Chuayffet descarta la posibilidad de pactar o diferir el exame

El secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, aclaró que la evaluacióneducativa será una obligación y advirtió que no existirá posibilidad de pactar o diferirla.

En el anuncio de la reforma al artículo 3 de la Constitución, cuya presentación y firma por parte del presidente Enrique Peña Nieto fue atestiguada por los líderes de los partidosrepresentados en el Congreso, el funcionario estableció que de aprobarse esta iniciativa, el Constituyente Permanente será el que adopte decisiones que ya no pueden postergarse.

Y enlistó: “Uno. La obligación de la evaluación que no es potestativa y que producirá consecuencias jurídicas; dos, la no sujeción de la evaluación a caprichos o a interesesparticulares; tres, la imposibilidad de pactar o diferir la evaluación y cuatro, el ajuste obligatorio de ésta a los criterios que fije un órgano autónomo confiable, propuesto por el Ejecutivo y aprobado por el Senado”.

Tras mencionar que la reforma educativa sería la primera iniciativa del Ejecutivo que se presentaría como resultado derivado del Pacto por México, aclaró que “no se trata de presentar un catálogo de buenas intenciones, sino de ofrecer una relación de compromisos sujetos a la pública y permanente verificabilidad”.

Calificó a la SEP como un archipiélago y se pronunció por  “revisarla críticamente, para que vuelva  a ser la dependencia del Ejecutivo federal que ejerza la rectoría del Estado en la materia”.

Desde el vestíbulo del Museo de Antropología, el titular de Educación añadió funciones a la dependencia: “Que diagnostique los problemas, establezca las metas y los objetivos, elija la pertinencia de las estrategias y dé seguimiento puntual a las evaluaciones, y ayude así, a hacer renacer un sentimiento social como el que caracterizó al gran periodo de la emoción colectiva en México, desde 1920”.

Detalló que la iniciativa propone un sistema profesional de docentes, pues ellos son los protagonistas del proceso y es obligación del Estado darles certidumbre en su ingreso, en su permanencia y en la promoción del servicio.

De igual forma, la iniciativa propone declarar nulos los ingresos y promociones que no se realicen conforme a la ley, ya que durante mucho tiempo “la discrecionalidad” dejó de lado a miles de maestros con preparación y capacidad necesarias para acceder a los cargos de dirección y supervisión.

La iniciativa propone dotar de autonomía constitucional a un Instituto Nacional de Evaluación para la Educación.

A juicio de Chuayffet, “profesionalización y evaluación requieren de información homogénea y confiable, que se actualice permanentemente, y que, lamentablemente, no existe en el país”.

 Ante esta carencia se propone crear el Sistema de Operación y Gestión Educativas, estableciendo la obligación del INEGI para realizar, de inmediato, un registro nominal de escuelas, profesores y estudiantes, a fin de contar con una plataforma directa entre autoridades y directores de los planteles.

“La reforma, lo digo claramente, respetará íntegramente los derechos individuales y colectivos del magisterio. Pero con la ley en la mano, vigilará que cada agente educativo cumpla estrictamente con lo que le reserva específicamente la norma”, advirtió.

EN VOZ DE LOS PARTIDOS. En su mensaje, el líder del PRD, Jesús Zambrano, quien expuso sus ideas a título personal, lamentó que durante mucho tiempo “una camarilla que, con un liderazgo que hizo de la educación básica y de la organización sindical de los trabajadores de la educación, para decirlo como lo pienso llanamente, lo hizo su botín”.

Agregó que ello se constituyó “en la traba principal para elevar la calidad de la educación, que ha retado, en múltiples ocasiones, al Estado mexicano, a distintos gobiernos federales y estatales, y que se ha constituido en un obstáculo, también, para el desarrollo democrático en general, y del sindicalismo en particular”.

En su turno, la presidenta interina del PRI, Cristina Díaz Salazar, dijo que de aprobarse la iniciativa, la educación de nuestros escolares estará en manos de aquellos que demuestren ser los mejores para enseñar.

“Necesitamos, como aquí se dijo, de nuevas reglas que incluyan, de manera determinante, el ingreso, la transparencia y la profesionalización de los docentes que demuestre su permanencia en el progreso educativo y en el mérito de su trabajo y no por herencia, y no por prebendas, no por compromisos”, señaló.

Por su parte, el PAN en voz de Gustavo Madero, admitió que hay escepticismos, que hay desconfianza y que eso lo debemos de erradicar con acciones y con resultados rápidos y contundentes.

Cecilia Téllez Cortés, La Crónica, 11 de diciembre,