La Procuraduría General de la República (PGR) no aceptó la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para revisar el caso de las indígenas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, acusadas en 2006 de secuestrar a seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
En una carta enviada al Senado, el presidente del CNDH, Raúl Plascencia Villanueva informó que la integración de la averiguación previa fue irregular y que dejó al descubierto el “deficiente desempeño de la función investigadora del Ministerio Público”.
“La CNDH observó violaciones a los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, consistentes en una integración irregular de la averiguación previa”, se expone en el documento.
La PGR argumentó que no acepta la recomendación porque “los hechos narrados por el quejoso son falsos”. Además, recriminó al organismo invadir la esfera de la competencia del Ministerio Público de la Federación e, incluso, aseguró que sí había recabado los datos de identificación de los agentes involucrados en los hechos.
Sin embargo, también admitió que durante la investigación no existieron careos constitucionales entre los agentes acusadores y las procesadas.
El pleno del Senado aprobó un punto de acuerdo para buscar la revisión del caso.La baranda priísta exigió la comparecencia del procurador de la PGR, Arturo Chávez para conocer la situación jurídica de las indígenas.
En una carta enviada al Senado, el presidente del CNDH, Raúl Plascencia Villanueva informó que la integración de la averiguación previa fue irregular y que dejó al descubierto el “deficiente desempeño de la función investigadora del Ministerio Público”.
“La CNDH observó violaciones a los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, consistentes en una integración irregular de la averiguación previa”, se expone en el documento.
La PGR argumentó que no acepta la recomendación porque “los hechos narrados por el quejoso son falsos”. Además, recriminó al organismo invadir la esfera de la competencia del Ministerio Público de la Federación e, incluso, aseguró que sí había recabado los datos de identificación de los agentes involucrados en los hechos.
Sin embargo, también admitió que durante la investigación no existieron careos constitucionales entre los agentes acusadores y las procesadas.
El pleno del Senado aprobó un punto de acuerdo para buscar la revisión del caso.La baranda priísta exigió la comparecencia del procurador de la PGR, Arturo Chávez para conocer la situación jurídica de las indígenas.
Elena Michel y Ricardo Gómez, El Universal, 26 de marzo
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