En una cerrada votación de cinco votos a favor y cuatro en contra, el Consejo General del IFE absolvió a la coalición Compromiso por México (PRI-PVEM), que abanderó a Enrique Peña Nieto, de un presunto financiamiento ilícito en las campañas del 2012 con base en los monederos electrónicos de Monex, pero sí ordenó sumar a sus gastos de campaña 50.5 millones de pesos que el tricolor utilizó a través de esas tarjetas para el pago de estructura territorial.
De hecho, el PRI logró salvar una multa de 75 millones de pesos que promovían cuatro consejeros que buscaban que se resolviera ilegal el financiamiento de las campañas priistas vía las tarjetas Monex, pero al final una mayoría de cinco se impuso.
Asimismo, el IFE ordenó dar vista al Departamento de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) de la PGR y la propia Secretaría Ejecutiva del IFE, para que determinen si hay ilícitos qué perseguir en ese asunto.
Con esos 50.5 millones de pesos, a la alianza PRI-PVEM se le acumularon ayer alrededor de 200 millones de pesos a sus gastos de campaña, pues el IFE desahogó otras cinco quejas, entre ellas una por la que ordenó sumar 141.2 millones de pesos al tricolor al comprobarle gastos en espectaculares, aeronaves utilitarios y despensas que hizo en el proceso electoral, y que reportó como gasto ordinario, pero los consejeros lo canalizaron a gasto de campaña de la coalición.
Sin embargo, esta cifra no se sumará en su totalidad a los gastos de campaña de Peña Nieto, pues primero se tendrá que hacer una compulsa, sobre todo en el caso de los 141 millones de pesos para evitar duplicidad en la contabilización de gastos, además de prorratearlo (distribuirla) con las campañas de senadores, diputados y la presidencial.
El tope de campaña para la elección presidencial fue de 336 millones de pesos por candidato y será en la sesión del próximo miércoles cuando el IFE determine si hubo rebase de tope de campaña por parte de alguno de los candidatos que contendieron en la pasada disputa electoral.
Después de casi cuatro horas de discusión, los consejeros del IFE resolvieron que el financiamiento que realizó el PRI a sus campañas electorales través de las tarjetas Monex fue legal.
Pero los desacuerdos se evidenciaron en cuanto al destino de los 66 millones de pesos involucrados en el crédito que la empresa Alkino hizo al PRI, pues ese partido no acreditó el destino de esos recursos.
, lo que motivó que los consejeros Alfredo Figueroa, Lorenzo Córdova, Benito Nacif y María Marván promovieran que se sancionara a la coalición con el 150 por ciento del monto involucrado, o sea una multa de 75 millones de pesos.
Y es que de esos 66 millones de pesos, el IFE determinó que más de 50.5 millones corresponden a campañas federales, mientras que lo demás a campañas locales.
Ello dividió a los consejeros que en una primera votación quedaron empatados, pues el consejero Sergio García Ramírez se había “inhibido” de participar en ese punto al reconocer su amistad con Gabino Fraga Mouret y su hijo Gabino Fraga Peña, propietarios de la empresa Efra, involucrada por aportar recursos a las tarjetas Monex.
Ante el empate, García Ramírez consultó al Consejo General si podía emitir su voto, al considerar que no había impedimento legal para hacerlo, lo que fue convalidado por sus compañeros.
Con ello, García Ramírez inclinó la balanza al bloque que pugnaba por no sancionar al PRI con los 75 millones de pesos y el PRI libró por esta ocasión una sanción millonaria por el caso Monex.
No obstante, aún falta la resolución de los gastos de campaña que el IFE resolverá el 30 de enero donde se pondrá sobre la mesa si alguno de los candidatos presidenciales rebasó el tope de campaña de 336 millones de pesos establecido por la autoridad electoral.
De hecho, el PRI logró salvar una multa de 75 millones de pesos que promovían cuatro consejeros que buscaban que se resolviera ilegal el financiamiento de las campañas priistas vía las tarjetas Monex, pero al final una mayoría de cinco se impuso.
Asimismo, el IFE ordenó dar vista al Departamento de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) de la PGR y la propia Secretaría Ejecutiva del IFE, para que determinen si hay ilícitos qué perseguir en ese asunto.
Con esos 50.5 millones de pesos, a la alianza PRI-PVEM se le acumularon ayer alrededor de 200 millones de pesos a sus gastos de campaña, pues el IFE desahogó otras cinco quejas, entre ellas una por la que ordenó sumar 141.2 millones de pesos al tricolor al comprobarle gastos en espectaculares, aeronaves utilitarios y despensas que hizo en el proceso electoral, y que reportó como gasto ordinario, pero los consejeros lo canalizaron a gasto de campaña de la coalición.
Sin embargo, esta cifra no se sumará en su totalidad a los gastos de campaña de Peña Nieto, pues primero se tendrá que hacer una compulsa, sobre todo en el caso de los 141 millones de pesos para evitar duplicidad en la contabilización de gastos, además de prorratearlo (distribuirla) con las campañas de senadores, diputados y la presidencial.
El tope de campaña para la elección presidencial fue de 336 millones de pesos por candidato y será en la sesión del próximo miércoles cuando el IFE determine si hubo rebase de tope de campaña por parte de alguno de los candidatos que contendieron en la pasada disputa electoral.
Después de casi cuatro horas de discusión, los consejeros del IFE resolvieron que el financiamiento que realizó el PRI a sus campañas electorales través de las tarjetas Monex fue legal.
Pero los desacuerdos se evidenciaron en cuanto al destino de los 66 millones de pesos involucrados en el crédito que la empresa Alkino hizo al PRI, pues ese partido no acreditó el destino de esos recursos.
, lo que motivó que los consejeros Alfredo Figueroa, Lorenzo Córdova, Benito Nacif y María Marván promovieran que se sancionara a la coalición con el 150 por ciento del monto involucrado, o sea una multa de 75 millones de pesos.
Y es que de esos 66 millones de pesos, el IFE determinó que más de 50.5 millones corresponden a campañas federales, mientras que lo demás a campañas locales.
Ello dividió a los consejeros que en una primera votación quedaron empatados, pues el consejero Sergio García Ramírez se había “inhibido” de participar en ese punto al reconocer su amistad con Gabino Fraga Mouret y su hijo Gabino Fraga Peña, propietarios de la empresa Efra, involucrada por aportar recursos a las tarjetas Monex.
Ante el empate, García Ramírez consultó al Consejo General si podía emitir su voto, al considerar que no había impedimento legal para hacerlo, lo que fue convalidado por sus compañeros.
Con ello, García Ramírez inclinó la balanza al bloque que pugnaba por no sancionar al PRI con los 75 millones de pesos y el PRI libró por esta ocasión una sanción millonaria por el caso Monex.
No obstante, aún falta la resolución de los gastos de campaña que el IFE resolverá el 30 de enero donde se pondrá sobre la mesa si alguno de los candidatos presidenciales rebasó el tope de campaña de 336 millones de pesos establecido por la autoridad electoral.
PRD y PAN consideran que no se ahondó en investigación
El PRD y el PAN ante el IFE arremetieron contra la Unidad de Fiscalización, a la que acusaron de no ahondar en las investigaciones sobre el caso Monex para establecer un financiamiento ilícito a la campaña de Enrique Peña Nieto, e incluso en el caso del sol azteca pidió al instituto dar vista a la PGR para que se esclarezca un presunto delito de lavado de dinero en las actividades proselitistas del tricolor.
“Se configuró el delito de lavado de dinero y por ello el IFE debe dar vista de inmediato a la PGR para que se despeje eso, de no hacerlo el IFE estará incurriendo en encubrimiento”, acusó el representante del PRD ante el IFE, Camerino Eleazar Márquez.
Al fijar la postura del sol azteca en la sesión del Consejo General del IFE, donde se discute el caso del presunto financiamiento ilícito a la campaña del PRI y Enrique Peña Nieto a través de las tarjetas Monex, Eleazar Márquez acusó a la Unidad de Fiscalización del IFE de “encubridora y parcial” por no ser exhaustiva en las investigaciones sobre ese tema.
“La Unidad de Fiscalización fue omisa y poco diligente en las indagatorias”, arremetió.
Y es que el perredista insistió en que el PRI rebasó el tope de campaña al recurrir a una serie de acciones para ocultar un financiamiento paralelo, que el IFE no investigó a fondo.
“Mientras no se aclare el origen del recurso es evidente que se rebaso el tope de campaña de 336 millones de pesos”, acusó
En tanto, el panista Javier Corral advirtió que el principal reto del IFE en este tema será atajar las trampas y financiamiento ilícito de los partidos.
El PRI, a través de su representante, José Antonio Fragua, acusó al PRD y PAN de intentar presionar al IFE para modificar la resolución absolutoria a favor del tricolor y los retó a mantener ese “discurso descalificador” contra el IFE la próxima semana que se aborde el tema de las supuestas irregularidades de Honestidad Valiente en torno al financiamiento en la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.
“Ese discurso ruidoso no abona en nada para aclarar lo que se acusa ante los medios (…) quiero escuchar ese mismo discurso cuando se revise lo de Honestidad Valiente la próxima semana”, retó.
En la sesión del Consejo General del IFE, los representantes del PRD y PAN calificaron como una burla a los ciudadanos declarar infundadas la mayoría de acusaciones sobre triangulación, uso de dinero ilícito y rebase de tope de gastos de campaña de parte de la alianza PRI-PVEM.
El PRD y el PAN ante el IFE arremetieron contra la Unidad de Fiscalización, a la que acusaron de no ahondar en las investigaciones sobre el caso Monex para establecer un financiamiento ilícito a la campaña de Enrique Peña Nieto, e incluso en el caso del sol azteca pidió al instituto dar vista a la PGR para que se esclarezca un presunto delito de lavado de dinero en las actividades proselitistas del tricolor.
“Se configuró el delito de lavado de dinero y por ello el IFE debe dar vista de inmediato a la PGR para que se despeje eso, de no hacerlo el IFE estará incurriendo en encubrimiento”, acusó el representante del PRD ante el IFE, Camerino Eleazar Márquez.
Al fijar la postura del sol azteca en la sesión del Consejo General del IFE, donde se discute el caso del presunto financiamiento ilícito a la campaña del PRI y Enrique Peña Nieto a través de las tarjetas Monex, Eleazar Márquez acusó a la Unidad de Fiscalización del IFE de “encubridora y parcial” por no ser exhaustiva en las investigaciones sobre ese tema.
“La Unidad de Fiscalización fue omisa y poco diligente en las indagatorias”, arremetió.
Y es que el perredista insistió en que el PRI rebasó el tope de campaña al recurrir a una serie de acciones para ocultar un financiamiento paralelo, que el IFE no investigó a fondo.
“Mientras no se aclare el origen del recurso es evidente que se rebaso el tope de campaña de 336 millones de pesos”, acusó
En tanto, el panista Javier Corral advirtió que el principal reto del IFE en este tema será atajar las trampas y financiamiento ilícito de los partidos.
El PRI, a través de su representante, José Antonio Fragua, acusó al PRD y PAN de intentar presionar al IFE para modificar la resolución absolutoria a favor del tricolor y los retó a mantener ese “discurso descalificador” contra el IFE la próxima semana que se aborde el tema de las supuestas irregularidades de Honestidad Valiente en torno al financiamiento en la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.
“Ese discurso ruidoso no abona en nada para aclarar lo que se acusa ante los medios (…) quiero escuchar ese mismo discurso cuando se revise lo de Honestidad Valiente la próxima semana”, retó.
En la sesión del Consejo General del IFE, los representantes del PRD y PAN calificaron como una burla a los ciudadanos declarar infundadas la mayoría de acusaciones sobre triangulación, uso de dinero ilícito y rebase de tope de gastos de campaña de parte de la alianza PRI-PVEM.
Alejandro Páez, La Crónica, 24 de enero.
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