Las personas investigadas por la Procuraduría General de la República (PGR) por su posible participación en delitos, quedan desamparadas ante potenciales abusos de sus autoridades, ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de impedir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el acceso total a los archivos de la dependencia.
Así lo indicó José Miguel Vivanco, presidente para las Américas de Human Rights Watch (HRW), quien lamentó la decisión de los ministros.
En lo que representa el segundo fallo del máximo tribunal del país en el lapso de una semana, en el que se registren facultades o recursos a los organismos defensores de los derechos humanos en México para que las autoridades respeten las garantías básicas de la población.
Información condicionada
El martes, por mayoría —siete contra cuatro votos—, los ministros de la Corte aprobaron reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que señala que la dependencia sólo proporcionará información a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos siempre y cuando “no ponga en riesgo alguno las investigaciones en curso o la seguridad de personas”.
Este fallo provocó críticas entre especialistas y organismos defensores de derechos humanos, al considerar que la medida refuerza la opacidad de la PGR.
Conflicto de intereses
En entrevista con EL UNIVERSAL, José Miguel Vivanco indicó que “dejar en manos de la Procuraduría General de la República la decisión sobre si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede o no acceder a la información concerniente a las investigaciones genera un claro conflicto de intereses”.
Consideró que la dependencia “utilizando la excusa de proteger las investigaciones y la seguridad de las personas, podría no permitir el acceso a información sobre potenciales abusos, dejando así desamparadas a las personas que están siendo investigadas”.
Vivanco señaló que es evidente que la PGR debe adoptar medidas que le permitan realizar mejores investigaciones con el fin de consignar a las personas responsables de delitos, y la publicidad abierta de todas sus acciones va en contra de este propósito.
Sin embargo, apuntó que esto no debería ser un impedimento para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es otro organismo gubernamental, “pueda tener acceso para verificar que en el proceso no se cometan abusos, adoptando las medidas necesarias para proteger información esencial para el curso de la investigación, tales como la identidad de las víctimas y los acusados”, por lo que se pudo buscar un equilibrio entre ambas tareas antes de cerrar los expedientes al organismo defensor de los derechos humanos.
Así lo indicó José Miguel Vivanco, presidente para las Américas de Human Rights Watch (HRW), quien lamentó la decisión de los ministros.
En lo que representa el segundo fallo del máximo tribunal del país en el lapso de una semana, en el que se registren facultades o recursos a los organismos defensores de los derechos humanos en México para que las autoridades respeten las garantías básicas de la población.
Información condicionada
El martes, por mayoría —siete contra cuatro votos—, los ministros de la Corte aprobaron reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que señala que la dependencia sólo proporcionará información a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos siempre y cuando “no ponga en riesgo alguno las investigaciones en curso o la seguridad de personas”.
Este fallo provocó críticas entre especialistas y organismos defensores de derechos humanos, al considerar que la medida refuerza la opacidad de la PGR.
Conflicto de intereses
En entrevista con EL UNIVERSAL, José Miguel Vivanco indicó que “dejar en manos de la Procuraduría General de la República la decisión sobre si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede o no acceder a la información concerniente a las investigaciones genera un claro conflicto de intereses”.
Consideró que la dependencia “utilizando la excusa de proteger las investigaciones y la seguridad de las personas, podría no permitir el acceso a información sobre potenciales abusos, dejando así desamparadas a las personas que están siendo investigadas”.
Vivanco señaló que es evidente que la PGR debe adoptar medidas que le permitan realizar mejores investigaciones con el fin de consignar a las personas responsables de delitos, y la publicidad abierta de todas sus acciones va en contra de este propósito.
Sin embargo, apuntó que esto no debería ser un impedimento para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es otro organismo gubernamental, “pueda tener acceso para verificar que en el proceso no se cometan abusos, adoptando las medidas necesarias para proteger información esencial para el curso de la investigación, tales como la identidad de las víctimas y los acusados”, por lo que se pudo buscar un equilibrio entre ambas tareas antes de cerrar los expedientes al organismo defensor de los derechos humanos.
Silvia Otero, EL Universal, 12 de marzo.
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