Miles de migrantes, víctimas de mafias en la ruta hacia EU

Cada kilómetro que los migrantes recorren al internarse en México es sinónimo de riesgo. Los 12 mil dólares que cuesta iniciar el tránsito por el país con la promesa de cruzar a Estados Unidos no son garantía de seguridad; con la ayuda o no de un traficante, en el trayecto los viajeros están expuestos al robo, abuso, extorsión, secuestro, trata y homicidio, por parte de organizaciones criminales y sus células que exigen “cuotas” adicionales por las rutas que controlan en al menos 19 de los 32 estados.

La Organización Internacional para las Migraciones(OIM) estima que por lo menos 150 mil personas ingresan cada año de forma ilegal a México a través de la frontera sur; que se suman a 350 mil mexicanos que salieron en 2011 hacia Estados Unidos, de acuerdo con el Colegio de la Frontera Norte (Colef). Todos ellos vulnerables y expuestos a “compañías criminales” que vulneran sus derechos, que los ven como mercancía.

El crimen organizado obtiene por este trasiego ganancias por casi 7 mil millones de dólares anuales, reveló Antonio Mazzitelli, representante regional de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), al inaugurar en abril la Conferencia Internacional sobre Tráfico Ilícito de Migrantes, por lo que aseguró que “México solo nunca podrá brindar la protección y la asistencia a los miles de migrantes que transitan por sus territorios”.

Fernando Batista Jiménez, quinto visitador de laComisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien elaboró el informe especial sobre migrantes en México —que develó que sólo entre abril y septiembre de 2010 hubo 214 plagios masivos con 11 mil 333 víctimas, y en 8.9% había autoridades implicadas—, en entrevista con EL UNIVERSAL reconoció que el problema persiste, por lo que urge que todos los niveles de gobierno actúen para revertir el fenómeno.

Aunque el organismo nacional prepara un nuevo reporte para 2012, Batista no quiso adelantar cifras, ya que cada caso debe sustentarse. Sin embargo, expuso que hoy “los migrantes en tránsito por nuestro país se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad: viajan en medios de transporte de alto riesgo, utilizan caminos de extravío y en general lugares solitarios; pernoctan en sitios abiertos; desconocen las zonas por las que pasan”.

Además evitan el contacto con las autoridades, desconocen sus derechos o prefieren no ejercerlos, para no ser visibles. En suma, “su carácter de indocumentados los vuelve presa fácil del crimen organizado”, indicó el visitador.

Detalló que “en particular, las mujeres y menores migrantes ven acentuada su condición de vulnerabilidad al resultar víctimas de los secuestradores; los abusos sexuales y la violación acompañan estos eventos. En otras ocasiones sufren también la amenaza de ser prostituidas o de ser vendidas con fines sexuales a los tratantes de personas”.

Reiteró su denuncia: “La población migrante en México es víctima de un sinnúmero de violaciones a sus derechos más esenciales, como la extorsión, la discriminación, la explotación, el abuso físico y sexual, la trata de personas y el secuestro”.

El episodio de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010, cuando 72 migrantes fueron secuestrados y asesinados por el cártel de Los Zetas, hizo público este fenómeno, que derivó en acusaciones entre países, obligó a los gobiernos de México y Centroamérica a firmar acuerdos y prometer acciones. En los hechos, los indicios apuntan a que nada ha cambiado.

Delincuentes todo lo controlan

Los cuatro sacerdotes católicos encargados de los albergues para migrantes más emblemáticos en México, en entrevista con EL UNIVERSAL, advirtieron que el crimen organizado sigue empoderado, las tragedias colectivas e individuales se registran a diario y la colusión con las autoridades o su omisión es evidente.

Coincidieron en que los cárteles de Los Zetas y Sinaloa —que diversificaron su actividad criminal—, controlan rutas migratorias, fijan cuotas extras al costo del viaje a través de sus células estatales, aliados con los polleros o traficantes que se supeditaron su poder.

Los sacerdotes católicos Fray Tomás González Castillo, de la casa La 72 de Tenosique, Tabasco; Pedro Pantoja, de Belén Posada del Migrante, en Saltillo, Coahuila; Prisciliano Peraza García, del Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado en Altar, Sonora, y Alejandro Solalinde Guerra, coordinador de Pastoral de la Movilidad Humana del Episcopado Mexicano, quien dirige el albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca, advirtieron sobre esta crisis humanitaria, que el gobierno ha sido incapaz de atender.

Fray Tomás aseguró que “no sólo no hay cambios, todo ha empeorado”. Diario, alrededor de 500 personas en promedio toman el tren en Tabasco hacia un destino incierto, ya que en el trayecto grupos armados perpetran secuestros en total impunidad para exigir de 3 mil a 5 mil dólares de rescate, “lamentablemente son decenas de testimonios que dan cuenta de que son privados de la libertad y pueden durar hasta un mes en casas de seguridad, de las que las autoridades parecen no enterarse de su ubicación”.

Detalló que la ruta del Golfo, que cruza por Veracruz y Tamaulipas, sigue siendo la más peligrosa, pues son bastión del poder de Los Zetas, “estas bandas cobran además cuotas por permitir el tránsito de estos migrantes, que pagan a maquinistas, garroteros, policías, y delincuentes, la vida puede costarles si no logran pagar estas extorsiones”.

Pedro Pantoja, que recibe en su albergue de Coahuila hasta 300 migrantes en su trayecto a Estados Unidos, sostuvo que ahora “están enfrentando peores riesgos, porque nosotros que estamos acá en el territorio de Los Zetas, en el noreste, sabemos que no hay misericordia para la población migrante, y no se puede contar con la policía”. Aseguró que no han cesado secuestros y extorsiones.

Para el párroco el crimen que trafica humanos “opera con la complicidad de las fuerzas de seguridad, de lo contrario no es posible entender que recorran 1,500 kilómetros sin que nadie detecte sus actividades, el paso de vehículos de todo tipo que transportan a grupos de indocumentados que son una mercancía valiosa”.

Incluso, dijo, entre los “polleros” hay integrantes de los Maras, que aprovechan su condición de centroamericanos para ganarse la confianza de los viajeros y actúan como mercenarios de estos grupos criminales. La situación se agrava ya que 54.4% de los migrantes buscan intermediarios, llamados coyotes para cruzar a Estados Unidos, según informes del Instituto Nacional de Migración (INM).

“Todo México es territorio de riesgo para los migrantes”, coincidieron los encargados de albergues, pero hay dos zonas de terror: en el sureste el crimen organizado opera con impunidad en Arriaga, Chiapas; Tenosique,Tabasco; Ixtepec, Oaxaca; Coatzacoalcos y Medias Aguas, Veracruz.

Mientras que en el noreste, en Tamaulipas (Reynosa, San Fernando), Nuevo León y Coahuila, la delincuencia consolidó su poder y decide quiénes cruzan a EU, quiénes no regresarán a casa.

Aunque los crímenes contra migrantes desde el segundo semestre de 2011 a la fecha también se registran en elEstado de México —la zona de Lechería y Tultitlán—, Tlaxcala, Hidalgo, San Luis Potosí, Guanajuato o en otras regiones como Tijuana, Baja California y Sonora.

El escenario no puede ser mejor para los delincuentes ni peor para los viajeros: “Es un plan perfecto, existen grupos de migrantes que llegan al noreste secuestrados desde Arriaga o Tenosique, a quienes se les cobran 12 mil pesos, pero en el trayecto les piden más, y deben esperar días en una casa de seguridad, mientras sus captores esperan el dinero, para que ellos puedan seguir su camino”, señaló el sacerdote Prisciliano Peraza, que dirige el albergue de Altar, Sonora.

Alejandro Solalinde, quien dirige el albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca —quien en el mes de abril recibió seis amenazas de muerte por su labor—, aseguró que los secuestros individuales y colectivos continúan. La libertad se cotiza entre 2 mil y 6 mil dólares, que deben pagar los familiares de las víctimas que radican en Estados Unidos o incluso “se les obliga a participar en actividades criminales, de narcomenudeo, y las mujeres pueden ser objeto de explotación sexual o trata”.

Coincidió en que los crímenes contra migrantes son posibles en la medida en que los agentes del INM, policías municipales, estatales y federales trabajan en colusión con el crimen organizado.

Irineo Mujica, del Movimiento Migrante Mesoamericano, advirtió también de la xenofobia creciente. Los viajeros que se alojan en La Casa del Migrante San Juan Diego, en Tultitlán, Estado de México, además del acoso de delincuentes, policías locales y federales, así como de agentes de migración, enfrentan el repudio de vecinos de la zona, que desde hace dos años exigen el cierre del albergue, pues “los extranjeros son un factor de inseguridad” y los acusan de cometer delitos, en un área donde operan con impunidad células de cárteles de Los Zetas y La Familia Michoacana.

Aunque el gobierno federal no tiene una cifra consolidada del número de delitos cometidos contra migrantes, un reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) revela que entre 2009 y mayo de 2012 ha liberado a 795 extranjeros que habían sido secuestrados en 19 entidades: Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes y Nayarit.

Mientras que la CNDH ha documentado que las regiones en las que se presentaron eventos de secuestro de migrantes, según las evidencias recabadas en 2010, 67.4% sucedieron en el sureste; 29.2%, en el norte, y 2.2%, en el centro del país. Los estados en que se presentaron el mayor número de plagios son Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí y Chiapas.

Indicadores de migración

La Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México 2011 revela un descenso en las repatriaciones de centroamericanos desde Estados Unidos y territorio mexicano en los últimos años. En el caso de las deportaciones desde México, mientras en el bienio 2009-2010 se registraban alrededor de 55 mil casos, el año pasado no superó los 45 mil (alrededor de 23 mil eran guatemaltecos).

Desde Estados Unidos, en 2009 se alcanzaron los 80 mil eventos; para 2011 la cifra decreció a 52 mil (la cifra de 23 mil ciudadanos de Guatemala se mantuvo).

El documento, elaborado en coordinación con el INM, las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Salud, del Trabajo, el Consejo Nacional de Población (Conapo) y el Colegio de la Frontera Norte (Colef), detalla que “una de las características de los migrantes centroamericanos en México es que se trata de un flujo sobre todo de tránsito, con la intención de cruzar a Estados Unidos”.

Sin embargo, la proporción de personas detenidas que señalaron que tenían planeado quedarse en México crece, así lo indicaron 5% de hondureños, 13% de salvadoreños y 69% de guatemaltecos.

El tiempo de permanencia en México antes de ser repatriados es de una semana a un mes, y el principal motivo de ingreso al país fue la búsqueda de trabajo, en su mayoría se trata de jóvenes entre 25 y 30 años de edad, que cruzan sobre todo por las ciudades de Tecún Umán, El Carmen y la Mesiilla, en el caso de los guatemaltecos; y Tecún Umán y El Naranjo por hondureños y salvadoreños.

El reporte detalla que los guatemaltecos que lograron internarse a EU lo hicieron en su mayoría por El Sásabe, Sonora; Reynosa, Tamaulipas, y Tijuana, Baja California. Los procedentes de Honduras y El Salvador, cruzaron por Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, Tamaulipas.

La Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México 2011 destaca “la creciente proporción de migrantes que señalan haber permanecido un año o más en Estados Unidos antes de ser deportados, los cuales pasaron de representar 5.1% en 1995 a 46.2% para 2011”.

Además indica que en el periodo 2000-211, el flujo de migrantes mexicanos repatriados ha registrado un descenso constante: pasó de 808 mil casos a 278 mil en los primeros nueve meses del año pasado.

Tonatiuh Guillén, director del Colef, dijo a EL UNIVERSAL que los flujos migratorios de México hacia EU se han reducido por la contracción de la economía en ese país, que ha afectado las industrias de la construcción, de servicios y las áreas agrícolas donde laboraban los mexicanos; otro factor es el “endurecimiento de la frontera”, cada vez es más difícil cruzar, a lo que se suman las políticas de deportación de las autoridades estadounidenses.

La migración de mexicanos no está estancada, “sigue siendo importante, se estima en 350 mil personas al año, aunque también el flujo de retorno es mayor, por lo que el saldo se aproxima a cero”.

Silvia Otero, El Universal, 30 de diciembre.