QUERÉTARO.- Presas desde hace cuatro años, las indígenas otomíes Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan tiene la esperanza de que pronto recuperarán su libertad.
Esa confianza no sólo se ve fortalecida por que la Corte atrajo su caso, sino por la presencia de la pequeña Jazmín, quien nació el 14 de febrero de 2009 en el Cereso de San José el Alto, y desde entonces se ha convertido en un motor de vida de las mujeres acusadas por la PGR del secuestro de seis agentes de la desaparecida AFI.
"Es nuestro motor, porque ella nos da mucha alegría. En las mañanas, cuando sale, es como una esperanza para aguantar aquí. Convivo muy poquito con ella, porque me paso mucho tiempo en el taller trabajando y no puedo estar el tiempo que yo quisiera estar con ella", dice Alberta, su tía paterna.
Teresa, su mamá, reconoce la dificultad de vivir en la cárcel y criar a una pequeñita, pero confía en que pronto pueda ver a su hija jugar en su casa en el poblado de Santiago Mexquititlán, en el municipio de Amealco.
"Aquí todos los niños están como que, yo siento, que están privados de su libertad, no pueden jugar como allá afuera, como yo quisiera que jugara con otros niños", dice la mujer de 25 años.
"A veces sí me desespero y digo: 'la voy a sacar, que vaya con su papá, que pueda disfrutar de todo eso y que pueda jugar con sus abuelitos'. Porque yo sé que estando en este lugar, con los únicos de la familia con quienes tiene contacto es con mi cuñada (Alberta) y conmigo. Pero luego mi esposo me dice que no, porque me conoce y dice que me ha visto que si se lleva a la niña, yo me voy para abajo y voy a sufrir mucho", agrega con los ojos enrojecidos y aguantando las lágrimas.
A los menores de edad, hijos de las reclusas, por reglamento se les permite estas con sus madres hasta los 5 años de edad, si deciden quedarse con ellos, pero Teresa reza y pide a Dios y a las autoridades que no la dejen llegar a ese límite.
"Ella es ahorita la que me da fuerzas para seguir adelante y decir: 'hay que solucionar esto. Por ella me tengo que levantar. Por ella no me tengo que dejar caer".
La mujer rompe en llanto mientras Teresa carga a la niña que se ha quedado dormida.
"Aunque está chiquita, si ve que estoy llorando, se acerca y me agarra y me abraza y me besa y lo único que le digo es: 'no te preocupes, ya pronto vamos a estar con tu papi y con tus abuelitos. Qué diera yo por poderte dar la familia que yo siempre quise que tuvieras' y luego veo una travesura que está haciendo y se me va (la tristeza)", relata Teresa.
El caso de ambas mujeres es analizado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a cargo de la Ministra Olga Sánchez Cordero, luego de que el pleno de ese órgano determinara atraerlo.
Las dos tienen esperanzas de que pronto recuperarán su libertad y agradecen las muestras de apoyo que han recibido. Sin embargo, aclaran, no quieren ser perdonadas, quieren salir absueltas.
"Tenemos mucha esperanza, porque cuando teníamos al otro abogado nos hacía muchas promesas y nada. Ahora siento que con la organización Agustín Pro tenemos más esperanzas. Veo las cosas diferentes de que sí están viendo por nosotros, por mi sobrina", dice Alberta, la más reservada de las dos.
Teresa es más clara. Ella quiere justicia.
"Yo anteriormente decía que no me importaba cómo me dejaran ir, pero hoy en día yo digo es como si darme mi libertad y quedar culpable.
"Hasta una vez nos dijeron de que si nos otorgaban el perdón, pero yo pienso: por qué me tienen que otorgar el perdón si yo no hice nada indebido, y por qué yo tengo que salir culpable. No", sostiene.
"Yo quiero salir absuelta de todo este problema y quiero pedir que se cierre ya el caso. Y como hay mucha gente ahí, que no le vuelva a pasar esto a la gente en el pueblo de Santiago Mexquititlán, que se cierre ya el caso. Queremos la libertad absolutoria, quedar libres de culpa", remarca la mujer.
Sin atender
La CNDH envió en julio del 2009 una recomendación a la PGR en la que señala diversas anomalíass en el caso de las indígenas otomíes:
· Funcionarios de la PGR encontraron, mediante testimonios de oídas y falsos testigos, elementos de prueba para demostrar su responsabilidad en el secuestro de seis agentes de la ex AFI en 2006.
· Actuaciones irregulares de un agente del MP federal y varios policías federales de AFI vulneraron los derechos fundamentales a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la procuración de justicia de Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González.
· El organismo pidió investigar al personal involucrado en el caso e iniciar una averiguación previa correspondiente.
· También solicitó la intervención de la Policía Federal Ministerial para investigar los hechos.
Esa confianza no sólo se ve fortalecida por que la Corte atrajo su caso, sino por la presencia de la pequeña Jazmín, quien nació el 14 de febrero de 2009 en el Cereso de San José el Alto, y desde entonces se ha convertido en un motor de vida de las mujeres acusadas por la PGR del secuestro de seis agentes de la desaparecida AFI.
"Es nuestro motor, porque ella nos da mucha alegría. En las mañanas, cuando sale, es como una esperanza para aguantar aquí. Convivo muy poquito con ella, porque me paso mucho tiempo en el taller trabajando y no puedo estar el tiempo que yo quisiera estar con ella", dice Alberta, su tía paterna.
Teresa, su mamá, reconoce la dificultad de vivir en la cárcel y criar a una pequeñita, pero confía en que pronto pueda ver a su hija jugar en su casa en el poblado de Santiago Mexquititlán, en el municipio de Amealco.
"Aquí todos los niños están como que, yo siento, que están privados de su libertad, no pueden jugar como allá afuera, como yo quisiera que jugara con otros niños", dice la mujer de 25 años.
"A veces sí me desespero y digo: 'la voy a sacar, que vaya con su papá, que pueda disfrutar de todo eso y que pueda jugar con sus abuelitos'. Porque yo sé que estando en este lugar, con los únicos de la familia con quienes tiene contacto es con mi cuñada (Alberta) y conmigo. Pero luego mi esposo me dice que no, porque me conoce y dice que me ha visto que si se lleva a la niña, yo me voy para abajo y voy a sufrir mucho", agrega con los ojos enrojecidos y aguantando las lágrimas.
A los menores de edad, hijos de las reclusas, por reglamento se les permite estas con sus madres hasta los 5 años de edad, si deciden quedarse con ellos, pero Teresa reza y pide a Dios y a las autoridades que no la dejen llegar a ese límite.
"Ella es ahorita la que me da fuerzas para seguir adelante y decir: 'hay que solucionar esto. Por ella me tengo que levantar. Por ella no me tengo que dejar caer".
La mujer rompe en llanto mientras Teresa carga a la niña que se ha quedado dormida.
"Aunque está chiquita, si ve que estoy llorando, se acerca y me agarra y me abraza y me besa y lo único que le digo es: 'no te preocupes, ya pronto vamos a estar con tu papi y con tus abuelitos. Qué diera yo por poderte dar la familia que yo siempre quise que tuvieras' y luego veo una travesura que está haciendo y se me va (la tristeza)", relata Teresa.
El caso de ambas mujeres es analizado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a cargo de la Ministra Olga Sánchez Cordero, luego de que el pleno de ese órgano determinara atraerlo.
Las dos tienen esperanzas de que pronto recuperarán su libertad y agradecen las muestras de apoyo que han recibido. Sin embargo, aclaran, no quieren ser perdonadas, quieren salir absueltas.
"Tenemos mucha esperanza, porque cuando teníamos al otro abogado nos hacía muchas promesas y nada. Ahora siento que con la organización Agustín Pro tenemos más esperanzas. Veo las cosas diferentes de que sí están viendo por nosotros, por mi sobrina", dice Alberta, la más reservada de las dos.
Teresa es más clara. Ella quiere justicia.
"Yo anteriormente decía que no me importaba cómo me dejaran ir, pero hoy en día yo digo es como si darme mi libertad y quedar culpable.
"Hasta una vez nos dijeron de que si nos otorgaban el perdón, pero yo pienso: por qué me tienen que otorgar el perdón si yo no hice nada indebido, y por qué yo tengo que salir culpable. No", sostiene.
"Yo quiero salir absuelta de todo este problema y quiero pedir que se cierre ya el caso. Y como hay mucha gente ahí, que no le vuelva a pasar esto a la gente en el pueblo de Santiago Mexquititlán, que se cierre ya el caso. Queremos la libertad absolutoria, quedar libres de culpa", remarca la mujer.
Sin atender
La CNDH envió en julio del 2009 una recomendación a la PGR en la que señala diversas anomalíass en el caso de las indígenas otomíes:
· Funcionarios de la PGR encontraron, mediante testimonios de oídas y falsos testigos, elementos de prueba para demostrar su responsabilidad en el secuestro de seis agentes de la ex AFI en 2006.
· Actuaciones irregulares de un agente del MP federal y varios policías federales de AFI vulneraron los derechos fundamentales a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la procuración de justicia de Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González.
· El organismo pidió investigar al personal involucrado en el caso e iniciar una averiguación previa correspondiente.
· También solicitó la intervención de la Policía Federal Ministerial para investigar los hechos.
Fernando Paniagua corresponsal, Reforma, 25 de marzo.
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