La Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó revisar el amparo que promovió el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en el que impugna el decreto presidencial del 11 de octubre de 2009, que extinguió a Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Por unanimidad, los ministros de la Segunda Sala determinaron conocer el recurso de revisión que interpusieron los electricistas contra la sentencia que dictó en diciembre pasado la juez primero de distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Guillermina Coutiño Mata, quien negó la protección de la justicia a los quejosos y, por ende, avaló el decreto.
Los ministros indicaron que el hecho de que en la demanda de amparo se haya controvertido la constitucionalidad del artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y que en la sentencia recurrida se haya pronunciado al respecto, asimismo que en el recurso de revisión subsista ese problema de inconstitucionalidad, implica que el asunto no es de la competencia originaria de los tribunales colegiados de circuito, sino de la SCJN.
El procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, ya había solicitado al máximo tribunal de justicia ejercer su facultad de atracción para conocer del juicio que se encontraba en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo.
Sin embargo, los ministros
coincidieron en que no era necesario ejercer esa facultad, pues el amparo promovido por el SME sí les toca conocerlo por las características especiales del asunto y por la importancia y trascendencia de los temas que en él se tratan.
Mencionaron que la resolución que adopten sobre la constitucionalidad de los preceptos reclamados será trascendente, debido a que el criterio que se tome servirá en la solución de casos futuros.
El pasado 21 de enero, la Suprema Corte recibió a trámite la solicitud de la defensa legal del SME, en la que se pide al alto tribunal ejercer su facultad de atracción para resolver de forma definitiva el amparo que promovieron.
La petición fue recibida este jueves y fue entregada por los abogados José Antonio Zarza y Eduardo Bobadilla.
La demanda de garantías interpuesta por el mencionado gremio se encontraba con la titular del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, Idalia Peña Cristo.
En diciembre pasado, la juez primero de distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región manifestó en su sentencia que el decreto presidencial no vulneró las atribuciones del Poder Legislativo federal ni afectó los derechos de los ex trabajadores.
Días antes, la Corte ya había desechado de manera definitiva las dos controversias constitucionales que promovieron la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y el ayuntamiento de Tetepango, Hidalgo, por considerarlas notoriamente improcedentes.
Con ello se cerró la posibilidad que el alto tribunal analizara dicho asunto, pues el tiempo para impugnar el decreto concluyó el 25 de noviembre de 2009, ya que la ley da un lapso de 30 días hábiles para presentar una controversia contra un decreto presidencial, y en este caso, éste fue publicado el pasado 11 de octubre.
Segob: el gobierno respeta la decisión
••• La Secretaría de Gobernación afirmó que el Ejecutivo federal sostendrá la legalidad y pertinencia del decreto por el que extinguió Luz y Fuerza del Centro, y se mantendrá respetuoso de las resoluciones del Poder Judicial.
Luego de que la Suprema Corte de Justicia determinó ayer revisar el juicio de amparo promovido por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra el decreto, la dependencia que encabeza Fernando Gómez Mont informó que dicho recurso es parte del procedimiento jurídico, el cual deberá resolverse en los términos señalados por la ley.
En un comunicado, la Segob apuntó que el gobierno federal “se mantendrá respetuoso de las resoluciones del Poder Judicial, que es el encargado de valorar la constitucionalidad de los actos de la autoridad”. En el texto de seis párrafos, recordó que a partir de la publicación de decreto de extinción, los representantes del SME declararon que harían uso de las instancias legales para hacer valer sus posiciones.
Por otra parte, la reunión que se tenía prevista entre dirigentes del SME y el subsecretario de Gobierno de la dependencia, Roberto Gil , se pospuso para la una de la tarde del día de hoy, debido a una diferencia en las agendas del funcionario y el dirigente Martín Esparza.
Es la segunda ocasión que dicho encuentro se posterga, pues inicialmente se tenía programado para el martes 23 de marzo, se fijó para ayer, miércoles, y nuevamente se trasladó para la tarde de hoy.
(México • Susana Hernández y Mariana Otero)
Claves
260 averiguaciones
• A cinco meses de la extinción de LFC y de que las instalaciones de la empresa pasaron bajo el control de la Comisión Federal de Electricidad, la PGR ha iniciado 260 averiguaciones previas por diversos ilícitos.
• De éstas, dos son contra el líder del SME, Martín Esparza Flores, a quien se investiga por su probable responsabilidad en los delitos de falsificación de firma y falsedad de declaraciones.
• Otros ilícitos por los que se han iniciado las indagatorias son robo, daño a propiedad, sabotaje, lesiones y tentativa de homicidio, aunque en algunos casos los impartidores de justicia han ordenado al MP reclasificar los delitos.
México • Rubén Mosso, Milenio, 25 de marzo.
Por unanimidad, los ministros de la Segunda Sala determinaron conocer el recurso de revisión que interpusieron los electricistas contra la sentencia que dictó en diciembre pasado la juez primero de distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Guillermina Coutiño Mata, quien negó la protección de la justicia a los quejosos y, por ende, avaló el decreto.
Los ministros indicaron que el hecho de que en la demanda de amparo se haya controvertido la constitucionalidad del artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y que en la sentencia recurrida se haya pronunciado al respecto, asimismo que en el recurso de revisión subsista ese problema de inconstitucionalidad, implica que el asunto no es de la competencia originaria de los tribunales colegiados de circuito, sino de la SCJN.
El procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, ya había solicitado al máximo tribunal de justicia ejercer su facultad de atracción para conocer del juicio que se encontraba en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo.
Sin embargo, los ministros
coincidieron en que no era necesario ejercer esa facultad, pues el amparo promovido por el SME sí les toca conocerlo por las características especiales del asunto y por la importancia y trascendencia de los temas que en él se tratan.
Mencionaron que la resolución que adopten sobre la constitucionalidad de los preceptos reclamados será trascendente, debido a que el criterio que se tome servirá en la solución de casos futuros.
El pasado 21 de enero, la Suprema Corte recibió a trámite la solicitud de la defensa legal del SME, en la que se pide al alto tribunal ejercer su facultad de atracción para resolver de forma definitiva el amparo que promovieron.
La petición fue recibida este jueves y fue entregada por los abogados José Antonio Zarza y Eduardo Bobadilla.
La demanda de garantías interpuesta por el mencionado gremio se encontraba con la titular del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, Idalia Peña Cristo.
En diciembre pasado, la juez primero de distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región manifestó en su sentencia que el decreto presidencial no vulneró las atribuciones del Poder Legislativo federal ni afectó los derechos de los ex trabajadores.
Días antes, la Corte ya había desechado de manera definitiva las dos controversias constitucionales que promovieron la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y el ayuntamiento de Tetepango, Hidalgo, por considerarlas notoriamente improcedentes.
Con ello se cerró la posibilidad que el alto tribunal analizara dicho asunto, pues el tiempo para impugnar el decreto concluyó el 25 de noviembre de 2009, ya que la ley da un lapso de 30 días hábiles para presentar una controversia contra un decreto presidencial, y en este caso, éste fue publicado el pasado 11 de octubre.
Segob: el gobierno respeta la decisión
••• La Secretaría de Gobernación afirmó que el Ejecutivo federal sostendrá la legalidad y pertinencia del decreto por el que extinguió Luz y Fuerza del Centro, y se mantendrá respetuoso de las resoluciones del Poder Judicial.
Luego de que la Suprema Corte de Justicia determinó ayer revisar el juicio de amparo promovido por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra el decreto, la dependencia que encabeza Fernando Gómez Mont informó que dicho recurso es parte del procedimiento jurídico, el cual deberá resolverse en los términos señalados por la ley.
En un comunicado, la Segob apuntó que el gobierno federal “se mantendrá respetuoso de las resoluciones del Poder Judicial, que es el encargado de valorar la constitucionalidad de los actos de la autoridad”. En el texto de seis párrafos, recordó que a partir de la publicación de decreto de extinción, los representantes del SME declararon que harían uso de las instancias legales para hacer valer sus posiciones.
Por otra parte, la reunión que se tenía prevista entre dirigentes del SME y el subsecretario de Gobierno de la dependencia, Roberto Gil , se pospuso para la una de la tarde del día de hoy, debido a una diferencia en las agendas del funcionario y el dirigente Martín Esparza.
Es la segunda ocasión que dicho encuentro se posterga, pues inicialmente se tenía programado para el martes 23 de marzo, se fijó para ayer, miércoles, y nuevamente se trasladó para la tarde de hoy.
(México • Susana Hernández y Mariana Otero)
Claves
260 averiguaciones
• A cinco meses de la extinción de LFC y de que las instalaciones de la empresa pasaron bajo el control de la Comisión Federal de Electricidad, la PGR ha iniciado 260 averiguaciones previas por diversos ilícitos.
• De éstas, dos son contra el líder del SME, Martín Esparza Flores, a quien se investiga por su probable responsabilidad en los delitos de falsificación de firma y falsedad de declaraciones.
• Otros ilícitos por los que se han iniciado las indagatorias son robo, daño a propiedad, sabotaje, lesiones y tentativa de homicidio, aunque en algunos casos los impartidores de justicia han ordenado al MP reclasificar los delitos.
México • Rubén Mosso, Milenio, 25 de marzo.
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