Pasan caso Monex a FEPADE y SAT

Luego de que el IFE libró al PRI de una multa millonaria por el caso Monex, la Unidad de Fiscalización remitió el expediente sobre las empresas que intervinieron en el fondeo de tarjetas durante la campaña de 2012 a cuatro instancias federales.

Así, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) darán seguimiento a las pesquisas pendientes en este asunto.

Al comparecer ante diputados, el director de la Unidad de Fiscalización del IFE, Alfredo Cristalinas, dijo que hallaron "situaciones" y "complejidades" que deben ser revisadas por esas cuatro dependencias y actuar en consecuencia.

Sin detallar las irregularidades detectadas en la triangulación de fondos, Cristalinas acotó que si son empresas fantasmas, sin solvencia económica o si incurrieron en anomalías, no es el IFE el que debe sancionar.

"Tendrán que ser algunas autoridades las que deriven si es o no suspicaz, pero el hecho de que contrate de esa forma no es, en este análisis, ilegal, porque son empresas constituidas.

"¿Son fantasmas o no son fantasmas? No se califica en ese sentido, son otras autoridades las que tienen esquemas de fiscalización para determinar si son empresas fachada, fantasmas o de papel, pero eso no le corresponde a la Unidad de Fiscalización.

"Tenemos que hacer una actualización a estas autoridades para que cuente con todas las evidencias, porque deberán actuar en consecuencia", argumentó.

El funcionario del IFE explicó a detalle el mapa de financiamiento de las tarjetas Monex y sostuvo que sobre la contratación de servicios, no existe ilegalidad.

"No voy a calificar si las pruebas que presentó el PRI están armadas o no, el mapa del dinero está claro", añadió.

Resumió que el PRI contrató a Alkino por el "servicio de planeación y venta de dinero (préstamo)", y para los monederos electrónicos convino con Atama, que a su vez pidió a Inizzio negociar con Monex para el fondeo de 7 mil tarjetas.

Ante la mirada escéptica de legisladores de izquierda, Cristalinas dijo que tienen el acta constitutiva y las declaraciones fiscales de estas empresas e incluso indagaron a socios y accionistas para detectar lazos con el PRI.

Añadió que los 66.3 millones salieron de cuatro cuentas bancarias pactadas por Monex e Inizzio, por lo que jamás se pudieron congelar, pues se afectaban a usuarios que no tenían que ver con la investigación.

Detalló que las tarjetas contenían entre 5 mil a 400 mil pesos, por lo que también otras autoridades federales deben determinar si hay alguna situación irregular que amerite su intervencieon en el caso.

El próximo 30 de enero, el funcionario del IFE debe responder a diversos cuestionamientos que hicieron diputados de oposición sobre el financiamiento ilegal a la campaña del PRI.

Érika Hernández, Reforma, 25 de enero.