Bogotá, 5 de marzo. A unos cuantos días de que se celebren los comicios legislativos en Colombia, partidos políticos y grupos de observadores electorales han denunciado gastos de campaña excesivos y la posible compra de votos, herencia de una cultura clientelista y aún muy influida por el poder económico del narcotráfico.
De acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE), ha habido gastos por alrededor de 7 mil millones de pesos (unos 3.5 millones de dólares) para un solo candidato, cuando el límite oficial es de 675 millones.
“Ni usando los salarios de los cuatro años como congresistas podrían recuperarlos. ¿Por qué tanto dinero invertido para llegar?”, se preguntó Lázaro Paniza, candidato al Congreso por el izquierdista Polo Democrático Alternativo.
En la misma línea, la directora de la organización Transparencia por Colombia, Elizabeth Ungar, afirmó que “uno no se explica que las campañas cuesten tanto si no es a cambio de algo”.
Frente a las denuncias del propio presidente del Consejo Nacional Electoral, Marco Emilio Hincapié, en el sentido de que hay “toneladas” de dinero en efectivo dirigidas a las campañas, algunos grupos de observación ciudadana señalan la enorme probabilidad de que ese dinero provenga de actores delictivos en busca de asegurarse legisladores a su favor.
“La modalidad más común es: yo te financio ahora y tú me contratas después”, pero la diferencia entre Colombia y otros países “es la presencia del narcotráfico y de actores armados”, explicó Ungar.
Según encuestas realizadas por Invamer Gallup, 7 por ciento de los colombianos han vendido alguna vez su voto a cambio de dinero en efectivo, una compra de mercado, trabajo o material de construcción, lo cual representaría hasta 12 por ciento del padrón electoral.
Además, 22 por ciento de los encuestados admitió haber comprometido su voto alguna vez a cambio de vivienda o becas, aunque no aceptara dinero por ello.
De esta forma, advirtió el MOE, el riesgo de violencia física en los comicios ha bajado con respecto a otros años, pero hay más posibilidades de un fraude electoral, ya que ahora los intentos de influir en las votaciones se dan mucho más por la corrupción.
Para las elecciones legislativas del 14 de marzo están convocados casi 30 millones de colombianos, quienes elegirán entre 2 mil 539 candidatos registrados para el nuevo Congreso, integrado por 102 senadores y 166 representantes.
El resultado servirá, además, para ir perfilando a los aspirantes presidenciales tanto del oficialista Partido Conservador como de los opositores Partido Liberal y Polo Democrático Alternativo, a cinco meses de que el presidente Álvaro Uribe deje el cargo.
En otro orden, la senadora Piedad Córdoba confirmó hoy que dos militares secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia serán liberados después de los comicios.
La próxima semana, dijo la legisladora, el grupo rebelde le dará la ubicación exacta en donde serán entregados el sargento Pablo Emilio Moncayo y el soldado Josué Calvo, capturado por la guerrilla hace casi un año.
De acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE), ha habido gastos por alrededor de 7 mil millones de pesos (unos 3.5 millones de dólares) para un solo candidato, cuando el límite oficial es de 675 millones.
“Ni usando los salarios de los cuatro años como congresistas podrían recuperarlos. ¿Por qué tanto dinero invertido para llegar?”, se preguntó Lázaro Paniza, candidato al Congreso por el izquierdista Polo Democrático Alternativo.
En la misma línea, la directora de la organización Transparencia por Colombia, Elizabeth Ungar, afirmó que “uno no se explica que las campañas cuesten tanto si no es a cambio de algo”.
Frente a las denuncias del propio presidente del Consejo Nacional Electoral, Marco Emilio Hincapié, en el sentido de que hay “toneladas” de dinero en efectivo dirigidas a las campañas, algunos grupos de observación ciudadana señalan la enorme probabilidad de que ese dinero provenga de actores delictivos en busca de asegurarse legisladores a su favor.
“La modalidad más común es: yo te financio ahora y tú me contratas después”, pero la diferencia entre Colombia y otros países “es la presencia del narcotráfico y de actores armados”, explicó Ungar.
Según encuestas realizadas por Invamer Gallup, 7 por ciento de los colombianos han vendido alguna vez su voto a cambio de dinero en efectivo, una compra de mercado, trabajo o material de construcción, lo cual representaría hasta 12 por ciento del padrón electoral.
Además, 22 por ciento de los encuestados admitió haber comprometido su voto alguna vez a cambio de vivienda o becas, aunque no aceptara dinero por ello.
De esta forma, advirtió el MOE, el riesgo de violencia física en los comicios ha bajado con respecto a otros años, pero hay más posibilidades de un fraude electoral, ya que ahora los intentos de influir en las votaciones se dan mucho más por la corrupción.
Para las elecciones legislativas del 14 de marzo están convocados casi 30 millones de colombianos, quienes elegirán entre 2 mil 539 candidatos registrados para el nuevo Congreso, integrado por 102 senadores y 166 representantes.
El resultado servirá, además, para ir perfilando a los aspirantes presidenciales tanto del oficialista Partido Conservador como de los opositores Partido Liberal y Polo Democrático Alternativo, a cinco meses de que el presidente Álvaro Uribe deje el cargo.
En otro orden, la senadora Piedad Córdoba confirmó hoy que dos militares secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia serán liberados después de los comicios.
La próxima semana, dijo la legisladora, el grupo rebelde le dará la ubicación exacta en donde serán entregados el sargento Pablo Emilio Moncayo y el soldado Josué Calvo, capturado por la guerrilla hace casi un año.
La Jornada, 6 de marzo.
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