La dependencia que encabeza Javier Lozano Alarcón informó que entre los planteamientos que integra la propuesta de reforma a la normatividad laboral, se encuentra la aplicación de sanciones monetarias a los patrones que exijan certificados de ingravidez para la contratación, permanencia o ascenso en el empleo.
Además, en caso de hostigamiento sexual, la trabajadora tendrá derecho a rescindir la relación laboral y a una indemnización, mientras que también se impondrá una sanción al empleador.
A pesar de que la STPS consideró positivo la propuesta de los legisladores panistas, para la Unión de Juristas de México, la iniciativa es “innecesaria, regresiva y perjudicial para la economía y los trabajadores mexicanos”.
La organización que preside Eduardo Miranda Esquivel, aseguró que la iniciativa intenta la modificación, adición o supresión de cuando menos 429 artículos de los 1010 que actualmente componen la Ley Federal del Trabajo.
Además, según la UJM, los cambios a la LFT buscan adelgazar la responsabilidad social del Estado, suprimir su papel rector en el desarrollo económico y desregular el marco legal para ajustarlo al del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
“Las intenciones de fondo de la reforma son la parte más peligrosa y perjudicial, ya que repercuten regresivamente en los derechos individuales y colectivos vigentes, involucionando los principios sociales y tutelares del derecho mexicano del trabajo, anular la estabilidad en el empleo, mediante la inclusión de nuevas modalidades de contratación a prueba, por temporada y capacitación inicial”, precisó la Unión de Juristas.
México • Mariana Otero, Milenio, 22 de marzo.
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