El Ombudsman nacional, Raúl Plascencia, difirió del Presidente Felipe Calderón en considerar al crimen organizado la "mayor amenaza" para los derechos humanos.
"Sin duda que el crimen organizado comete delitos y resulta un gran flagelo para la sociedad, pero es mucho más lamentable cuando operan con altos niveles de impunidad.
"Debe abonarse por eso un trabajo sólido por parte de las instituciones públicas para que no permitan que se sigan llevando a cabo esos delitos", afirmó.
Durante la presentación del Informe de Actividades 2009 en la Residencia Oficial de Los Pinos, Calderón enfatizó que la mayoría de las violaciones a los derechos humanos son cometidas por los criminales.
"La mayor amenaza en México a los derechos humanos es el crimen organizado.
"Los criminales, al comenzar a asumirse poco a poco como dueños de plazas, dueños de barrios, dueños de pueblos, dueños de ciudades, los llevó también a actuar casi suplantando las funciones de la autoridad, a actuar con dominio que sólo debe competir al Estado.
"Y al actuar con ese dominio, también actuaron a hostigar la vida ordinaria de los ciudadanos y a convertirse en serios violadores de los derechos humanos", señaló el Mandatario.
Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional, los derechos humanos implican obligaciones a cargo del Estado, por lo tanto, es el Estado el responsable de respetarlos, garantizarlos o satisfacerlos, así como de su incumplimiento o violación.
El Presidente Calderón aclaró que su Gobierno lucha contra la inseguridad y el crimen organizado, con toda la fuerza del Estado y en absoluto respeto a los derechos humanos.
"Como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, es mi deber y es mi convicción, también, garantizar que en esta lucha por la legalidad, en esta lucha por el orden, en esta lucha por la seguridad, se respeten escrupulosamente los derechos fundamentales de los mexicanos", afirmó.
Por otra parte, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia consideró que la pena de muerte a secuestradores no es la solución para acabar con este flagelo, tal como lo propuso la activista Isabel Miranda de Wallace.
"Son parte de las medidas desesperadas, atendiendo a la impunidad que existe. Cuando observamos que hay solamente una eficiencia del dos por ciento en la investigación de los delitos, si duda que la sociedad empieza a reclamar y a aportar medidas desesperadas.
"Más bien estaría con la idea de que se logre una mayor eficiencia por parte de las autoridades y que se detenga a un mayor número de responsables de los delitos", afirmó.
Esta semana, la representante de Alto al Secuestro se pronunció por la pena de muerte a los secuestradores que maten a sus víctimas.
"No nos podemos tentar el corazón", advirtió Wallace.
La activista apoyó a Plascencia en su candidatura a ocupar la presidencia de la CNDH y lo ha acompañado en distintos momentos para impulsar el Programa de Atención a Víctimas del Secuestro, recién creado.
"Sin duda que el crimen organizado comete delitos y resulta un gran flagelo para la sociedad, pero es mucho más lamentable cuando operan con altos niveles de impunidad.
"Debe abonarse por eso un trabajo sólido por parte de las instituciones públicas para que no permitan que se sigan llevando a cabo esos delitos", afirmó.
Durante la presentación del Informe de Actividades 2009 en la Residencia Oficial de Los Pinos, Calderón enfatizó que la mayoría de las violaciones a los derechos humanos son cometidas por los criminales.
"La mayor amenaza en México a los derechos humanos es el crimen organizado.
"Los criminales, al comenzar a asumirse poco a poco como dueños de plazas, dueños de barrios, dueños de pueblos, dueños de ciudades, los llevó también a actuar casi suplantando las funciones de la autoridad, a actuar con dominio que sólo debe competir al Estado.
"Y al actuar con ese dominio, también actuaron a hostigar la vida ordinaria de los ciudadanos y a convertirse en serios violadores de los derechos humanos", señaló el Mandatario.
Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional, los derechos humanos implican obligaciones a cargo del Estado, por lo tanto, es el Estado el responsable de respetarlos, garantizarlos o satisfacerlos, así como de su incumplimiento o violación.
El Presidente Calderón aclaró que su Gobierno lucha contra la inseguridad y el crimen organizado, con toda la fuerza del Estado y en absoluto respeto a los derechos humanos.
"Como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, es mi deber y es mi convicción, también, garantizar que en esta lucha por la legalidad, en esta lucha por el orden, en esta lucha por la seguridad, se respeten escrupulosamente los derechos fundamentales de los mexicanos", afirmó.
Por otra parte, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia consideró que la pena de muerte a secuestradores no es la solución para acabar con este flagelo, tal como lo propuso la activista Isabel Miranda de Wallace.
"Son parte de las medidas desesperadas, atendiendo a la impunidad que existe. Cuando observamos que hay solamente una eficiencia del dos por ciento en la investigación de los delitos, si duda que la sociedad empieza a reclamar y a aportar medidas desesperadas.
"Más bien estaría con la idea de que se logre una mayor eficiencia por parte de las autoridades y que se detenga a un mayor número de responsables de los delitos", afirmó.
Esta semana, la representante de Alto al Secuestro se pronunció por la pena de muerte a los secuestradores que maten a sus víctimas.
"No nos podemos tentar el corazón", advirtió Wallace.
La activista apoyó a Plascencia en su candidatura a ocupar la presidencia de la CNDH y lo ha acompañado en distintos momentos para impulsar el Programa de Atención a Víctimas del Secuestro, recién creado.
Silvia Garduño, Reforma, 6 de marzo.
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