Quiere FCH criminalizar el proceso electoral: PRI

La dirigencia nacional del PRI denunció ayer que el gobierno federal pretende remover, "de manera poco clara y en un momento crucial", al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), José Luis Vargas Valdez, en una medida orientada a criminalizar los procesos electorales, en particular el de renovación de la Presidencia de la República.

Es inadmisible que la Fepade se convierta en un instrumento de esta política tendiente a criminalizar los procesos electorales y vehículo "para la persecución aviesa e ilegal de candidatos y partidos de oposición al gobierno", manifestó.

En conferencia de prensa, acompañado por el vocero Eduardo Sánchez y el director Jurídico Raúl Cervantes, el presidente nacional de este partido, Pedro Joaquín Coldwell, dio a conocer que envió ya una carta a la procuradora general de la República, Marisela Morales, en la cual expone la inconveniencia de cambiar al titular de la Fepade cuando ya está en curso el proceso electoral.

"Nos parece que sería grave la designación de un nuevo fiscal que no cumpla con los criterios de imparcialidad y legalidad que corresponden a la Fepade e igualmente, nos interesa conocer las causas por las cuales se removería al actual fiscal", asentó en su misiva el dirigente priista.

Precisó que el cambio en la Fepade tiene la finalidad de beneficiar al PAN y atacar al PRI y que la carta a la titular de la PGR busca que la funcionaria se pronuncie sobre las versiones de cambio de Vargas Valdez.

En la conferencia de prensa, Coldwell declaró que si el tono de confrontación se ha tornado "más alto" entre partidos y candidatos, eso se debe precisamente a que el gobierno federal busca "criminalizar" los procesos electorales.

Explicó que mediante tal criminalización se persigue tender cortinas de humo y desviar la atención de la "dura realidad" que vive el país.

Demandó que la PGR demuestre las acusaciones formuladas en contra de los ex gobernadores de Tamaulipas Manuel Cavazos, Tomás Yárrington y Eugenio Hernández, a quienes mediante filtraciones se ha acusado de vinculación con el crimen organizado.

La investigación correspondiente, dijo, "muy fácil de realizar" por la PGR y debe dar resultados en el corto plazo.

"Ciertamente los discursos han tomado un tono más alto en los últimos días. Por parte del PRI lo que estamos señalando son diagnósticos de la realidad económica y social por la cual está atravesando el país", dijo Coldwell.

Y advirtió que si el gobierno persiste en su proceder pondrá en duda el proceso electoral y afectará la credibilidad de las instituciones.

Por ahora ya se ha visto un uso faccioso de la justicia para afectar a los contrincantes del PAN, como al PRD con el llamado "michoacanazo", lo que los lleva a pensar que las acusaciones contra los ex mandatarios tamaulipecos constituyen un nuevo intento de acusar sin pruebas y por motivos electorales.

Por último, el dirigente priista hizo notar que, desde luego, "el Presidente de la República tiene facultades para nombrar un nuevo titular de la Fepade, pero si lo hace en una decisión que no explique las razones del cambio y llegara a nombrar en sustitución del actual titular a un funcionario a modo para manipular las investigaciones sobre irregularidades electorales a lo largo de la campaña, esto contribuiría a un deterioro del clima político".

Y de prevalecer la campaña contra los adversarios políticos, "minaría la confianza de las instituciones y creo que pondría en duda las credenciales democráticas del gobierno", finalizó.


Luciano Franco, La Crónica, 14 de febrero.

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