La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el hostigamiento que sufren defensores de indígenas en Guerrero.
El organismo internacional condenó las amenazas y hostigamiento contra miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan de Guerrero.
Las amenazas de muerte y hostigamiento se inscriben en el contexto del hostigamiento que sufren los defensores de derechos humanos en México, mismo que fue denunciado en el informe sobre el tema en noviembre de 2009, según un comunicado de dicha oficina.
Planteó que llama la atención que los integrantes de estas organizaciones sufran el hostigamiento, debido a que se encuentran protegidos por medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Alto Comisionado recordó que el 6 de marzo Obtilia Eugenio Manuel, presidenta de OPIM, fue amenazada de muerte y el 17 del mismo mes su hermana Andrea, quien también milita en la organización, también recibió amenazas de muerte.
Además, el día 16 de marzo integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan fueron fotografiados en sus instalaciones de Tlapa de Comonfort, Guerrero, por un sujeto desconocido.
“Particularmente, preocupa a esta Oficina que estos actos estén relacionados con la defensa que han emprendido estas organizaciones por el respeto a los derechos de los pueblos indígenas del estado de Guerrero”, indicó.
Destacó que el Estado mexicano tiene la obligación de proteger a toda persona de cualquier tipo de amenaza, represalia, presión o acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de sus derechos.
Aunque reconoció que el gobierno federal ha tratado de implementar la resolución de la Corte Interamericana, “la situación de riesgo permanece en la zona y el sistema de justicia no ha dado las respuestas oportunas y eficaces que se imponen”.
Dijo que preocupa a la Oficina del Alto Comisionado “la falta de una efectiva investigación que identifique la fuente de las amenazas”, y recordó que la impunidad en este caso demerita la defensa de las garantías individuales en Guerrero, sobre todo de los indígenas.
La Crónica, 24 de marzo.
El organismo internacional condenó las amenazas y hostigamiento contra miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan de Guerrero.
Las amenazas de muerte y hostigamiento se inscriben en el contexto del hostigamiento que sufren los defensores de derechos humanos en México, mismo que fue denunciado en el informe sobre el tema en noviembre de 2009, según un comunicado de dicha oficina.
Planteó que llama la atención que los integrantes de estas organizaciones sufran el hostigamiento, debido a que se encuentran protegidos por medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Alto Comisionado recordó que el 6 de marzo Obtilia Eugenio Manuel, presidenta de OPIM, fue amenazada de muerte y el 17 del mismo mes su hermana Andrea, quien también milita en la organización, también recibió amenazas de muerte.
Además, el día 16 de marzo integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan fueron fotografiados en sus instalaciones de Tlapa de Comonfort, Guerrero, por un sujeto desconocido.
“Particularmente, preocupa a esta Oficina que estos actos estén relacionados con la defensa que han emprendido estas organizaciones por el respeto a los derechos de los pueblos indígenas del estado de Guerrero”, indicó.
Destacó que el Estado mexicano tiene la obligación de proteger a toda persona de cualquier tipo de amenaza, represalia, presión o acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de sus derechos.
Aunque reconoció que el gobierno federal ha tratado de implementar la resolución de la Corte Interamericana, “la situación de riesgo permanece en la zona y el sistema de justicia no ha dado las respuestas oportunas y eficaces que se imponen”.
Dijo que preocupa a la Oficina del Alto Comisionado “la falta de una efectiva investigación que identifique la fuente de las amenazas”, y recordó que la impunidad en este caso demerita la defensa de las garantías individuales en Guerrero, sobre todo de los indígenas.
La Crónica, 24 de marzo.
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