QUERÉTARO.- El Senado trabaja sobre una iniciativa de ley que permita al Congreso de la Unión llamar a cuentas a aquellas autoridades que desatiendan las recomendaciones que emitan las Comisiones Estatales y Nacional de Derechos Humanos , informó ayer el coordinador de la bancada priista en la Cámara alta, Manlio Fabio Beltrones.
Luego de visitar a las indígenas presas en el Cereso de San José El Alto, Teresa González y Alberta Alcántara, el priista sostuvo que se analiza en el Senado la obligatoriedad de parte de las autoridades para atender los exhortos de los organismos defensores de los derechos fundamentales.
"En el Senado de la República ya se encuentra sobre la mesa una propuesta sobre el poder darle mayores facultades a la CNDH para que sus recomendaciones sean obligadamente atendidas y, en caso contrario, el castigo no sea simplemente, como hoy sucede, el que se publiquen estas recomendaciones sin sanción mayor para el funcionario que no las atienda", indicó en rueda de prensa.
El Gobernador José Calzada, Beltrones y los senadores Socorro García Quiroz, Amira Gómez Tueme, Tomás Torres Mercado así como el diputado Rubén Moreira Valdez, visitaron a las mujeres de origen otomí sentenciadas a 21 años de carcel por el secuestro de seis elementos de la extinta AFI.
Tras el encuentro, los legisladores coincidieron en la necesidad de que las dependencias procuradoras de justicia e incluso la misma Presidencia de la República atiendan los llamados de los órganos defensores de los derechos fundamentales.
"Lo hemos dicho desde diferentes espacios: que la PGR y el jefe del procurador, que es el Presidente de la República, pudiera atender de inmediato la recomendación de la CNDH y, de esa manera, se lograra la libertad inmediata de Teresa y Alberta y no dejase que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca, como última instancia, de este abuso que ha privado de la libertad a Teresa y Alberta", indicó el coordinador priista.
Castigo a responsables
Los legisladores que integran la Comisión Plural para conocer el caso de Alberta y Teresa, adelantaron que, una vez que se logre la liberación de ambas mujeres, el Senado buscará sancionar a aquellos funcionarios que cometieron irregularidades en el proceso.
"En el momento de lograrlo (la libertad de Teresa y Alberta), entonces la admisión de que hubo un exceso y un abuso de parte de una autoridad y el deber de la misma autoridad, que trabaja alrededor de la libertad de ambas, deberá ser de castigar aquel que pudo haber cometido un exceso y este abuso; cuestión en la que estaremos siempre presentes", sostuvo Beltrones.
El priista indicó que este caso debe ser el parteaguas para que no vuelvan a registrarse, en México, casos similares.
"(Cuando) nosotros alcancemos el reconocimiento al abuso que se llevó a cabo de parte de la autoridad o de algunos funcionarios públicos, se procedería a fincar responsabilidades sobre aquellos que ya le robaron cuatro años de libertad", advirtió.
Luego de visitar a las indígenas presas en el Cereso de San José El Alto, Teresa González y Alberta Alcántara, el priista sostuvo que se analiza en el Senado la obligatoriedad de parte de las autoridades para atender los exhortos de los organismos defensores de los derechos fundamentales.
"En el Senado de la República ya se encuentra sobre la mesa una propuesta sobre el poder darle mayores facultades a la CNDH para que sus recomendaciones sean obligadamente atendidas y, en caso contrario, el castigo no sea simplemente, como hoy sucede, el que se publiquen estas recomendaciones sin sanción mayor para el funcionario que no las atienda", indicó en rueda de prensa.
El Gobernador José Calzada, Beltrones y los senadores Socorro García Quiroz, Amira Gómez Tueme, Tomás Torres Mercado así como el diputado Rubén Moreira Valdez, visitaron a las mujeres de origen otomí sentenciadas a 21 años de carcel por el secuestro de seis elementos de la extinta AFI.
Tras el encuentro, los legisladores coincidieron en la necesidad de que las dependencias procuradoras de justicia e incluso la misma Presidencia de la República atiendan los llamados de los órganos defensores de los derechos fundamentales.
"Lo hemos dicho desde diferentes espacios: que la PGR y el jefe del procurador, que es el Presidente de la República, pudiera atender de inmediato la recomendación de la CNDH y, de esa manera, se lograra la libertad inmediata de Teresa y Alberta y no dejase que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca, como última instancia, de este abuso que ha privado de la libertad a Teresa y Alberta", indicó el coordinador priista.
Castigo a responsables
Los legisladores que integran la Comisión Plural para conocer el caso de Alberta y Teresa, adelantaron que, una vez que se logre la liberación de ambas mujeres, el Senado buscará sancionar a aquellos funcionarios que cometieron irregularidades en el proceso.
"En el momento de lograrlo (la libertad de Teresa y Alberta), entonces la admisión de que hubo un exceso y un abuso de parte de una autoridad y el deber de la misma autoridad, que trabaja alrededor de la libertad de ambas, deberá ser de castigar aquel que pudo haber cometido un exceso y este abuso; cuestión en la que estaremos siempre presentes", sostuvo Beltrones.
El priista indicó que este caso debe ser el parteaguas para que no vuelvan a registrarse, en México, casos similares.
"(Cuando) nosotros alcancemos el reconocimiento al abuso que se llevó a cabo de parte de la autoridad o de algunos funcionarios públicos, se procedería a fincar responsabilidades sobre aquellos que ya le robaron cuatro años de libertad", advirtió.
Fernando Paniagua corresponsal, Reforma, 22 de marzo.
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