MADRID (Agencias).— Un juez español acusó ayer al gobierno venezolano de Hugo Chávez de amparar la relación entre la banda separatista vasca ETA y la guerrilla de las FARC, y dijo que ambas organizaciones también colaboraron para atentar contra el presidente colombiano Álvaro Uribe.
En un auto judicial de 26 páginas, el magistrado Eloy Velasco procesó a seis activistas de ETA, la mayoría exiliados en Cuba y Venezuela, y a siete de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por distintos delitos de integración terrorista, tenencia de explosivos y conspiración para cometer homicidios. “Obran diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y ETA”, dijo Velasco, quien culmina así una investigación iniciada en 2008.
El presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero señaló que su gobierno ha pedido explicaciones a Venezuela para aclarar esta posible connivencia con la alianza entre dos grupos que Europa cataloga como terroristas.
“En función de las manifestaciones del gobierno de Venezuela, actuará el gobierno de España”, dijo el presidente Rodríguez Zapatero en Alemania, tras entrevistarse con su homóloga Angela Merkel.
El juez dice que en 2007, dos etarras impartieron un curso sobre manejo de explosivos a varios miembros de las FARC en algún punto de Venezuela al que accedieron con escolta militar de la inteligencia venezolana. Uno de los organizadores del entrenamiento fue el presunto etarra Arturo Cubillas Fontán.
Según el juez, Cubillas Fontán reside en Venezuela, donde en 2005 fue nombrado por Chávez director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura. El magistrado español sostiene que Cubillas Fontán es desde 1999 el “responsable” de ETA en la zona, donde se encarga de coordinar las relaciones con las FARC. Su esposa es la directora general del gabinete de la Presidencia venezolana, Goizeber Odriozola.
El auto fecha en 1993 el arranque de los contactos entre las dos organizaciones, que se intensificaron a partir del 2000.
El juez aseguró que mientras los activistas etarras se entrenaban en campos de las FARC, miembros de la guerrilla colombiana se desplazaron a España para planear atentados contra Uribe, su antecesor Andrés Pastrana y otros funcionariso.
Álvaro Uribe, en declaraciones la radio RCN desde Montevideo, a donde asistió a la toma de posesión de José Mujica, dijo que tenía que reaccionar prudentemente ante las acusaciones “y mirar qué es lo que está pasando a través de los canales diplomáticos”.
El caso de la colaboración entre ETA y las FARC en España comenzó a finales de noviembre de 2008, cuando la Fiscalía presentó una querella en la Audiencia Nacional Española. La acusación se basó, en gran parte, en los correos electrónicos incautados en el computador del jefe guerrillero Raúl Reyes, muerto en marzo de 2008.
“Señalamientos infames”
En una comunicación emitida por la Cancillería, Caracas señala que los cargos emitidos por el juez español del caso son “inaceptables, de naturaleza y motivación política” contra el gobierno. Agrega que el auto de procesamiento hace referencia a un ciudadano que reside en Venezuela desde mayo de 1989, como producto de los acuerdos entonces alcanzados por Carlos Andrés Pérez y el presidente del gobierno español Felipe González.
La declaración señaló que el ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, habló con el canciller de España, Miguel Ángel Moratinos, a quien recordó el “acuerdo de 1989 producto del cual el ciudadano en cuestión reside en Venezuela a petición del Estado español”.
Asimismo, repudió los “señalamientos infames” del juez y reiteró el “profundo apego a los valores democráticos y humanistas que caracteriza al gobierno bolivariano de Venezuela”.
En tanto, Andrés Pastrana pidió una explicación a Venezuela por la denuncia española.
En un auto judicial de 26 páginas, el magistrado Eloy Velasco procesó a seis activistas de ETA, la mayoría exiliados en Cuba y Venezuela, y a siete de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por distintos delitos de integración terrorista, tenencia de explosivos y conspiración para cometer homicidios. “Obran diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y ETA”, dijo Velasco, quien culmina así una investigación iniciada en 2008.
El presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero señaló que su gobierno ha pedido explicaciones a Venezuela para aclarar esta posible connivencia con la alianza entre dos grupos que Europa cataloga como terroristas.
“En función de las manifestaciones del gobierno de Venezuela, actuará el gobierno de España”, dijo el presidente Rodríguez Zapatero en Alemania, tras entrevistarse con su homóloga Angela Merkel.
El juez dice que en 2007, dos etarras impartieron un curso sobre manejo de explosivos a varios miembros de las FARC en algún punto de Venezuela al que accedieron con escolta militar de la inteligencia venezolana. Uno de los organizadores del entrenamiento fue el presunto etarra Arturo Cubillas Fontán.
Según el juez, Cubillas Fontán reside en Venezuela, donde en 2005 fue nombrado por Chávez director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura. El magistrado español sostiene que Cubillas Fontán es desde 1999 el “responsable” de ETA en la zona, donde se encarga de coordinar las relaciones con las FARC. Su esposa es la directora general del gabinete de la Presidencia venezolana, Goizeber Odriozola.
El auto fecha en 1993 el arranque de los contactos entre las dos organizaciones, que se intensificaron a partir del 2000.
El juez aseguró que mientras los activistas etarras se entrenaban en campos de las FARC, miembros de la guerrilla colombiana se desplazaron a España para planear atentados contra Uribe, su antecesor Andrés Pastrana y otros funcionariso.
Álvaro Uribe, en declaraciones la radio RCN desde Montevideo, a donde asistió a la toma de posesión de José Mujica, dijo que tenía que reaccionar prudentemente ante las acusaciones “y mirar qué es lo que está pasando a través de los canales diplomáticos”.
El caso de la colaboración entre ETA y las FARC en España comenzó a finales de noviembre de 2008, cuando la Fiscalía presentó una querella en la Audiencia Nacional Española. La acusación se basó, en gran parte, en los correos electrónicos incautados en el computador del jefe guerrillero Raúl Reyes, muerto en marzo de 2008.
“Señalamientos infames”
En una comunicación emitida por la Cancillería, Caracas señala que los cargos emitidos por el juez español del caso son “inaceptables, de naturaleza y motivación política” contra el gobierno. Agrega que el auto de procesamiento hace referencia a un ciudadano que reside en Venezuela desde mayo de 1989, como producto de los acuerdos entonces alcanzados por Carlos Andrés Pérez y el presidente del gobierno español Felipe González.
La declaración señaló que el ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, habló con el canciller de España, Miguel Ángel Moratinos, a quien recordó el “acuerdo de 1989 producto del cual el ciudadano en cuestión reside en Venezuela a petición del Estado español”.
Asimismo, repudió los “señalamientos infames” del juez y reiteró el “profundo apego a los valores democráticos y humanistas que caracteriza al gobierno bolivariano de Venezuela”.
En tanto, Andrés Pastrana pidió una explicación a Venezuela por la denuncia española.
El Universal, 2 de marzo.
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