“Es una mala decisión” el dictamen aprobado en comisiones del Senado que traslada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para indagar violaciones graves a las garantías fundamentales, porque no atiende el problema de fondo, que es la falta de acceso a la justicia y que ésta se aplique de forma eficaz, señaló la Red Todos los Derechos para Todos.
Edgar Cortez, secretario ejecutivo de dicho organismo, manifestó que con la modificación aprobada al artículo 102 constitucional efectivamente se refuerzan las facultades de la CNDH, “pero desde hace mucho tiempo, ésta y los organismos estatales, si en sus investigaciones sobre las quejas ven que hay elementos que puedan configurar un delito, tienen la facultad y obligación de denunciarlo. Incluso, se pueden convertir en vigilantes del proceso, pero no lo hacen. En realidad, con lo aprobado no se está dando ninguna novedad”.
En tanto, Ana Luisa Nerio, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, afirmó que las modificaciones aprobadas a los artículos 102, 29 y 33 de la Carta Magna “son algo muy positivo para los derechos humanos, pero nos ha preocupado que en los últimos 10 años la CNDH no ha demostrado tener la autonomía, independencia y fuerza necesarias para ser un verdadero defensor de las garantías fundamentales de la población”.
Manifestó extrañeza por el dictamen presentado, debido a que las organizaciones sociales lo desconocían, pero confió en que en la Cámara de Diputados tendrá lugar una amplia discusión –con la participación de la sociedad civil e investigadores– sobre las implicaciones jurídicas, sociales y políticas de esta reforma.
La organización Fray Francisco de Vitoria recordó que en el dictamen del Senado “no hay nada novedoso”, y recomendó que los legisladores busquen mejorar la actuación de la CNDH en la efectiva defensa y promoción de los derechos humanos.
Además –señaló–, “sigue siendo muy preocupante” que en materia de rendición de cuentas y transparencia, la comisión “no ha tenido avances significativos”.
Edgar Cortez, secretario ejecutivo de dicho organismo, manifestó que con la modificación aprobada al artículo 102 constitucional efectivamente se refuerzan las facultades de la CNDH, “pero desde hace mucho tiempo, ésta y los organismos estatales, si en sus investigaciones sobre las quejas ven que hay elementos que puedan configurar un delito, tienen la facultad y obligación de denunciarlo. Incluso, se pueden convertir en vigilantes del proceso, pero no lo hacen. En realidad, con lo aprobado no se está dando ninguna novedad”.
En tanto, Ana Luisa Nerio, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, afirmó que las modificaciones aprobadas a los artículos 102, 29 y 33 de la Carta Magna “son algo muy positivo para los derechos humanos, pero nos ha preocupado que en los últimos 10 años la CNDH no ha demostrado tener la autonomía, independencia y fuerza necesarias para ser un verdadero defensor de las garantías fundamentales de la población”.
Manifestó extrañeza por el dictamen presentado, debido a que las organizaciones sociales lo desconocían, pero confió en que en la Cámara de Diputados tendrá lugar una amplia discusión –con la participación de la sociedad civil e investigadores– sobre las implicaciones jurídicas, sociales y políticas de esta reforma.
La organización Fray Francisco de Vitoria recordó que en el dictamen del Senado “no hay nada novedoso”, y recomendó que los legisladores busquen mejorar la actuación de la CNDH en la efectiva defensa y promoción de los derechos humanos.
Además –señaló–, “sigue siendo muy preocupante” que en materia de rendición de cuentas y transparencia, la comisión “no ha tenido avances significativos”.
Gabriel León Zaragoza, La Jornada, 25 de marzo.
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