La Suprema Corte de Justicia ejerció ayer una facultad que casi nunca utiliza, para hacerse cargo de la revisión del caso de las dos indígenas otomíes presas en Querétaro, por el presunto secuestro de seis agentes de la extinta AFI.
La Primera Sala de la Corte resolvió "conocer de oficio" del recurso de apelación promovido por Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, quienes el pasado 24 de febrero fueron condenadas por un juez a 21 años de cárcel, acusadas de privar de la libertad a los policías durante un operativo en marzo de 2006.
Es la primera vez en la historia reciente que la Corte ejerce esta facultad prevista en el artículo 105 de la Constitución para hacerse cargo de la apelación contra una condena penal, que es la segunda instancia del proceso y corresponde a un tribunal unitario de circuito.
Usualmente los ministros esperan que se dicte sentencia en la segunda instancia, y si la condena es confirmada y se trata de un asunto de relevancia excepcional, atraen el amparo del acusado.
En esta década, la Corte conoció de algunas apelaciones por los procesos derivados de la llamada Guerra Sucia, pero lo hizo a petición de la PGR, no de oficio, y dichos recursos fueron promovidos contra negativas de jueces para librar órdenes de aprehensión, no contra sentencias condenatorias.
"El asunto permitirá, si es el caso, que esta Primera Sala continúe perfeccionando sus criterios relacionados con asuntos que involucren la prohibición a la discriminación, los derechos de la mujer y los derechos de los pueblos indígenas", explicó la Corte.
De hecho, el caso de las indígenas ni siquiera estaba en la lista oficial de la sesión de la Sala, sino que fue introducido de última hora, aprobado por unanimidad, y turnado a la ministra Olga Sánchez Cordero para que elabore el proyecto de sentencia.
González y Alcántara han sido designadas "presas de conciencia" por organizaciones como Amnistía Internacional.
El pasado domingo, el Gobierno de Querétaro reveló que el Gobernador José Calzada Rovirosa solicitó al presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, que esa instancia realizara los estudios jurídicos pertinentes para el esclarecimiento del caso.
E martes, el Senado acordó la creación de un comisión especial que investigue el cumplimiento dado por la PGR a a la recomendación emitida sobre el caso por la CNDH.
La Primera Sala de la Corte resolvió "conocer de oficio" del recurso de apelación promovido por Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, quienes el pasado 24 de febrero fueron condenadas por un juez a 21 años de cárcel, acusadas de privar de la libertad a los policías durante un operativo en marzo de 2006.
Es la primera vez en la historia reciente que la Corte ejerce esta facultad prevista en el artículo 105 de la Constitución para hacerse cargo de la apelación contra una condena penal, que es la segunda instancia del proceso y corresponde a un tribunal unitario de circuito.
Usualmente los ministros esperan que se dicte sentencia en la segunda instancia, y si la condena es confirmada y se trata de un asunto de relevancia excepcional, atraen el amparo del acusado.
En esta década, la Corte conoció de algunas apelaciones por los procesos derivados de la llamada Guerra Sucia, pero lo hizo a petición de la PGR, no de oficio, y dichos recursos fueron promovidos contra negativas de jueces para librar órdenes de aprehensión, no contra sentencias condenatorias.
"El asunto permitirá, si es el caso, que esta Primera Sala continúe perfeccionando sus criterios relacionados con asuntos que involucren la prohibición a la discriminación, los derechos de la mujer y los derechos de los pueblos indígenas", explicó la Corte.
De hecho, el caso de las indígenas ni siquiera estaba en la lista oficial de la sesión de la Sala, sino que fue introducido de última hora, aprobado por unanimidad, y turnado a la ministra Olga Sánchez Cordero para que elabore el proyecto de sentencia.
González y Alcántara han sido designadas "presas de conciencia" por organizaciones como Amnistía Internacional.
El pasado domingo, el Gobierno de Querétaro reveló que el Gobernador José Calzada Rovirosa solicitó al presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, que esa instancia realizara los estudios jurídicos pertinentes para el esclarecimiento del caso.
E martes, el Senado acordó la creación de un comisión especial que investigue el cumplimiento dado por la PGR a a la recomendación emitida sobre el caso por la CNDH.
Víctor Fuentes, Reforma, 18 de marzo.
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