Coche bomba deja nueve muertos

Nueve muertos provocó ayer la explosión de un coche bomba en Buenaventura, principal puerto colombiano sobre el Pacífico, en un atentado que las autoridades piensan pudo haber realizado la guerrilla o el narcotráfico y en el contexto de la campaña electoral para los comicios presidenciales del 30 de mayo.

El nuevo balance de fallecidos —en un principio se reportaron seis muertes— fue entregado por las autoridades, quienes indicaron que tres de las 23 personas que resultaron gravemente heridas perdieron la vida en las últimas horas, entre ellas, un policía que a pesar de tener serias lesiones alcanzó a ayudar a evacuar algunos heridos.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla, responsabilizó, en un principio, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) del atentado. Sin embargo, el fiscal Diego Mendoza estimó que “también pudo haber tenido que ver con narcotráfico. Estamos evaluando.

“Esa zona ha sido influida principalmente por el narcotráfico. Por el lugar en que se colocó la bomba es para pensar que se trata de retaliaciones (represalias) contra la Policía o la Fiscalía, pero no podemos asegurar nada en concreto”, argumentó Mendoza.

Por su parte, el ministro de Defensa, Gabriel Silva, quien viajó a Buenaventura para participar en un consejo de seguridad, aseguró que se contemplaban “todas las hipótesis, que tienen que ser evaluadas por (los agentes de) inteligencia”.

El coche bomba —ubicado la noche del martes muy cerca de las sedes de la alcaldía y la Fiscalía locales—, explotó hacia las nueve y media de la mañana (hora local), causando destrozos en por lo menos dos manzanas.

El estallido afectó seriamente las sedes de la alcaldía y de la Fiscalía, abrió un agujero en la calle y rompió los cristales de los edificios aledaños, algunos de ellos residenciales y otros comerciales.

“Estamos atendiendo a los heridos y vamos a redoblar las medidas para no dar cabida a los violentos”, dijo Henry Moreno, secretario de Gobierno de Buenaventura. El atentado afectó además a una veintena de personas por esquirlas y quemaduras, pero no requirieron hospitalización, señaló Alba Villota, jefa de enfermeras del hospital departamental.

El gobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, consideró el atentado “un traspié”, al asegurar que “en los últimos dos años se habían reducido los indicadores de violencia”.

“Se avecina un proceso electoral y pretenden desestabilizar, generar miedo y zozobra”, afirmó Abadía, quien no señaló a ningún grupo en particular como responsable del atentado.

Desde hace más de un año no se registraban atentados de este tipo en Colombia. El más reciente se produjo el 12 de febrero de 2009 en el municipio de Convención, provincia de Norte de Santander —fronteriza con Venezuela—, y dejó dos muertos y 18 heridos.

El representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Christian Salazar, calificó el hecho de “una muestra de terrorismo que condenamos sea quien sea que lo haya cometido”, aunque se abstuvo de atribuir la autoría a algún grupo en específico, en una rueda de prensa en Bogotá.

En la zona del puerto de Buenaventura, de 250 mil habitantes, ubicado 550 kms al oeste de Bogotá, operan grupos guerrilleros, de narcotráfico y de delincuencia común.

Todo listo para liberar a dos rehenes

La liberación de dos de los 24 militares que están en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) comenzará este día con el viaje de la comisión de garantes a Brasil, informó ayer la senadora opositora Piedad Córdoba.

La legisladora colombiana dijo que ya quedó definida la parte técnica con el Comité de la Cruz Roja Internacional, por lo que hoy viajará la comisión a Brasil, donde se encuentran los helicópteros que recogerán a los rehenes en Colombia. Manifestó que está pendiente de definir si primero será liberado el soldado Josué Calvo o el suboficial Pablo Moncayo, operación humanitaria para la cual se dispondrá de dos aeropuertos colombianos.

Las FARC entregarán el próximo sábado a los dos uniformados para abrir espacios a un canje de militares en su poder por 500 de sus hombres presos por secuestro y terrorismo.
Milenio, 25 de marzo.

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