LEÓN.- El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia, cuestionó que las indígenas otomíes Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio hayan sido procesadas al margen de la ley, por el presunto secuestro de seis agentes de la extinta AFI en poblado de Santiago Mexquititlán, Querétaro, en 2006.
El Ombudsman nacional lamentó que las mujeres sigan en prisión, pese a que existe una recomendación dirigida el año pasado a la PGR que señala que los derechos de las indígenas fueron vulnerados mediante actuaciones irregulares de un agente del Ministerio Público Federal.
"Hay una recomendación que no fue aceptada por parte de la Procuraduría General de la República y que lamentablemente, a propósito de este tipo de acciones o de negativas de respeto a los derechos humanos, se mantenga en prisión todavía a estas dos indígenas en Querétaro", mencionó en conferencia de prensa.
Por otra parte, el Gobierno de Querétaro se congratuló por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de revisar el recurso de apelación a la sentencia de 21 años de cárcel que dictó un juez.
No obstante, la defensa de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio tomó con reservas la resolución, ya que puede ser un arma de doble filo.
"Es un arma de doble filo porque esta segunda instancia no es definitiva, todavía queda el recurso de amparo; entonces, en dado caso de que la Primera Sala de la Suprema Corte determine que sí son culpables, pues nosotros cuando interpongamos el amparo ante quién vamos a acudir si es el máximo tribunal", señaló en entrevista Leopoldo Maldonado Gutiérrez, abogado del Centro Miguel Agustín Pro Juárez.
El Ombudsman nacional lamentó que las mujeres sigan en prisión, pese a que existe una recomendación dirigida el año pasado a la PGR que señala que los derechos de las indígenas fueron vulnerados mediante actuaciones irregulares de un agente del Ministerio Público Federal.
"Hay una recomendación que no fue aceptada por parte de la Procuraduría General de la República y que lamentablemente, a propósito de este tipo de acciones o de negativas de respeto a los derechos humanos, se mantenga en prisión todavía a estas dos indígenas en Querétaro", mencionó en conferencia de prensa.
Por otra parte, el Gobierno de Querétaro se congratuló por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de revisar el recurso de apelación a la sentencia de 21 años de cárcel que dictó un juez.
No obstante, la defensa de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio tomó con reservas la resolución, ya que puede ser un arma de doble filo.
"Es un arma de doble filo porque esta segunda instancia no es definitiva, todavía queda el recurso de amparo; entonces, en dado caso de que la Primera Sala de la Suprema Corte determine que sí son culpables, pues nosotros cuando interpongamos el amparo ante quién vamos a acudir si es el máximo tribunal", señaló en entrevista Leopoldo Maldonado Gutiérrez, abogado del Centro Miguel Agustín Pro Juárez.
Jorge Escalante y Fernando Paniagua, Reforma, 19 de marzo.
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