El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro denunció que 89 por ciento de las mujeres indígenas recluidas no contaron con un traductor y en ningún expediente consta algún documento traducido al idioma de la reclusa.
Las mujeres indígenas recluidas en las cárceles del país, indicó el Centro, son discriminadas en todo el proceso penal; entre lo que más padecen es la falta de un traductor, pese a que en la Constitución se establece que tienen derecho a ser asistidas por intérpretes y defensores con conocimientos de su lengua.
De acuerdo con las estadísticas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, hasta el 30 de diciembre de 2009 había 406 mujeres indígenas detenidas y sólo a 11 por ciento se le había proporcionado un traductor.
Otro de los derechos que no se garantiza a este sector social es el de estar en un reclusorio cercano a su localidad, para mantener contacto con sus familiares y seres queridos.
En muchos casos se les ubica lejos y las visitas familiares se les dificultan, lo que fomenta el sentimiento de abandono y crea una situación donde son más frecuentes los abusos.
La falta de visitas y de monitoreo, aunado a la ausencia de información sobre la población en los reclusorios, genera una situación oscura en la que resulta más fácil cometer abusos. A pesar de tener el derecho de ser trasladadas a un lugar cercano a su localidad, la mayoría desconoce esa prebenda jurídica.
La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas destaca que de la población indígena en reclusión, sólo 16 por ciento de los casos registra que se les proporcionó un traductor en alguna etapa del proceso. Y sólo en 4 por ciento de los casos se les permitió declarar en su idioma.
México/Eugenia Jiménez, Milenio, 16 de marzo.
Las mujeres indígenas recluidas en las cárceles del país, indicó el Centro, son discriminadas en todo el proceso penal; entre lo que más padecen es la falta de un traductor, pese a que en la Constitución se establece que tienen derecho a ser asistidas por intérpretes y defensores con conocimientos de su lengua.
De acuerdo con las estadísticas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, hasta el 30 de diciembre de 2009 había 406 mujeres indígenas detenidas y sólo a 11 por ciento se le había proporcionado un traductor.
Otro de los derechos que no se garantiza a este sector social es el de estar en un reclusorio cercano a su localidad, para mantener contacto con sus familiares y seres queridos.
En muchos casos se les ubica lejos y las visitas familiares se les dificultan, lo que fomenta el sentimiento de abandono y crea una situación donde son más frecuentes los abusos.
La falta de visitas y de monitoreo, aunado a la ausencia de información sobre la población en los reclusorios, genera una situación oscura en la que resulta más fácil cometer abusos. A pesar de tener el derecho de ser trasladadas a un lugar cercano a su localidad, la mayoría desconoce esa prebenda jurídica.
La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas destaca que de la población indígena en reclusión, sólo 16 por ciento de los casos registra que se les proporcionó un traductor en alguna etapa del proceso. Y sólo en 4 por ciento de los casos se les permitió declarar en su idioma.
México/Eugenia Jiménez, Milenio, 16 de marzo.
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