Partidos chocan con el IFE por debates en medios de comunicación


La aprobación del documento que contiene las respuestas a las dudas de los concesionarios de radio y televisión para efectuar debates en sus emisoras motivó la ruptura entre gran parte de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) y la mayoría de los partidos políticos, con excepción del Partido Acción Nacional (PAN). En protesta porque los consejeros hicieron caso omiso a su petición de devolverlo a comisiones para alcanzar un consenso, por primera vez en la historia, los partidos decidieron abandonar la sesión para romper el quórum deliberadamente, pero no impidieron su aprobación por 6 votos contra 3, con lo que se avalan los debates en medios de comunicación.
Para entonces habían ya transcurrido cinco horas en los que la mayoría de los partidos habían cuestionado la ambigüedad en varias de las 17 respuestas a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (Cirt), que se contenían en el documento circulado por la secretaría ejecutiva. Ante sus inquietudes, algunos consejeros que coincidían en su argumentación habían solicitado retirar el punto de la discusión, pretensión que no prosperó y propició la salida de los partidos, que calificaron a los consejeros de autoritarios
Estamos aquí siete partidos, señor presidente, y a seis de ellos se nos niega el derecho de ser escuchados, y antes de que comience la votación hemos tomado la decisión de retirarnos, dijo el representante del Partido del Trabajo, Silvano Garay.
Previamente cabildeada la salida, todos los representantes arremetieron, con matices, contra la consejeros ante la inminente votación: Hemos decidido no ser testigos de una discusión en la que no han tenido la generosidad de construir los consensos con los partidos políticos, dijo el priísta Sebastián Lerdo de Tejada.
El perredista Camerino Márquez sugirió que se postergara 72 horas la aprobación para discutirse en el seno de la comisión especial que se instalará el viernes, en tanto la representante del Verde Ecologista, Sara Castellanos, lanzó: jamás se había visto tanto desprecio hacia los partidos. Tras anunciar su retiro, el representante de Nueva Alianza, Luis Antonio González Roldán, solicitó que se verificara el quórum una vez que se retiraran.
Solitario, el panista Guillermo Bustamante denunció que se trataba deun chantaje sin ningún sustento, porque las consecuencias de este documento solamente son para el PAN, que es el único que tiene precampañasen marcha. Mencionó que el acuerdo incluía un capítulo donde también se aclaraba la consulta que a su vez hizo el blanquiazul sobre la transmisión de debates en medios de comunicación.
Verificada la ruptura del quórum, el consejero presidente, Leonardo Valdés, convocó a reanudar la sesión en media hora, como lo determina el reglamento, para poder votar el punto aun sin la presencia de los representantes. En ese lapso, entre pasillos, hubo reacciones encontradas entre los consejeros, desde quienes lo consideraron un chantaje inadmisible para la autoridad por pretender inmovilizarla, hasta quienes estimaron un gran error pretender votar sin el consenso ni la presencia de los partidos.
Media hora después de la interrupción, los consejeros regresaron al salón de sesiones. Promotora original de la propuesta de retirar el punto, al reanudarse la sesión la consejera Macarita Elizondo se retractó: la razón no se impone ni con la presencia, ni mucho menos con su ausencia, sino con el diálogo. La ausencia no puede impedir la toma de decisiones de este alto cuerpo colegiado que organiza una elección, explicó. Inconforme con que se votara el documento sin buscar los consensos con los partidos, el consejero Marco Antonio Baños retomó la propuesta de retirar el punto, misma que saldría derrotada.
Antes de que los partidos intentaran reventar la sesión, el debate se centró en la presunta ambigüedad de las 17 respuestas a la consulta de la Cirt, en tanto los defensores del proyecto subrayaban la reivindicación de la libertad periodística que se desprendía del documento, restringiendo los debates sólo en los casos en que hubiera una adquisición ilegal de tiempos en radio o televisión.
En defensa del proyecto Valdés sostuvo que no hay democracia cuando no hay libertad de expresión; transformar el debate en promoción política es transgredir el marco de la ley, al tiempo que recordaba que el IFE nunca se ha opuesto a su realización en medios de comunicación. En respaldo de su postura hablaron los consejeros Alfredo Figueroa, Lorenzo Córdova, María Marván y Sergio García Ramírez.
No obstante, su pretensión de aprobarla fue puesta en duda por Benito Nacif, quien cuestionó que del acuerdo se desprende que el IFE se arroga la facultad de determinar cuándo se trataba de periodismo genuino o legítimo para poder efectuarlos. A su vez, el consejero Francisco Guerrero dijo que la ambigüedad de las respuestas colocaba una espada de Damocles a los comunicadores.
Entre los puntos donde los partidos políticos fueron más enfáticos en cuestionar la ambigüedad destacó el relacionado con la posibilidad de que los medios organizaran debates en el periodo de intercampaña (del documento se desprendía que los medios de comunicación no tenían responsabilidad legal alguna, pero los aspirantes sí podrían incurrir en actos anticipados de campaña) y otro asociado a la posible participación de precandidatos únicos en debates.
Al final sólo se introdujo un cambio relevante, al expresar claramente que no habrá debates durante el periodo de intercampañas. El acuerdo aprobado será impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por los seis partidos que se retiraron de la sesión.
Alonso Urrutia, La Jornada, 2 de febrero.

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