La Cámara baja analiza iniciativa de reforma educativa de Peña

La  de Diputados recibió ayer la iniciativa de reforma educativa del Enrique Peña Nieto que hace obligatoria la evaluación de los docentes y acaba con la herencia de cargos en el magisterio, además de que propone elevar a rango constitucional las disposiciones que permitirán dotar al Sistema Educativo Nacional de los que impulsen su mejoramiento y aseguren la superación de los obstáculos que lo limitan.

El documento, que de inmediato fue turnado a para su , señala que para alcanzar ese mejoramiento en la calidad educativa se establecen las bases para crear un servicio  docente y constituir el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, como  constitucional autónomo.

La iniciativa de reforma educativa contiene un anexo del documento suscrito por los dirigentes del PRI, PAN y PRD, en el que consta que presenciaron como testigos de honor la  de esa iniciativa, el lunes, por parte del presidente Enrique Peña Nieto.

El documento señala la necesidad de elevar a rango constitucional las disposiciones que permitirán dotar al Sistema Educativo Nacional de los elementos que impulsen su mejoramiento y aseguren la superación de los obstáculos que lo limitan.

Con ese objetivo se establecen las bases para crear un servicio profesional docente y constituir el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, como órgano constitucional autónomo.

De manera adicional a esos dos aspectos, se señala que el Congreso de la Unión y las autoridades competentes deberán prever al menos la creación de un Sistema de Información y Gestión Educativa.

También propone el fortalecimiento de la formación continua de los maestros, así como la expedición de normas que permitan fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas, establecer las de tiempo completo, impulsar el suministro de alimentos nutritivos y prohibir los que no favorezcan la salud de los educandos, llamados “chatarra”.

Asegura que en la actualidad, la asignación de puestos en todos los niveles del sistema no corresponde a un procedimiento que otorgue seguridades suficientes de que las personas que ocupen los cargos de dirección y supervisión sean las idóneas para esas funciones.

Por esa razón, establece la necesidad de incorporar dentro de un servicio profesional docente a quienes desempeñen funciones de dirección y supervisión en la educación básica y media superior que imparte el Estado.

Al hacer alusión a funciones de supervisión, se considera a quienes cuentan con el nombramiento de supervisor, inspector, jefe de zona o de sector de inspección o cualquier otro cargo equivalente que efectivamente realice funciones de supervisión.

También señala que el servicio profesional docente debe fijar las reglas de aplicación nacional para el ingreso, promoción y permanencia en la educación básica y media superior que imparta el Estado.

Luciano Franco, La Crónica, 12 de diciembre.

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