Anuncia CNTE marcha; presentará amparos contra la reforma laboral


La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la  (CNTE) anunció que realizará una movilización el próximo lunes 14 de enero, a partir de las 9:00 horas en el Distrito Federal, para presentar amparos contra la reforma laboral.

En  de prensa, dirigentes de esta escisión del sindicato de  informaron que representantes de al menos 25 marcharán desde las instalaciones de la Suprema Corte de  de (SCJN) en el Zócalo, hasta el Palacio de Justicia Federal en la delegación Venustiano Carranza.

Explicaron que inmediatamente después de interponer los amparos, se realizará una asamblea nacional representativa para determinar la siguiente etapa a seguir y si retornan o no a sus lugares de origen.

Eduardo Pérez dijo que de manera errónea algunos organismos y medios de comunicación dieron a conocer que el 10 de enero era el último día para interponer amparos, dato que es impreciso pues el plazo termina el 15.

Los representantes sindicales se quejaron de que en ninguno de los estados en los que se ha aprobado la reforma laboral se ha hecho por consenso, y advirtieron que “darán la lucha” de manera jurídica, política y académica o pedagógica.

Asimismo refrendaron su postura contra la reforma educativa al considerar que se limita al plano administrativo y carece de una propuesta pedagógica incluyente con la multiculturalidad del país, por ello se pronunciaron por una reforma que emane de la sociedad y no de la burocracia.

En la conferencia participaron los dirigentes Rubén Núñez Ginés de la Sección 22 de Oaxaca y Juan Melchor Román de la Sección 18 de Michoacán, entre otros líderes magisteriales.

El SNTE prepara cerca de 20 mil amparos indirectos

Cerca de 20 mil amparos indirectos prepara la Sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Morelos, contra las reformas laboral y educativa aprobadas por  de la Unión el año pasado.

Lo anterior, al considerar que ambos ordenamientos podrían generar un daño directo, y permanente, hacia millones de maestros y trabajadores administrativos en todo el país, así como .

María Eugenia Ocampo Bedolla, dirigente de la sección 19 del SNTE en Morelos, informó que la acción es una respuesta a la aprobación en una decena de estados de la reforma al Artículo Tercero Constitucional, que abre la posibilidad de despidos de trabajadores de no someterse a una evaluación obligatoria cuyos criterios no han sido definidos aún.

“Y frente a la inconformidad manifiesta por la mayoría de los trabajadores de la educación en torno a las reformas laboral y educativa, que lesionan directamente los derechos de los maestros, el SNTE ha determinado recurrir al amparo indirecto, por lo que desde el jueves pasado inició la recolección de documentos de trabajadores inconformes”, reveló.

La Secretaría General de la sección 19 en Morelos sostuvo diversas reuniones de información desde la mañana del pasado jueves y recordó con los representantes del SNTE en regiones y zonas escolares, la urgencia de convocar a los maestros para que presenten original y siete copias del talón de pago de la quincena 23 y 24 de diciembre de 2012, de todas las claves que se tengan y también original y siete copias de su credencial de elector o de su identificación oficial (pasaporte o cédula profesional).

Además, destacó que como parte de las actividades de la “Jornada Nacional por la Defensa de la Escuela Pública y sus Maestros” emprendida por un SNTE, que se mantiene en sesión permanente desde diciembre pasado.

Ocampo Bedolla señaló que se ha determinado el inicio de los amparos en contra de las modificaciones jurídicas que no sólo tienen un matiz privatizador, sino también resultan en una lesión directa a los derechos laborales de los maestros. “No tememos a la evaluación, pero no podemos condicionar la permanencia de los docentes a un instrumento que no ha sido diseñado ni expuesto a los trabajadores”, manifestó.

Y reiteró que la reforma “amenaza nuestra estabilidad laboral y nos generará incertidumbre en el empleo.  Al otorgar a una ley reglamentaria la posibilidad de generar los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional, lo que sin duda abre la puerta a acciones que violen los derechos de los trabajadores de la educación”.

La Crónica, 12 de enero.

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