Bogotá, 16 de marzo. Una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), que vigiló los comicios legislativos del domingo en Colombia, denunció este martes compra de votos, circulación de dinero y falta de garantía en el secreto del voto, pero destacó la tranquilidad de la jornada.
La compra de votos no se concentra en un solo partido, precisó Enrique Correa, jefe de la misión, en rueda de prensa, en la cual detalló que esta práctica fue constatada principalmente en los departamentos Atlántico, Bolívar, Magdalena, Nariño, Cundinamarca y Norte de Santander.
En algunos casos la compra de votos no sólo se dio con dinero en efectivo, sino también mediante el ofrecimiento de prebendas como becas o alimentos.
La OEA también llamó la atención sobre la falta de garantías logísticas para preservar el secreto del voto, lo que, dijo, favorece la compra. “El secreto del voto no se resguardó debidamente en un importante número de recintos de votación”, agregó.
En cuanto al escrutinio, la OEA advirtió que la transmisión telefónica de los datos preliminares no cuenta con un sistema eficaz de autentificación, verificación y auditoría, lo que genera un riesgo de distorsión. También lamentó la falta de capacitación de los jurados y pidió simplificar los mecanismos de votación, que no favorecen el sufragio en las personas de menor nivel educativo.
Carlos Ariel Sánchez, director de la Registraduría del Estado Civil, a cargo del proceso electoral, admitió caos en el proceso de conteo de votos, pero argumentó que tuvo su origen en las dificultades para comprender la metodología del escrutinio, la complejidad de las tarjetas electorales, la escasa capacitación de los jurados y los problemas técnicos en la transmisión por Internet.
El retraso en la divulgación de los resultados, que mantiene en la incertidumbre la composición del Congreso y el resultado de la disputa para la nominación presidencial por el Partido Conservador, llevó al presidente Álvaro Uribe a solicitar a la procuraduría invesigar al registrador nacional por haber violado una norma que prohibía el consumo de alcohol durante el proceso electoral, acusación que fue rechazada por Sánchez.
Finalmente las autoridades electorales iniciaron el recuento final la tarde del martes. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Marco Emilio Hincapié, dijo que se dará prioridad al recuento de los votos de la consulta del Partido Conservador, en la que Noemí Sanín y Andrés Felipe Arias, que se disputan la candidatura presidencial, se encontraban prácticamente empatados con 42.45 y 42.42 por ciento de los votos, respectivamente, según el último reporte divulgado ayer por la Registraduría.
En otro asunto, el comisario europeo de Comercio, Karel Gucht, defendió en Bruselas el Tratado de Libre Comercio con Colombia frente a las críticas de eurodiputados y de algunas organizaciones que denuncian las grave situación de los derechos humanos en este país.
Aunque señaló que la situación ha mejorado, aseguró que Bruselas no será “incondicional ni acrítica”, y recordó que el acuerdo contiene una cláusula que permite la adopción de medidas “inmediatas y unilaterales”, incluida la suspensión del Tratado de Libre Comercio si Colombia falta a su compromiso de abrirse al diálogo con la comunidad internacional en cuanto a los derechos humanos.
La compra de votos no se concentra en un solo partido, precisó Enrique Correa, jefe de la misión, en rueda de prensa, en la cual detalló que esta práctica fue constatada principalmente en los departamentos Atlántico, Bolívar, Magdalena, Nariño, Cundinamarca y Norte de Santander.
En algunos casos la compra de votos no sólo se dio con dinero en efectivo, sino también mediante el ofrecimiento de prebendas como becas o alimentos.
La OEA también llamó la atención sobre la falta de garantías logísticas para preservar el secreto del voto, lo que, dijo, favorece la compra. “El secreto del voto no se resguardó debidamente en un importante número de recintos de votación”, agregó.
En cuanto al escrutinio, la OEA advirtió que la transmisión telefónica de los datos preliminares no cuenta con un sistema eficaz de autentificación, verificación y auditoría, lo que genera un riesgo de distorsión. También lamentó la falta de capacitación de los jurados y pidió simplificar los mecanismos de votación, que no favorecen el sufragio en las personas de menor nivel educativo.
Carlos Ariel Sánchez, director de la Registraduría del Estado Civil, a cargo del proceso electoral, admitió caos en el proceso de conteo de votos, pero argumentó que tuvo su origen en las dificultades para comprender la metodología del escrutinio, la complejidad de las tarjetas electorales, la escasa capacitación de los jurados y los problemas técnicos en la transmisión por Internet.
El retraso en la divulgación de los resultados, que mantiene en la incertidumbre la composición del Congreso y el resultado de la disputa para la nominación presidencial por el Partido Conservador, llevó al presidente Álvaro Uribe a solicitar a la procuraduría invesigar al registrador nacional por haber violado una norma que prohibía el consumo de alcohol durante el proceso electoral, acusación que fue rechazada por Sánchez.
Finalmente las autoridades electorales iniciaron el recuento final la tarde del martes. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Marco Emilio Hincapié, dijo que se dará prioridad al recuento de los votos de la consulta del Partido Conservador, en la que Noemí Sanín y Andrés Felipe Arias, que se disputan la candidatura presidencial, se encontraban prácticamente empatados con 42.45 y 42.42 por ciento de los votos, respectivamente, según el último reporte divulgado ayer por la Registraduría.
En otro asunto, el comisario europeo de Comercio, Karel Gucht, defendió en Bruselas el Tratado de Libre Comercio con Colombia frente a las críticas de eurodiputados y de algunas organizaciones que denuncian las grave situación de los derechos humanos en este país.
Aunque señaló que la situación ha mejorado, aseguró que Bruselas no será “incondicional ni acrítica”, y recordó que el acuerdo contiene una cláusula que permite la adopción de medidas “inmediatas y unilaterales”, incluida la suspensión del Tratado de Libre Comercio si Colombia falta a su compromiso de abrirse al diálogo con la comunidad internacional en cuanto a los derechos humanos.
La Jornada, 17 de marzo.
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