Cabildeo por "chatarra" presiona en el Congreso


La comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó elevar a rango constitucional la prohibición de vender en todas las escuelas alimentos“que no favorezcan la salud de los educandos”, a pesar de las presiones de cabilderos que representan a empresas privadas dedicadas a la producción deproductos alimenticios altos en grasas y azúcares.
“Hoy en la reforma de educación ya establecimos las reglas del cómo vamos a trabajar en ella. Los tres partidos mayoritarios vamos a establecer la ruta depolítica pública del Estado sin aceptar presiones de nadie”, aseguró el diputado perredista Fernando Zárate, quien admitió que los cabilderos intentaron detener la aprobación de este artículo en el dictamen.
La propuesta del Presidente avalada por todos los partidos políticos y consensada con sectores inmersos en la educación, prevé incluir en el artículo tercero constitucional el tema de la alimentación de los educandos.
Desde las primeras horas de ayer, diputados al frente de órganos legislativos aseguraron que los cabilderos intentaban frenar el contenido del artículo quinto transitorio de la propuesta relacionada con la obligatoriedad de contar con alimentos sanos en las escuelas de tiempo completo que lo requirieran. Dicho artículo también planteaba la prohibición expresa a los alimentos chatarra.
“Prohibir en todas las escuelas los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos. Al efecto, el Poder Legislativo hará las adecuaciones normativas conducentes y preverá en ella los elementos que permitan al Ejecutivo Federal instrumentar esta medida. El Ejecutivo la instrumentará en un plazo de 180 días naturales, contando a partir del día siguiente de la entrada en vigor de las normas que expida el Congreso”, se lee en el artículo quinto transitorio fracción III inciso “C”.
Ya por la tarde, la Comisión de Puntos Constitucionales comenzó a sesionar con la intención de aprobar el dictamen de reformas al artículo tercero constitucional, una propuesta enviada por Ejecutivo federal a principio de la semana.
Luego de casi cuatro horas de discusión, la diputada Julisa Mejía, del PRD, propuso retirar la prohibición —es decir, borrar el articulado— bajo el argumento de que no “es un tema para la Constitución”.
Sin embargo, los diputados rechazaron la propuesta.
Al término del encuentro, el diputado Fernando Zárate reconoció las presiones a las que estuvieron sujetos y aseguró que pese a que San Lázaro cuenta con una regulación para los cabilderos, éstos no la respetan: “No lo están respetando, hay muchas personas que entran (a buscarnos) a los restaurantes, a distintos foros con el propósito de generar influencia para no aumentar los impuestos”.
Los mecanismos de presión, dijo, van desde solicitud de entrevistas con los diputados, hasta llamadas telefónicas y hostigamiento en redes sociales.
Según el reglamento para el ejercicio profesional de los cabilderos —que previamente pasaron por procesos de registro— en San Lázaro, se definió como toda actividad que se haga ante cualquier diputado, órgano o autoridad de la Cámara, en lo individual o en conjunto, para obtener una resolución o acuerdo favorable a los intereses propios o de terceros.
“Los interesados que hayan obtenido su registro deberán portar en todo momento durante su estancia en el recinto la acreditación que le sea otorgada la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, guardar el respeto a los legisladores, las comisiones, personal técnico y administrativo, así como al recinto. “El desarrollo del cabildeo está sujeto al respecto a los recursos legítimos marcados en la Constitución y la ley para desempeñar sus funciones”, determina el artículo 12 del reglamento recién publicado hace unos meses.
Otros cambios
La Comisión de Puntos Constitucionales eliminó la propuesta de facultar al presidente de la República para nombrar al titular del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
A propuesta del diputado Zárate, serán los integrantes de la Junta de Gobierno de dicho instituto los encargados de elegirlo. Para que el nombramiento sea válido requerirá los votos a favor de tres de los cinco integrantes, como funciona en otros órganos, como el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
Dichos integrantes serán propuestos por el Ejecutivo y deberán contar con la aprobación de las dos terceras partes del Senado, que tendrá 30 días naturales para procesar el aval.
El dictamen aprobado también contempla dotar de autonomía al Instituto y crear un servicio profesional docente.
Los diputados también incorporaron al principio de transparencia como rector de las actividades del Instituto y tomar en cuenta a los padres de familia al momento de evaluar los planes de estudio.
Julio César Moreno, presidente de la Comisión aseguró que la reforma acotará la práctica de vender o heredar plazas pues establece un servicio profesional docente.
El legislador agregó que la intención es que el pleno discuta el dictamen, el próximo martes.
Francisco Nieto, El Universal, 14 de diciembre.

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