La reforma constitucional en materia de derechos humanos no se puede hacer a espaldas de la ciudadanía y del movimiento pro defensa de esas garantías, aseveraron activistas. Criticaron que este miércoles no se haya discutido en el Senado las reformas ya que el panista Alejandro Zapata Perogordo, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, decidió no incluirla en el orden del día.
Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, aseveró que la actitud del panista contrasta “con las maniobras fast track con las que el Congreso aprueba ‘de manera urgente’ otros temas”.
Agregó que la reforma que se pretende discutir en este recinto legislativo no incluye elementos que hagan justiciables y exigibles los derechos humanos, y “aun así rechazan debatirla”.
En contraparte, advirtió, los legisladores configuran varias reformas al sistema de seguridad nacional que “cerrarán la pinza a las violaciones a las garantías fundamentales”.
Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, señaló que la propuesta constitucional sobre derechos humanos que se discutirá el próximo 6 de abril en el Senado no es del todo satisfactoria, puesto que no da rango constitucional a los tratados y normas internacionales firmados por el Estado mexicano.
Otro de los temas que no incluyen las pretendidas modificaciones –señaló– es la garantía de debido proceso para los extranjeros.
Cortez lamentó que la clase política mantenga al margen de una reforma constitucional tan importante a los especialistas en la materia y a las organizaciones defensoras de los derechos básicos, quienes “deben ser actores fundamentales”.
Exhortó a los legisladores a no aprobar una ley “aparente y superficial”, sino que una normativa que realmente garantice, reconozca y aplique los derechos humanos para toda la sociedad.
Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, aseveró que la actitud del panista contrasta “con las maniobras fast track con las que el Congreso aprueba ‘de manera urgente’ otros temas”.
Agregó que la reforma que se pretende discutir en este recinto legislativo no incluye elementos que hagan justiciables y exigibles los derechos humanos, y “aun así rechazan debatirla”.
En contraparte, advirtió, los legisladores configuran varias reformas al sistema de seguridad nacional que “cerrarán la pinza a las violaciones a las garantías fundamentales”.
Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, señaló que la propuesta constitucional sobre derechos humanos que se discutirá el próximo 6 de abril en el Senado no es del todo satisfactoria, puesto que no da rango constitucional a los tratados y normas internacionales firmados por el Estado mexicano.
Otro de los temas que no incluyen las pretendidas modificaciones –señaló– es la garantía de debido proceso para los extranjeros.
Cortez lamentó que la clase política mantenga al margen de una reforma constitucional tan importante a los especialistas en la materia y a las organizaciones defensoras de los derechos básicos, quienes “deben ser actores fundamentales”.
Exhortó a los legisladores a no aprobar una ley “aparente y superficial”, sino que una normativa que realmente garantice, reconozca y aplique los derechos humanos para toda la sociedad.
Emir Olivares Alonso, La Jornada, 26 de marzo.
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