Diputados de PRI, PRD y PT rechazaron la intervención directa de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y otros organismos de Estados Unidos para investigar el asesinato de tres personas vinculadas al consulado de ese país en Ciudad Juárez.
Voces de la academia consideraron que se trata de una actitud que vulnera la soberanía nacional y acredita la ineficiencia de las autoridades mexicanas para combatir el crimen organizado.
Los coordinadores de PRI y PAN en el Senado, Manlio Fabio Beltrones y Gustavo Madero, respectivamente, indicaron que la presencia de personal de la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) y de la FBI en Ciudad Juárez no es injerencista, pero se opusieron a la creación de un cuerpo policiaco binacional que se encargaría de erradicar la delincuencia organizada en Chihuahua.
La cúpula patronal manifestó su aquiescencia a la intervención. Armando Paredes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que la participación de la FBI para investigar el triple homicidio debe aceptarse, porque ante el embate del narcotráfico “toda cooperación del gobierno americano debe ser bienvenida”.
El coordinador de los diputados del PRD, Alejandro Encinas, sostuvo que de ninguna forma debe subordinarse la autoridad nacional a los órganos de inteligencia o de persecución del delito de otros países. “Es lamentable. No sólo es la FBI. Derivado del Plan Mérida ya hay una comisión binacional y están operando agentes de distintos organismos de seguridad extranjeros en nuestro país. Hay que tener mucho cuidado en que no rebase la frontera de la colaboración”.
El líder de la bancada del PT, Pedro Vázquez, dijo que permitir que agentes estadunidenses intervengan en tareas exclusivas de mexicanos “es una prueba más de la fallida estrategia de Felipe Calderón. Es reprobable. Las investigaciones de los homicidios y asesinatos son responsabilidad de nuestras autoridades”.
Alfonso Navarrete Prida, del PRI, consideró que la violencia y la participación de policías de Estados Unidos agravará las condiciones sociales en Ciudad Juárez: lo sucedido es un incidente de carácter diplomático grave. Hizo referencia al asesinato, en 1985, del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, y puntualizó: “No es permisible que haya agentes armados de Estados Unidos en territorio mexicano o haciendo investigación sin que se contemple en un tratado de cooperación bilateral”.
En el Senado, Ricardo Monreal, del PT, y Silvano Aureoles, del PRD, calificaron de inaceptable que, con el pretexto del incremento de la violencia en Juárez, corporaciones policiacas de Estados Unidos intervengan y tomen el control de la situación.
Ramón Galindo, del PAN, sostuvo que la soberanía en Ciudad Juárez ha sido violada por narcotraficantes y otras bandas criminales, e insistió en su propuesta de que Estados Unidos y México formen una división policiaca que atienda los problemas de violencia en ambos países.
Eduardo Rosales, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en las relaciones México-Estados Unidos, señaló que con la declaración de su abierta presencia en territorio nacional, el gobierno mexicano “dobló las manos” ante la administración de Barak Obama.
Voces de la academia consideraron que se trata de una actitud que vulnera la soberanía nacional y acredita la ineficiencia de las autoridades mexicanas para combatir el crimen organizado.
Los coordinadores de PRI y PAN en el Senado, Manlio Fabio Beltrones y Gustavo Madero, respectivamente, indicaron que la presencia de personal de la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) y de la FBI en Ciudad Juárez no es injerencista, pero se opusieron a la creación de un cuerpo policiaco binacional que se encargaría de erradicar la delincuencia organizada en Chihuahua.
La cúpula patronal manifestó su aquiescencia a la intervención. Armando Paredes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que la participación de la FBI para investigar el triple homicidio debe aceptarse, porque ante el embate del narcotráfico “toda cooperación del gobierno americano debe ser bienvenida”.
El coordinador de los diputados del PRD, Alejandro Encinas, sostuvo que de ninguna forma debe subordinarse la autoridad nacional a los órganos de inteligencia o de persecución del delito de otros países. “Es lamentable. No sólo es la FBI. Derivado del Plan Mérida ya hay una comisión binacional y están operando agentes de distintos organismos de seguridad extranjeros en nuestro país. Hay que tener mucho cuidado en que no rebase la frontera de la colaboración”.
El líder de la bancada del PT, Pedro Vázquez, dijo que permitir que agentes estadunidenses intervengan en tareas exclusivas de mexicanos “es una prueba más de la fallida estrategia de Felipe Calderón. Es reprobable. Las investigaciones de los homicidios y asesinatos son responsabilidad de nuestras autoridades”.
Alfonso Navarrete Prida, del PRI, consideró que la violencia y la participación de policías de Estados Unidos agravará las condiciones sociales en Ciudad Juárez: lo sucedido es un incidente de carácter diplomático grave. Hizo referencia al asesinato, en 1985, del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, y puntualizó: “No es permisible que haya agentes armados de Estados Unidos en territorio mexicano o haciendo investigación sin que se contemple en un tratado de cooperación bilateral”.
En el Senado, Ricardo Monreal, del PT, y Silvano Aureoles, del PRD, calificaron de inaceptable que, con el pretexto del incremento de la violencia en Juárez, corporaciones policiacas de Estados Unidos intervengan y tomen el control de la situación.
Ramón Galindo, del PAN, sostuvo que la soberanía en Ciudad Juárez ha sido violada por narcotraficantes y otras bandas criminales, e insistió en su propuesta de que Estados Unidos y México formen una división policiaca que atienda los problemas de violencia en ambos países.
Eduardo Rosales, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en las relaciones México-Estados Unidos, señaló que con la declaración de su abierta presencia en territorio nacional, el gobierno mexicano “dobló las manos” ante la administración de Barak Obama.
La Jornada, 17 de marzo.
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