La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó una reforma que impedirá a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigar las violaciones de garantías cometidas por funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR).
En una votación dividida, de siete contra cuatro, la mayoría de los ministros de la Corte declaró válida la reforma al artículo cinco de la Ley Orgánica de la PGR, en el que dice que sólo podrá proporcionar información a la CNDH “siempre que no ponga en riesgo investigaciones en curso o la seguridad de personas”.
La CNDH impugnó esta reforma, ya que consideró que con esta medida se buscó impedir que investiguen las violaciones de derechos humanos cometidas por la Procuraduría General de la República en aras de la lucha contra el crimen organizado.
Pero no tuvo éxito. La mayoría en la Corte llegó a la conclusión de que la secrecía y discrecionalidad con que se dotó a la PGR, no vulnera ninguna disposición establecida en la Constitución.
El académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Miguel Carbonell, advirtió que con esta sentencia la Corte “convalidó el estado de opacidad en el que vive la PGR y dejó sin armas a la comisión”.
“Estamos —dijo— ante un retroceso en derechos humanos. Uno más”. Y lo peor, agregó, es que “durante la discusión del caso se escucharon argumentos graves en contra de la CNDH”.
Esta sentencia, afirmó, muestra que en la Corte hay ministros que se dicen garantistas, pero “se achican a la primera sentencia”.
Lo grave de esta decisión, aseguró el abogado Luis Miguel Cano, especialista en defensa de derechos humanos y transparencia, es que se deja a discreción de la PGR que será juez y parte a la hora de decidir qué información le proporciona o no a la CNDH.
“No se arriesga investigación”
El codirector de Litiga OLE (Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, A.C.) consideró que la información que le requiere la CNDH a la PGR en ningún momento puede poner en riesgo investigaciones en curso, o la seguridad de personas, porque la comisión la usa para determinar si algún funcionario de la procuraduría cometió o no violaciones de garantías.
Para justificar su voto, del lado de la mayoría, el ministro Arturo Zaldívar preguntó a sus compañeros “¿si alguien podría asegurar con certeza, sin riesgo alguno, que la información que se da a una Comisión de Derechos Humanos no puede ser filtrada por ninguno de sus empleados?”.
La secrecía de esta información por parte de la PGR, aseguró la ministra Margarita Luna, está justificada, ya que los propios delincuentes que investiga la procuraduría pueden promover quejas ante la CNDH para obtener información de sus casos.
En respuesta a estos argumentos, por la minoría, los ministros José Cossío, Juan Silva Meza, Olga Sánchez Cordero y Guillermo Ortiz Mayagoitia coincidieron que con esta medida se vulnera la labor de defensa de derechos humanos de la CNDH.
Por la mayoría, votaron además de Zaldívar y de Luna Ramos, Fernando Franco, Sergio Aguirre, José Gudiño, Luis María Aguilar y Sergio Valls.
Carlos Avilés, El Universal, 10 de marzo.
En una votación dividida, de siete contra cuatro, la mayoría de los ministros de la Corte declaró válida la reforma al artículo cinco de la Ley Orgánica de la PGR, en el que dice que sólo podrá proporcionar información a la CNDH “siempre que no ponga en riesgo investigaciones en curso o la seguridad de personas”.
La CNDH impugnó esta reforma, ya que consideró que con esta medida se buscó impedir que investiguen las violaciones de derechos humanos cometidas por la Procuraduría General de la República en aras de la lucha contra el crimen organizado.
Pero no tuvo éxito. La mayoría en la Corte llegó a la conclusión de que la secrecía y discrecionalidad con que se dotó a la PGR, no vulnera ninguna disposición establecida en la Constitución.
El académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Miguel Carbonell, advirtió que con esta sentencia la Corte “convalidó el estado de opacidad en el que vive la PGR y dejó sin armas a la comisión”.
“Estamos —dijo— ante un retroceso en derechos humanos. Uno más”. Y lo peor, agregó, es que “durante la discusión del caso se escucharon argumentos graves en contra de la CNDH”.
Esta sentencia, afirmó, muestra que en la Corte hay ministros que se dicen garantistas, pero “se achican a la primera sentencia”.
Lo grave de esta decisión, aseguró el abogado Luis Miguel Cano, especialista en defensa de derechos humanos y transparencia, es que se deja a discreción de la PGR que será juez y parte a la hora de decidir qué información le proporciona o no a la CNDH.
“No se arriesga investigación”
El codirector de Litiga OLE (Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, A.C.) consideró que la información que le requiere la CNDH a la PGR en ningún momento puede poner en riesgo investigaciones en curso, o la seguridad de personas, porque la comisión la usa para determinar si algún funcionario de la procuraduría cometió o no violaciones de garantías.
Para justificar su voto, del lado de la mayoría, el ministro Arturo Zaldívar preguntó a sus compañeros “¿si alguien podría asegurar con certeza, sin riesgo alguno, que la información que se da a una Comisión de Derechos Humanos no puede ser filtrada por ninguno de sus empleados?”.
La secrecía de esta información por parte de la PGR, aseguró la ministra Margarita Luna, está justificada, ya que los propios delincuentes que investiga la procuraduría pueden promover quejas ante la CNDH para obtener información de sus casos.
En respuesta a estos argumentos, por la minoría, los ministros José Cossío, Juan Silva Meza, Olga Sánchez Cordero y Guillermo Ortiz Mayagoitia coincidieron que con esta medida se vulnera la labor de defensa de derechos humanos de la CNDH.
Por la mayoría, votaron además de Zaldívar y de Luna Ramos, Fernando Franco, Sergio Aguirre, José Gudiño, Luis María Aguilar y Sergio Valls.
Carlos Avilés, El Universal, 10 de marzo.
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