Ve Gobernación error en ruptura

La titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Omeheira López, consideró errático que organizaciones civiles hayan abandonado la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos (CPGMDH).

"Es un espacio y una mesa de construcción para la sociedad civil, es un espacio de diálogo frontal con las dependencias del Gobierno federal.

"El peor error es romper el diálogo, creo que la mejor forma de encontrar una solución es dialogando y consensando. Es lógico tener diferencias y puntos de vista contrarios, pero eso es parte de la libertad", dijo en entrevista.

Señaló que actualmente existen 150 organizaciones que conforman la CPGMDH, y que la Segob solamente tiene el registro del retiro formal de una de ellas, que es la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, organismo con el que, aseguró, siguen trabajando en otros espacios.

Informó que las 12 subcomisiones de la CPGMDH sesionan ordinariamente y que a la última sesión ordinaria de la Comisión, en diciembre, acudieron 80 organizaciones.

No obstante, admitió que algunas organizaciones han decidido no presentarse a las sesiones, pero, insistió, mantienen un vínculo con la Segob.

La funcionaria señaló que existe una propuesta para incluir estos espacios en la Comisión.

"(Las organizaciones) no han roto el diálogo y no se han retirado, porque seguimos trabajando en forma conjunta, con diferentes objetivos. Si logramos todos subir a en un sólo espacio dejaremos de tener espacios paralelos por todas partes", mencionó.

Señaló que algunas de las políticas que han surgido de la comisión son el plan de educación en derechos humanos, la especialización de intérpretes de lenguas indígenas para procesos judiciales y un programa gerontológico.

 
Alistan mecanismo para defensores
 
 
El mecanismo de protección a defensores de derechos humanos que coordina la Secretaría de Gobernación (Segob) deberá estar listo este mes, aseguró Omeheira López.

Según López, el mecanismo ya cuenta con un proyecto de lineamientos que está en consenso con las organizaciones, entre ellos, que el mecanismo responda máximo 36 horas después de que alguien haga una denuncia. 


Silvia Garduño, Reforma, 26 de febrero.