en una sola canasta (como se pretende hacer con el Ifetel) es contrario a las mejores prácticas internacionales. Virtualmente todos los países de la OCDE, salvo casos como Grecia y Turquía, prevén que la autoridad de competencia tenga jurisdicción en telecomunicaciones.
La eficacia de las reformas constitucionales dependerá de que las instituciones que se crean para aplicarlas funcionen correctamente
Eduardo Pérez Motta
Presidente de la Comisión Federal de Competencia (CFC)
La iniciativa en telecomunicaciones tiene puntos que pueden ser mejorables en la medida que se establezca con claridad quién tendrá facultades en materia de política internacional.
También se debe evaluar que al considerar a las telecomunicaciones y a la radiodifusión como servicios públicos, se permite la reversión de bienes en favor del Estado, lo cual significa un gran desincentivo para la inversión
Gerardo Soria
Presidente del Instituto del Derecho
de las Telecomunicaciones (Idet)
De esta manera, tendríamos una reforma regresiva, contraria al principio de progresividad de la Constitución y el Pacto de San José, al suprimir en la Constitución derechos fundamentales al debido proceso, que hoy existen
Gerardo Gutiérrez Candiani
Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE)
Poner todos los huevos en una sola canasta (como se pretende hacer con el Ifetel) es contrario a las mejores prácticas internacionales. Virtualmente todos los países de la OCDE, salvo casos como Grecia y Turquía, prevén que la autoridad de competencia tenga jurisdicción en telecomunicaciones.
La eficacia de las reformas constitucionales dependerá de que las instituciones que se crean para aplicarlas funcionen correctamente
Eduardo Pérez Motta
Presidente de la Comisión Federal de Competencia (CFC)
La iniciativa en telecomunicaciones tiene puntos que pueden ser mejorables en la medida que se establezca con claridad quién tendrá facultades en materia de política internacional.
También se debe evaluar que al considerar a las telecomunicaciones y a la radiodifusión como servicios públicos, se permite la reversión de bienes en favor del Estado, lo cual significa un gran desincentivo para la inversión
Gerardo Soria
Presidente del Instituto del Derecho
de las Telecomunicaciones (Idet)
Lindsay Esquivel, La Crónica, 15 de abril.
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