CARACAS.- Policías venezolanos detuvieron ayer, durante varias horas, al presidente del canal privado de noticias Globovisión, Guillermo Zuloaga, por realizar declaraciones "ofensivas e irrespetuosas" contra el Presidente Hugo Chávez, lo que generó críticas dentro y fuera del país.
El accionista mayoritario de Globovisión -canal crítico del Gobierno-, a quien le prohibieron salir del país, dijo el domingo, durante la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa, que Chávez usa la fuerza para cerrar medios y trata de dividir a los ciudadanos, además de que lo responsabilizó de los actos sangrientos que se produjeron en Venezuela durante el golpe de Estado de abril de 2002.
El martes, diputados del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela solicitaron a la Fiscalía que procesara a Zuloaga por haber vilipendiado a Chávez en el foro internacional, mientras que el Parlamento extendió una "invitación" al Ministerio Público para que iniciara una averiguación penal en su contra.
"Se está cometiendo un delito no sólo acusando al Presidente, sino que esa acusación cae en contra de nuestras instituciones, nuestro pueblo, nuestra República", declaró Cilia Flores, presidenta de la Asamblea, quien aseguró que el proceso contra el empresario está apegado a derecho.
La detención se produjo en el aeropuerto internacional del estado de Falcón, cuando Zuloaga hacía los trámites de aduana para volar a la isla de Bonaire, adonde iría a vacacionar. Ahí, la Policía le informó que la Fiscalía General había emitido una orden de aprehensión en su contra y que sería trasladado a los tribunales.
En la noche, luego de una audiencia en el Palacio de Justicia, Zuloaga, quien también está siendo investigado por especulación y acaparamiento de vehículos, recobró su libertad, pero le fue prohibido viajar al extranjero. El empresario será sometido a un juicio por el presunto delito de vilipendio contra el Presidente, que conlleva penas de entre tres meses y cinco años de prisión.
El lunes, otro crítico del Gobierno chavista fue aprehendido por cargos de difamación.
Oswaldo Álvarez Paz, quien sigue detenido, es acusado de conspiración, traición a la patria y divulgación de información falsa, por insinuar, durante un programa de opinión transmitido por Globovisión, que Chávez podría tener vínculos con el grupo separatista vasco ETA y con la guerrilla colombiana de las FARC.
Al respecto, Estados Unidos externó su preocupación.
"Estamos seriamente preocupados por el arresto de Oswaldo Álvarez Paz, por sencillamente expresar sus puntos de vista en un programa de televisión", dijo el vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, quien urgió a Venezuela a respetar la libertad de expresión.
Ayer también, en un incidente separado, el diputado disidente Wilmer Azuaje, quien en 2008 abandonó las filas oficialistas y se convirtió en un duro crítico del chavismo, fue arrestado acusado de comportamiento indebido ante las autoridades.
Sobre las detenciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que el Gobierno de Venezuela use el poder del Estado para perseguir a adversarios políticos y que el Poder Judicial carezca de independencia y autonomía.
José Miguel Insulza, jefe de la Organización de Estados Americano, dijo que le preocupan las repercusiones políticas, mientras que Human Rights Watch indicó que Venezuela entra en un "periodo más oscuro".
Caracas calificó de injerencia el comentario de Toner, en tanto, Chávez aplaudió las decisiones judiciales y aseguró que la impunidad está llegando a su fin.
El accionista mayoritario de Globovisión -canal crítico del Gobierno-, a quien le prohibieron salir del país, dijo el domingo, durante la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa, que Chávez usa la fuerza para cerrar medios y trata de dividir a los ciudadanos, además de que lo responsabilizó de los actos sangrientos que se produjeron en Venezuela durante el golpe de Estado de abril de 2002.
El martes, diputados del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela solicitaron a la Fiscalía que procesara a Zuloaga por haber vilipendiado a Chávez en el foro internacional, mientras que el Parlamento extendió una "invitación" al Ministerio Público para que iniciara una averiguación penal en su contra.
"Se está cometiendo un delito no sólo acusando al Presidente, sino que esa acusación cae en contra de nuestras instituciones, nuestro pueblo, nuestra República", declaró Cilia Flores, presidenta de la Asamblea, quien aseguró que el proceso contra el empresario está apegado a derecho.
La detención se produjo en el aeropuerto internacional del estado de Falcón, cuando Zuloaga hacía los trámites de aduana para volar a la isla de Bonaire, adonde iría a vacacionar. Ahí, la Policía le informó que la Fiscalía General había emitido una orden de aprehensión en su contra y que sería trasladado a los tribunales.
En la noche, luego de una audiencia en el Palacio de Justicia, Zuloaga, quien también está siendo investigado por especulación y acaparamiento de vehículos, recobró su libertad, pero le fue prohibido viajar al extranjero. El empresario será sometido a un juicio por el presunto delito de vilipendio contra el Presidente, que conlleva penas de entre tres meses y cinco años de prisión.
El lunes, otro crítico del Gobierno chavista fue aprehendido por cargos de difamación.
Oswaldo Álvarez Paz, quien sigue detenido, es acusado de conspiración, traición a la patria y divulgación de información falsa, por insinuar, durante un programa de opinión transmitido por Globovisión, que Chávez podría tener vínculos con el grupo separatista vasco ETA y con la guerrilla colombiana de las FARC.
Al respecto, Estados Unidos externó su preocupación.
"Estamos seriamente preocupados por el arresto de Oswaldo Álvarez Paz, por sencillamente expresar sus puntos de vista en un programa de televisión", dijo el vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, quien urgió a Venezuela a respetar la libertad de expresión.
Ayer también, en un incidente separado, el diputado disidente Wilmer Azuaje, quien en 2008 abandonó las filas oficialistas y se convirtió en un duro crítico del chavismo, fue arrestado acusado de comportamiento indebido ante las autoridades.
Sobre las detenciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que el Gobierno de Venezuela use el poder del Estado para perseguir a adversarios políticos y que el Poder Judicial carezca de independencia y autonomía.
José Miguel Insulza, jefe de la Organización de Estados Americano, dijo que le preocupan las repercusiones políticas, mientras que Human Rights Watch indicó que Venezuela entra en un "periodo más oscuro".
Caracas calificó de injerencia el comentario de Toner, en tanto, Chávez aplaudió las decisiones judiciales y aseguró que la impunidad está llegando a su fin.
Reforma, 26 de marzo.
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