La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo un recurso de apelación que promovieron las indígenas Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan contra la sentencia que se les dictó de 21 años de prisión, luego de que un juez federal las encontró responsables de secuestrar a miembros de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en 2006, en el estado de Querétaro.
En un hecho inusual, la Corte revisará una sentencia que todavía no es definitiva, pues la resolución apenas era atendida por un tribunal federal.
Sin embargo, a petición del equipo de abogados, el ministro Juan N. Silva Meza propuso atraer el asunto, pues en este caso es necesario estudiar asuntos que involucran la prohibición a la discrimina-
ción, los derechos de la mujer y los de los pueblos indígenas, de ahí su interés y trascendencia.
La madrugada del 16 de septiembre de 2009, Jacinta Francisco Marcial abandonó el Centro de Readaptación Social Femenil de San José El Alto, Querétaro, luego de que el juez cuarto de distrito ordenó su liberación, ya que la PGR presentó pruebas no acusatorias contra la mencionada persona en el citado caso.
A decir de su yerno, Salomón Jiménez, los daños causados a Jacinto eran “irreversibles”.
“Entendemos que, pues sí, se hizo justicia (…), lo importante es que ella esté afuera, lo demás, son daños irrecuperables”, señaló.
En tanto que el hijo de la indígena, Sergio Chávez, expresó:
“No se describe tener a mi mamá de nuevo en casa; ; lo que sucedió quedó en el pasado (…); ahorita lo importante es que ya salió; si mi mamá decide si se le reparan los daños, pues eso ya lo decidirá”, manifestó.
Mientras tanto, en una entrevista que concedió a un medio electrónico local, la delegada de la PGR, Norma Patricia Valdés, aseguró que no fue implícitamente por ser inocente el que se haya dado la liberación, sino porque se fueron “diluyendo” las pruebas testimoniales, debido a que de los dos elementos que fueron secuestrados en el operativo, uno falleció y otro no vive en la entidad, por lo que ya no pudo comprobarse la “culpabilidad total” , indicó
- Claves
Recluidas
• En marzo de 2006, mientras elementos de la AFI realizaban un operativo para el decomiso de productos piratas, fueron detenidas Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, al igual que Jacinta Francisco Marcial.
• Jacinta Francisco Marcial fue liberada en septiembre de 2009 tras no haberse encontrado cargos en su contra sobre el delito de secuestro de seis elemen-
tos de la extinta AFI.
• Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan se encuentran recluidas en el penal de Querétaro, donde cumplen una sentencia de 21 años.
Revisarán nuevo amparo de atequenses
••• Un nuevo amparo promovido por Ignacio del Valle Medina, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), en San Salvador Atenco, Estado de México, fue atraído por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los ministros consideraron que éste y otros juicios de garantía representan casos de relevancia y trascendencia jurídica nacional y deben ser revisados.
El quejoso y otros dirigentes buscan recuperar su libertad, tras ser sentenciados a 67 años y seis meses de prisión por detener y agredir a funcionarios estatales el 3 y 4 mayo de 2006.
De acuerdo con las autoridades, los delitos se cometieron cuando los integrantes del frente privaron de su libertad a diversos funcionarios públicos del Estado de México, con el propósito de obligar al Ejecutivo local a que liberara a uno de sus miembros y reanudaran las mesas de diálogo.
José de Jesús Gudiño Pelayo, ministro que preside la primera sala, indicó que en sesión privada se acordó atraer de oficio la demanda de garantías interpuesta por Ignacio del Valle. (México • Rubén Mosso)
México • Rubén Mosso, Milenio, 18 de marzo.
En un hecho inusual, la Corte revisará una sentencia que todavía no es definitiva, pues la resolución apenas era atendida por un tribunal federal.
Sin embargo, a petición del equipo de abogados, el ministro Juan N. Silva Meza propuso atraer el asunto, pues en este caso es necesario estudiar asuntos que involucran la prohibición a la discrimina-
ción, los derechos de la mujer y los de los pueblos indígenas, de ahí su interés y trascendencia.
La madrugada del 16 de septiembre de 2009, Jacinta Francisco Marcial abandonó el Centro de Readaptación Social Femenil de San José El Alto, Querétaro, luego de que el juez cuarto de distrito ordenó su liberación, ya que la PGR presentó pruebas no acusatorias contra la mencionada persona en el citado caso.
A decir de su yerno, Salomón Jiménez, los daños causados a Jacinto eran “irreversibles”.
“Entendemos que, pues sí, se hizo justicia (…), lo importante es que ella esté afuera, lo demás, son daños irrecuperables”, señaló.
En tanto que el hijo de la indígena, Sergio Chávez, expresó:
“No se describe tener a mi mamá de nuevo en casa; ; lo que sucedió quedó en el pasado (…); ahorita lo importante es que ya salió; si mi mamá decide si se le reparan los daños, pues eso ya lo decidirá”, manifestó.
Mientras tanto, en una entrevista que concedió a un medio electrónico local, la delegada de la PGR, Norma Patricia Valdés, aseguró que no fue implícitamente por ser inocente el que se haya dado la liberación, sino porque se fueron “diluyendo” las pruebas testimoniales, debido a que de los dos elementos que fueron secuestrados en el operativo, uno falleció y otro no vive en la entidad, por lo que ya no pudo comprobarse la “culpabilidad total” , indicó
- Claves
Recluidas
• En marzo de 2006, mientras elementos de la AFI realizaban un operativo para el decomiso de productos piratas, fueron detenidas Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, al igual que Jacinta Francisco Marcial.
• Jacinta Francisco Marcial fue liberada en septiembre de 2009 tras no haberse encontrado cargos en su contra sobre el delito de secuestro de seis elemen-
tos de la extinta AFI.
• Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan se encuentran recluidas en el penal de Querétaro, donde cumplen una sentencia de 21 años.
Revisarán nuevo amparo de atequenses
••• Un nuevo amparo promovido por Ignacio del Valle Medina, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), en San Salvador Atenco, Estado de México, fue atraído por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los ministros consideraron que éste y otros juicios de garantía representan casos de relevancia y trascendencia jurídica nacional y deben ser revisados.
El quejoso y otros dirigentes buscan recuperar su libertad, tras ser sentenciados a 67 años y seis meses de prisión por detener y agredir a funcionarios estatales el 3 y 4 mayo de 2006.
De acuerdo con las autoridades, los delitos se cometieron cuando los integrantes del frente privaron de su libertad a diversos funcionarios públicos del Estado de México, con el propósito de obligar al Ejecutivo local a que liberara a uno de sus miembros y reanudaran las mesas de diálogo.
José de Jesús Gudiño Pelayo, ministro que preside la primera sala, indicó que en sesión privada se acordó atraer de oficio la demanda de garantías interpuesta por Ignacio del Valle. (México • Rubén Mosso)
México • Rubén Mosso, Milenio, 18 de marzo.
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