La Habana, 5 de febrero. Con una fórmula de caída suave, el Partido Comunista de Cuba (PCC) acordó su propia retirada del manejo directo de las empresas y el gobierno, con lo cual abrió paso a la mayor restructuración en las piezas clave del sistema político de la isla.
La Conferencia Nacional, que sesionó el 28 y el 29 de enero, introdujo en su acuerdo final un párrafo que marca un cambio sin precedente en la operación del PCC:
eliminar en los métodos y el estilo de trabajo del partido la interferencia y suplantación de funciones y decisiones que corresponden al gobierno y a las instituciones administrativas.
El giro, ya reclamado el año pasado por el presidente Raúl Castro, rompió con una tradición, según la cual el partido único tenía la última palabra en las decisiones relevantes en todos los niveles, incluso en la administración, la economía y materias especializadas.
En el mismo párrafo, que no aparecía en el borrador, el PCC recibió la misión de ejercer su tarea de
dirección y control, mediante la comprobación de la implementación adecuada y el cumplimiento de los acuerdosdel sexto Congreso. Es decir que tendrá que actuar a favor de la reforma económica.
En la reunión, el general Jorge Luis Guerrero, jefe de personal del gobierno, anunció que las escuelas regionales del PCC, que antes se concentraban en la difusión del marxismo, iniciarán diplomados de administración y dirección empresarial para mil 100 funcionarios públicos de provincia y directivos de empresas nacionales.
Esa nueva área de formación se inició en octubre pasado, cuando se abrió la Escuela Superior de Cuadros del Estado y del Gobierno, que inició los mismos diplomados con 150 estudiantes.
La conferencia fue a puerta cerrada, pero la semana anterior la televisión difundió parte de las sesiones y se publicaron el documento final (Objetivos de trabajo) y los dictámenes.
El tono de la resolución final es ponderado, sugiere que el reacomodo de piezas se realizará en forma ordenada, sin sobresaltos y aún declara al partido único
fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, como dice la Constitución.
Sin embargo, Castro dijo el 29 de enero que el PCC dirige el gobierno
mediante el control y este término debe entenderse en la acepción de comprobar, examinar y revisar, nunca en el sentido de intervenir o mandar.
Un ejemplo es la ejecución de la reforma, que no está a cargo del PCC, sino de una especie de super-ministerio que dirige el vicepresidente Marino Murillo, principal expositor de la nueva política económica.
En la misma línea de ajustes suaves, la conferencia resolvió una interrogante que había surgido con la reforma: si la opción, ahora legal, de que un particular contrate personal asalariado, viola o no el mandato constitucional que prohíbe
la explotación del hombre por el hombre.
Respondió Caridad Diego, integrante del comité central del PCC y jefa de la Oficina para la Atención de Asuntos Religiosos. Explicó que el artículo 14 de la Constitución
establece la propiedad del Estado sobre los medios de producción, por lo cual las nuevas medidas introducidas en el modelo económico cubano no están en confrontación con ella, independientemente de que la contratación de un trabajador por cuenta propia no le quita sus derechos. Contratarlo y usar su fuerza laboral no significa que se le explote.
Aún es una incógnita cómo será el reciclamiento de funciones del PCC, pero en la vonferencia surgieron algunas pistas. Sus dirigentes fueron invitados a presentar la renuncia y sus militantes a separarse, cuando lo consideren necesario, contra la práctica anterior de permanecer en las filas y en los cargos en forma indefinida.
La reunión refrendó la iniciativa de Castro de fijar un máximo de dos periodos de cinco años cada uno para los cargos principales en el partido y las instituciones públicas.
El PCC tendrá que adecuar su burocracia según sus tareas
actuales y futuras. Un primer recorte del aparato ocurrió en 2010, cuando desapareció la estructura del que se conoció como Departamento América y que llegó a integrar una virtual diplomacia paralela para el hemisferio.
La conferencia tenía capacidad para elegir miembros del comité central, pero no lo hizo. Ese organismo quedó facultado para
cooptar(designar) hasta un 20 por ciento el número de integrantes de esa instancia de dirección nacional, que ahora tiene 114 miembros.
El acuerdo permitirá los relevos en la cúpula partidaria en forma discrecional. También es posible que el nuevo escenario facilite cambios previstos para compactar la estructura del gobierno.
Gerardo Arreola, la Jornada, 6 de febrero.
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