PRI en Senado apoyará liberación de indígenas

En medio de la crítica internacional a México por la violación de derechos humanos, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, iniciará un debate con el gobierno federal por el tema.



El priísta exigirá desde la tribuna al gobierno de Felipe Calderón revisar “inmediatamente” la situación jurídica de las mujeres indígenas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio.



Las mujeres están recluidas en el Centro de Readaptación Social de San José el Alto, Querétaro, compurgando una pena de 21 años de prisión por el presunto secuestro de seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), durante un operativo contra la piratería en el mercado de Santiago Mexquititlán, el 26 de marzo de 2006.



Beltrones, junto con la senadora priísta María del Socorro García Quiroz, presentará este martes un punto de acuerdo para denunciar violación de derechos humanos, demandar la reposición del procedimiento penal y, en caso de no contar con pruebas suficientes, liberar “inmediatamente” a las acusadas.



De acuerdo con el orden del día que aparece en la Gaceta Parlamentaria, los senadores priístas también propondrán crear una Comisión Especial para investigar las posibles violaciones de derechos humanos cometidas contra Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio.



Retoma argumentos



Amnistía Internacional adoptó a Teresa y Alberta como presas de conciencia: “El caso es emblemático, ya que muestra la discriminación y juicios injustos que muchos y muchas indígenas enfrentan en el sistema de justicia penal mexicano”, explicó en días recientes Rupert Knox, relator del organismo internacional.



La exposición de motivos del punto de acuerdo —cuya copia posee EL UNIVERSAL— tiene como línea argumentativa el expediente de Amnistía Internacional sobre este caso.





Entre las violaciones detectadas por el organismo defensor de derechos humanos, se menciona que a las acusadas no se les ofreció acceso a un intérprete durante los procedimientos judiciales y el defensor de oficio que se les proporcionó, nunca habló con ellas para explicarles sus derechos y medios de defensa.

Elena Michel, El Universal, 15 de marzo.