Madrid, 2 de marzo. El embajador de Venezuela en España, Isaías Rodríguez, negó “rotundamente” la supuesta participación de su país “en actos que tengan que ver con terrorismo”, al rechazar las acusaciones de un magistrado español de que Caracas brindaría apoyo a una alianza entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la organización armada vasca ETA.
Explicó que en el auto judicial, dado a conocer el pasado lunes por el juez instructor Eloy Velasco, “se hacen señalamientos inaceptables de naturaleza y motivación política”, al tiempo que subrayó que “hay más conjeturas que conclusiones reales” en una reconstrucción de los hechos basada esencialmente en la información obtenida de la computadora del abatido líder guerrillero colombiano Raúl Reyes.
“Inexplicablemente este ordenador (computadora) se ha convertido en una caja de Pandora de donde sale cualquier cantidad de información de la que no sabríamos cómo se explica la verosimilitud que se le ha querido dar y asignar”, señaló, en referencia al citado archivo del número dos de las FARC incautado tras su muerte durante el ataque colombiano del primero de marzo de 2008 en suelo ecuatoriano.
Rodríguez puntualizó que Venezuela es “una nación pacífica” que trabaja en “un proceso socialista y humanista absolutamente democrático” y alejado “de cualquier acción que pueda implicar actos de terrorismo”. Por tanto, acotó, “desestimamos, rechazamos cualquier presunción que pudiera existir sobre la cooperación en actos de terrorismo”.
Las conclusiones de Velasco, un juez vinculado a lo largo de su carrera al sector más conservador y que incluso hizo carrera política con el Partido Popular (PP), sostienen que el gobierno del presidente Hugo Chávez apoyó a las FARC y a ETA, que querían atentar en España contra Andrés Pastrana, ex presidente colombiano, y el actual mandatario Álvaro Uribe, entre otros personajes.
El canciller español, Miguel Ángel Moratinos, informó que la reacción oficial de España se dará cuando tengan “todos los datos”, al detallar una conversación telefónica que mantuvo con Chávez y con su par venezolano, Nicolás Maduro, quienes le transmitieron su “rechazo a las acusaciones que se vertieron sobre las distintas actuaciones” y se comprometieron a “aclarar plenamente” la situación.
El opositor y conservador PP propuso al Ejecutivo español del socialista José Luis Rodríguez Zapatero adoptar “medidas contundentes”, y añadió que debe “plantearse seriamente romper relaciones con Venezuela” si se confirman las hipótesis del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, de una supuesta trama entre ETA, las FARC y el gobierno de Hugo Chávez.
Antes de que se aclarase la solvencia de estas graves acusaciones, el PP lanzó una auténtica ofensiva política. Su secretaria general, María Dolores de Cospedal, instó a “plantearse seriamente romper relaciones con Venezuela”, además de que la derecha española también solicitó la comparecencia de Moratinos y pidió llamar a consultas del embajador español en Caracas, paso previo a una ruptura de relaciones.
La resolución del magistrado español provocó una nueva escalada en la tensión diplomática entre España y Venezuela, dos países que en los últimos años han tenido una relación difícil, sobre todo a partir del golpe de Estado fallido contra Hugo Chávez en abril de 2002, que fue apoyado por el entonces presidente del gobierno español José María Aznar.
Después, ya con Rodríguez Zapatero en la presidencia, vivieron un nuevo distanciamiento con el exabrupto del rey español, Juan Carlos, cuando mandó callar al mandatario venezolano en una Cumbre Iberoamericana en Chile de noviembre de 2007. Sin embargo, ante la prensa, el canciller Moratinos evitó responder si podría repetirse esa crisis.
Desde Montevideo, el presidente Hugo Chávez desestimó las denuncias del magistrado español. “Nosotros no apoyamos a las FARC ni a ETA ni a las guerrillas ni al terrorismo”, y agregó que su relación es con los gobiernos de todo el mundo. Ironizó que a su país se la ha acusado de albergar células de Hezbollah y de que “Bin Laden casi está en Venezuela” o que con Irán “estamos construyendo una bomba atómica”.
El mandatario expresó que “eso es para reírse, yo espero que la gente inteligente de este mundo le dé a estas informaciones el puesto que tiene que darle”.
En tanto, el gobierno de Colombia dijo a través de su canciller Jaime Bermúdez que permanecerá atenta a la investigación de la Audiencia Nacional de España y en espera de que Venezuela dé una respuesta “satisfactoria” al juez español. Apuntó que en este momento Bogotá está comprometida en una interlocución directa con Caracas sobre seguridad, narcotráfico y comercio.
En otro orden, el embajador venezolano en Washington, Bernardo Álvarez, dijo que la Organización de Estados Americanos debería discutir la protección que Estados Unidos brinda al terrorista anticastrista Luis Posada Carriles y a otras personas solicitadas por la justicia venezolana, al responder a los senadores Richard Lugar y Christopher Dodd de que se discuta la “erosión” de la democracia venezolana.
El gobierno de Venezuela, además, calificó de “infamia” un informe estadunidense en que se acusa a Caracas de no colabor en la lucha antidrogas.
Explicó que en el auto judicial, dado a conocer el pasado lunes por el juez instructor Eloy Velasco, “se hacen señalamientos inaceptables de naturaleza y motivación política”, al tiempo que subrayó que “hay más conjeturas que conclusiones reales” en una reconstrucción de los hechos basada esencialmente en la información obtenida de la computadora del abatido líder guerrillero colombiano Raúl Reyes.
“Inexplicablemente este ordenador (computadora) se ha convertido en una caja de Pandora de donde sale cualquier cantidad de información de la que no sabríamos cómo se explica la verosimilitud que se le ha querido dar y asignar”, señaló, en referencia al citado archivo del número dos de las FARC incautado tras su muerte durante el ataque colombiano del primero de marzo de 2008 en suelo ecuatoriano.
Rodríguez puntualizó que Venezuela es “una nación pacífica” que trabaja en “un proceso socialista y humanista absolutamente democrático” y alejado “de cualquier acción que pueda implicar actos de terrorismo”. Por tanto, acotó, “desestimamos, rechazamos cualquier presunción que pudiera existir sobre la cooperación en actos de terrorismo”.
Las conclusiones de Velasco, un juez vinculado a lo largo de su carrera al sector más conservador y que incluso hizo carrera política con el Partido Popular (PP), sostienen que el gobierno del presidente Hugo Chávez apoyó a las FARC y a ETA, que querían atentar en España contra Andrés Pastrana, ex presidente colombiano, y el actual mandatario Álvaro Uribe, entre otros personajes.
El canciller español, Miguel Ángel Moratinos, informó que la reacción oficial de España se dará cuando tengan “todos los datos”, al detallar una conversación telefónica que mantuvo con Chávez y con su par venezolano, Nicolás Maduro, quienes le transmitieron su “rechazo a las acusaciones que se vertieron sobre las distintas actuaciones” y se comprometieron a “aclarar plenamente” la situación.
El opositor y conservador PP propuso al Ejecutivo español del socialista José Luis Rodríguez Zapatero adoptar “medidas contundentes”, y añadió que debe “plantearse seriamente romper relaciones con Venezuela” si se confirman las hipótesis del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, de una supuesta trama entre ETA, las FARC y el gobierno de Hugo Chávez.
Antes de que se aclarase la solvencia de estas graves acusaciones, el PP lanzó una auténtica ofensiva política. Su secretaria general, María Dolores de Cospedal, instó a “plantearse seriamente romper relaciones con Venezuela”, además de que la derecha española también solicitó la comparecencia de Moratinos y pidió llamar a consultas del embajador español en Caracas, paso previo a una ruptura de relaciones.
La resolución del magistrado español provocó una nueva escalada en la tensión diplomática entre España y Venezuela, dos países que en los últimos años han tenido una relación difícil, sobre todo a partir del golpe de Estado fallido contra Hugo Chávez en abril de 2002, que fue apoyado por el entonces presidente del gobierno español José María Aznar.
Después, ya con Rodríguez Zapatero en la presidencia, vivieron un nuevo distanciamiento con el exabrupto del rey español, Juan Carlos, cuando mandó callar al mandatario venezolano en una Cumbre Iberoamericana en Chile de noviembre de 2007. Sin embargo, ante la prensa, el canciller Moratinos evitó responder si podría repetirse esa crisis.
Desde Montevideo, el presidente Hugo Chávez desestimó las denuncias del magistrado español. “Nosotros no apoyamos a las FARC ni a ETA ni a las guerrillas ni al terrorismo”, y agregó que su relación es con los gobiernos de todo el mundo. Ironizó que a su país se la ha acusado de albergar células de Hezbollah y de que “Bin Laden casi está en Venezuela” o que con Irán “estamos construyendo una bomba atómica”.
El mandatario expresó que “eso es para reírse, yo espero que la gente inteligente de este mundo le dé a estas informaciones el puesto que tiene que darle”.
En tanto, el gobierno de Colombia dijo a través de su canciller Jaime Bermúdez que permanecerá atenta a la investigación de la Audiencia Nacional de España y en espera de que Venezuela dé una respuesta “satisfactoria” al juez español. Apuntó que en este momento Bogotá está comprometida en una interlocución directa con Caracas sobre seguridad, narcotráfico y comercio.
En otro orden, el embajador venezolano en Washington, Bernardo Álvarez, dijo que la Organización de Estados Americanos debería discutir la protección que Estados Unidos brinda al terrorista anticastrista Luis Posada Carriles y a otras personas solicitadas por la justicia venezolana, al responder a los senadores Richard Lugar y Christopher Dodd de que se discuta la “erosión” de la democracia venezolana.
El gobierno de Venezuela, además, calificó de “infamia” un informe estadunidense en que se acusa a Caracas de no colabor en la lucha antidrogas.
Armando Tejeda, La jornada, 3 de marzo.
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