El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, advirtió que no debe ignorarse que existen grupos delincuenciales interesados en interferir en los comicios y, por ello, de cara a la elección presidencial del 1 de julio, el gobierno federal se coordinará para garantizar que se realicen en paz.
Cuando se le preguntó sobre el curso de las pesquisas de los 25 millones de pesos encontrados a funcionarios del gobierno de Veracruz y la supuesta investigación a tres ex gobernadores de Tamaulipas, reiteró que la administración federal “no hace ni hará jamás uso político de la justicia, pero existe la obligación del Ministerio Público de actuar conforme a la información que obra en su poder, tiene obligaciones de ley y tiene también responsabilidades respecto a denuncias que se pueden presentar o de hechos que se pueden presentar también”.
Poiré dijo que el gobierno sigue trabajando con el IFE en la identificación de posibles incidentes o elementos de riesgo, así como zonas que requieren mayor atención en torno a la participación del crimen organizado en los próximos meses y respecto a la seguridad de los candidatos presidenciales.
“No podemos ignorar el hecho de que pueden existir elementos de la delincuencia con el interés de incidir, con el interés de perturbar distintos procedimientos, la labor del gobierno federal es la de coordinarse bien con las autoridades competentes y sancionar a los responsables de estos delitos, así lo estamos haciendo de cara a la elección federal de 2012 y así lo estamos identificando en aquellas áreas en las que se trata de un caso, como lo hemos visto con toda claridad, de injerencia de la delincuencia organizada”, dijo.
El titular de la Segob también garantizó que se continuará con la investigación y se llegará al fondo, castigando a los responsables, respecto a las denuncias de uso de recurso público y espionaje telefónico en la contienda interna del PAN para elegir a su candidato presidencial.
En la conferencia donde Poiré aseguró que para el gobierno no existe disyuntiva entre el respeto a los derechos humanos y la seguridad pública, el funcionario anunció también que en tanto el Congreso aprueba la desaparición del fuero militar, se buscará, caso por caso, se decline esta posibilidad y sea un juez civil el encargado de juzgar a elementos de la milicia en casos de denuncias por violaciones a derechos humanos.
Además informó que la dependencia a su cargo acelerará la elaboración de una base de datos de personas desaparecidas y señaló que el gobierno federal carece de cifras al respecto, independientemente de las dadas a conocer por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
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