“Estamos tranquilas, con esperanza. Confiamos en que se haga justicia”, dice vía telefónica Alberta Alcántara, indígena otomí, quien junto con Teresa González y Jacinta Francisco Marcial, fueron condenadas a 21 años de prisión por haber secuestrado a seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) en Santiago Mexquititlán, Querétaro, en 2006.
Jacinta fue liberada el 16 de septiembre del año pasado, porque en su caso la Procuraduría General de la República (PGR) presentó “por duda razonada pruebas no acusatorias”, pero en el caso de Alcántara y González, las instancias judiciales han ratificado su culpabilidad.
En entrevista desde el interior del Centro de Readaptación Social (Cereso) femenil de San José El Alto, Querétaro, Alberta asegura que han sido objeto de discriminación por parte de la justicia mexicana “por ser mujer, indígena y pobre”.
“Antes veía a la ley como justa, todo se llevaba como era. Pero después de esta experiencia, la ley en vez de apoyar a la ciudadana todo lo destruye, porque aquí, desgraciadamente muchas pasamos por la misma situación. Sí creo que hemos sido discriminadas por ser mujeres, por ser indígenas, por eso se han tardado más… Esto es una basura, la verdad, a quienes tienen dinero, les hacen justicia y a la gente pobre no”.
El caso de estas mujeres se ha convertido en emblemático para la justicia mexicana según organismos internacionales. Desde la Organización de la Naciones Unidas, Amnistía Internacional (AI) —que las declaró presas de conciencia— y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han condenado su detención.
Incluso, el gobernador de la entidad, José Calzada Rovirosa y el Senado han comenzado a ejercer “presión política” para pedir su excarcelación.
Pero lo que más le da esperanza a Alberta Alcántara, de 31 años, es que ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisará su situación legal.
El senador priísta, Manlio Fabio Beltrones, confirmó que se discute en comisiones la iniciativa de ley para que los servidores públicos que no atiendan las recomendaciones que emitan las comisiones de los Derechos Humanos, sean citados a comparecer e incluso castigados.
Jacinta fue liberada el 16 de septiembre del año pasado, porque en su caso la Procuraduría General de la República (PGR) presentó “por duda razonada pruebas no acusatorias”, pero en el caso de Alcántara y González, las instancias judiciales han ratificado su culpabilidad.
En entrevista desde el interior del Centro de Readaptación Social (Cereso) femenil de San José El Alto, Querétaro, Alberta asegura que han sido objeto de discriminación por parte de la justicia mexicana “por ser mujer, indígena y pobre”.
“Antes veía a la ley como justa, todo se llevaba como era. Pero después de esta experiencia, la ley en vez de apoyar a la ciudadana todo lo destruye, porque aquí, desgraciadamente muchas pasamos por la misma situación. Sí creo que hemos sido discriminadas por ser mujeres, por ser indígenas, por eso se han tardado más… Esto es una basura, la verdad, a quienes tienen dinero, les hacen justicia y a la gente pobre no”.
El caso de estas mujeres se ha convertido en emblemático para la justicia mexicana según organismos internacionales. Desde la Organización de la Naciones Unidas, Amnistía Internacional (AI) —que las declaró presas de conciencia— y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han condenado su detención.
Incluso, el gobernador de la entidad, José Calzada Rovirosa y el Senado han comenzado a ejercer “presión política” para pedir su excarcelación.
Pero lo que más le da esperanza a Alberta Alcántara, de 31 años, es que ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisará su situación legal.
El senador priísta, Manlio Fabio Beltrones, confirmó que se discute en comisiones la iniciativa de ley para que los servidores públicos que no atiendan las recomendaciones que emitan las comisiones de los Derechos Humanos, sean citados a comparecer e incluso castigados.
Alberto Morales y Juan José Arreola, El Universal, 22 de marzo.
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