El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero anunció ayer que ha pedido explicaciones a Venezuela después de un juez español, Eloy Velasco, denunciara que hay indicios de vínculos del gobierno de Hugo Chávez con las FARC y con ETA, en el intento de ambas organizaciones terroristas para cometer atentados contra personalidades colombianas. Entre los potenciales objetivos contra los que se pretendía atentar, según el magistrado, estaban el actual presidente colombiano, Álvaro Uribe, y su antecesor, Andrés Pastrana.
En el auto de procesamiento del juez contra seis etarras y siete guerrilleros de las FARC hay evidencias “que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entra las FARC y ETA y en especial de [el etarra] Arturo Cubillas Fontán, que tiene o ha tenido un cargo público en ese país”, denuncia Velasco.
Cubillas, casado con una ciudadana venezolana y que ocupó varios cargos públicos desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999, es señalado también por el juez como “responsable del colectivo de ETA en esa zona de América desde 1999, encargándose de coordinar las relaciones con las FARC”.
Según el magistrado, “fruto de sus gestiones”, entre el 14 de julio y el 12 de agosto de 2003 varios miembros de las FARC impartieron adiestramiento en fabricación de granadas, morteros y hasta misiles tierra-aire en la región de Zulia, fronteriza con Venezuela, a cuatro etarras.
Como contrapartida a todo ello, el juez sostiene que ETA se comprometió a localizar en España “objetivos colombianos” para las FARC, como el dos veces alcalde de Bogotá Antanas Mockus, la que fuera embajadora en Madrid Noemí Sanín, el que fuera vicepresidente Francisco Santos o los ya mencionados Pastrana y Uribe, entre otras personalidades.
Prudencia de Uribe. Por su parte, el presidente colombiano, Álvaro Uribe, abogó desde Uruguay por la “prudencia” y por actuar a través de los “canales diplomáticos” ante el señalamiento del juez español.
Uribe coincidió con Chávez en la toma de posesión de José “Pepe” Mujica como nuevo gobernante de Uruguay.
En el auto de procesamiento del juez contra seis etarras y siete guerrilleros de las FARC hay evidencias “que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entra las FARC y ETA y en especial de [el etarra] Arturo Cubillas Fontán, que tiene o ha tenido un cargo público en ese país”, denuncia Velasco.
Cubillas, casado con una ciudadana venezolana y que ocupó varios cargos públicos desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999, es señalado también por el juez como “responsable del colectivo de ETA en esa zona de América desde 1999, encargándose de coordinar las relaciones con las FARC”.
Según el magistrado, “fruto de sus gestiones”, entre el 14 de julio y el 12 de agosto de 2003 varios miembros de las FARC impartieron adiestramiento en fabricación de granadas, morteros y hasta misiles tierra-aire en la región de Zulia, fronteriza con Venezuela, a cuatro etarras.
Como contrapartida a todo ello, el juez sostiene que ETA se comprometió a localizar en España “objetivos colombianos” para las FARC, como el dos veces alcalde de Bogotá Antanas Mockus, la que fuera embajadora en Madrid Noemí Sanín, el que fuera vicepresidente Francisco Santos o los ya mencionados Pastrana y Uribe, entre otras personalidades.
Prudencia de Uribe. Por su parte, el presidente colombiano, Álvaro Uribe, abogó desde Uruguay por la “prudencia” y por actuar a través de los “canales diplomáticos” ante el señalamiento del juez español.
Uribe coincidió con Chávez en la toma de posesión de José “Pepe” Mujica como nuevo gobernante de Uruguay.
La Crónica, 2 de marzo.
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