La reforma laboral, propuesta por la bancada del PAN el jueves pasado, aunque pareciera benéfica para limitar al sindicalismo "charro", dificultará la contratación colectiva, con lo que abrirá las puertas al trabajo clandestino y seguirá permitiendo los contratos de protección, señalaron especialistas consultados.
Arturo Alcalde, abogado laboral, indicó que la iniciativa limitará la contratación colectiva al requisitar más los emplazamientos a huelga, que es la vía para firmar un contrato u obtener la titularidad de uno, por lo que también negará el acceso a los sindicatos auténticos y por ende cerrará la puerta al trabajo legal.
Detalló que en la Ley Federal del Trabajo se propone agregar la fracción IV al artículo 920, donde señala los requisitos administrativos que se deberán cumplir antes de convenir la huelga para la firma de un contrato, entre los que destacan el padrón de agremiados que laboren para la empresa que será revisado por la Junta Local o a nivel federal por la propia Secretaría del Trabajo.
"Este requisito prácticamente está hecho para que el propio patrón y el Gobierno estén enterados de quiénes quieren participar en la huelga, con lo cual pueden hostigar o reprender a los trabajadores, así que el ejercicio del derecho a la libertad sindical y de asociación ya no es posible".
En el caso del artículo 899 A, especificó, se trata de cumplir con los requisitos de procedibilidad para buscar la titularidad del contrato, que son muy similares a los estipulados en la firma de contrato.
Además, agregó, estos requisitos son sólo para el sindicato, pero al patrón se le sigue concediendo la "libertad" de buscar contratos de protección.
Alfonso Bouzas, experto en derecho laboral de la UNAM, comentó que la reforma que se pretende hacer no resuelve el problema de los sindicatos extorsionadores y que no es la medicina adecuada.
"Se trata de una reforma hecha para el beneficio de las empresas", afirmó.
Arturo Alcalde, abogado laboral, indicó que la iniciativa limitará la contratación colectiva al requisitar más los emplazamientos a huelga, que es la vía para firmar un contrato u obtener la titularidad de uno, por lo que también negará el acceso a los sindicatos auténticos y por ende cerrará la puerta al trabajo legal.
Detalló que en la Ley Federal del Trabajo se propone agregar la fracción IV al artículo 920, donde señala los requisitos administrativos que se deberán cumplir antes de convenir la huelga para la firma de un contrato, entre los que destacan el padrón de agremiados que laboren para la empresa que será revisado por la Junta Local o a nivel federal por la propia Secretaría del Trabajo.
"Este requisito prácticamente está hecho para que el propio patrón y el Gobierno estén enterados de quiénes quieren participar en la huelga, con lo cual pueden hostigar o reprender a los trabajadores, así que el ejercicio del derecho a la libertad sindical y de asociación ya no es posible".
En el caso del artículo 899 A, especificó, se trata de cumplir con los requisitos de procedibilidad para buscar la titularidad del contrato, que son muy similares a los estipulados en la firma de contrato.
Además, agregó, estos requisitos son sólo para el sindicato, pero al patrón se le sigue concediendo la "libertad" de buscar contratos de protección.
Alfonso Bouzas, experto en derecho laboral de la UNAM, comentó que la reforma que se pretende hacer no resuelve el problema de los sindicatos extorsionadores y que no es la medicina adecuada.
"Se trata de una reforma hecha para el beneficio de las empresas", afirmó.
Mónica Ramírez, Reforma, 22 de marzo.
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