Un mes después de que el presidente Felipe Calderón sostuvo en Ciudad Juárez que “el Ejército no se retira” de esa frontera, integrantes de la cúpula militar, policiaca y de procuración de justicia –de los ámbitos municipal, estatal y federal– que encabezan la denominada Operación Coordinada Chihuahua se reunieron ayer en privado, con la presencia del titular de la Procuraduría General de la República, Arturo Chávez Chávez.
En el encuentro, realizado en las instalaciones de lo que se conoce como la guarnición de la quinta Zona Militar, con sede en Ciudad Juárez, las autoridades de los tres niveles de gobierno acordaron que continúe “la estrategia anticrimen”, pero con “algunas variaciones operativas y de logística”, como la suspensión de retenes y patrullajes zonales, para dar paso a “operativos sorpresivos”, según reveló un funcionario que estuvo presente en la reunión y que pidió el anonimato.
La idea de esas modificaciones “de forma” es que los grupos criminales ya no tengan información previa sobre los lugares en que de manera usual se realizan los recorridos de efectivos del Ejército y de elementos de la Policía Federal (PF) en diversos puntos de esa frontera.
Además de Chávez Chávez, en la reunión estuvieron presentes el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República, Francisco Javier Molina Ruiz; la procuradora estatal, Patricia González; el general Felipe de Jesús Espitia, comandante de la quinta Zona Militar, así como algunos mandos de la Policía Federal y de la policía municipal de Juárez, y el presidente municipal juarense, José Reyez Ferriz.
Chávez Chávez, quien fue procurador general de Justicia del estado de Chihuahua de 1994 a 1996, durante la administración del panista Francisco Barrio Terrazas, también se reunió con personal de la embajada de Estados Unidos en México, que viajó a Ciudad Juárez para supervisar los avances de las pesquisas del asesinato de la funcionaria consular Lesley Ann Enriquez, de su esposo Arthur H. Redelf y de Jorge Alberto Salcido Ceniceros, marido de otra trabajadora del consulado estadunidense en esa frontera.
En el encuentro, realizado en las instalaciones de lo que se conoce como la guarnición de la quinta Zona Militar, con sede en Ciudad Juárez, las autoridades de los tres niveles de gobierno acordaron que continúe “la estrategia anticrimen”, pero con “algunas variaciones operativas y de logística”, como la suspensión de retenes y patrullajes zonales, para dar paso a “operativos sorpresivos”, según reveló un funcionario que estuvo presente en la reunión y que pidió el anonimato.
La idea de esas modificaciones “de forma” es que los grupos criminales ya no tengan información previa sobre los lugares en que de manera usual se realizan los recorridos de efectivos del Ejército y de elementos de la Policía Federal (PF) en diversos puntos de esa frontera.
Además de Chávez Chávez, en la reunión estuvieron presentes el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República, Francisco Javier Molina Ruiz; la procuradora estatal, Patricia González; el general Felipe de Jesús Espitia, comandante de la quinta Zona Militar, así como algunos mandos de la Policía Federal y de la policía municipal de Juárez, y el presidente municipal juarense, José Reyez Ferriz.
Chávez Chávez, quien fue procurador general de Justicia del estado de Chihuahua de 1994 a 1996, durante la administración del panista Francisco Barrio Terrazas, también se reunió con personal de la embajada de Estados Unidos en México, que viajó a Ciudad Juárez para supervisar los avances de las pesquisas del asesinato de la funcionaria consular Lesley Ann Enriquez, de su esposo Arthur H. Redelf y de Jorge Alberto Salcido Ceniceros, marido de otra trabajadora del consulado estadunidense en esa frontera.
Alfredo Méndez, La Jornada, 16 de marzo.
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